El listado de muertos olvidados en Málaga y abocados a una fosa común sigue creciendo. A mediados del año pasado la empresa Parque Cementerio de Málaga (Parcemasa) comunicaba la existencia de casi 1.700 fallecidos sobre los que pesaba la advertencia de ser exhumados para ser trasladados al osario general. 

En todos los casos, el motivo era el mismo: los familiares o allegados no habían renovado en tiempo y forma las concesiones administrativas que pesan sobre las unidades de enterramiento en las que se encuentran estos restos. La actuación de la entidad pública, dependiente del Ayuntamiento de Málaga, afectaba a restos sepultados desde 2012 en adelante y a concesiones vencidas en 2017, 2018, 2019 y 2020.

Pero a este importante número de nombres hay que sumar ahora otros 330. Son los que se corresponden con los fallecidos que, como sus otros vecinos de cementerio, tampoco tienen, por lo que parece, nadie que se haga cargo de la de renovar las concesiones. 

El gerente de Parcemasa, Federico Souvirón, confirma todos los detalles publicados en el Tablón de Edictos del Consistorio y que ha sido consultado por EL ESPAÑOL de Málaga. En sus explicaciones, subraya el proceso garantista que ejerce la empresa en un asunto tan delicado como este.

Porque, como precisa, el ultimátum que se lanza antes de proceder a la exhumación y traslado de los restos no se hace de un día para otro. Son varios los intentos por contactar con familiares, deudos y responsables con el objetivo de que cumplan con las obligaciones que tienen asignadas para el mantenimiento de las concesiones que en su día les fueron otorgadas.

"Dada la especialidad de nuestra actividad somos extremadamente cuidadosos y nos tomamos todo el tiempo del mundo en la comunicación", afirma. Es por ello por lo que lo primero que hacen los trabajadores municipales es escribir una carta certificada a los familiares o responsables que se vinculan a las concesiones. Cuando la misma no es contestada, de acuerdo con los datos de contacto de los que se dispone y siempre que es posible, se realiza una llamada telefónica. 

En el supuesto de que este mecanismo tampoco surta efecto, el siguiente paso es el de publicar el listado de nombres afectados en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en los boletines oficiales. "Si pese a todas estas cautelas tampoco dan señales los responsables de esas unidades de enterramiento, no tenemos más remedio que desalojarlas", confirma.

Incluso, llegado a ese punto, el propio Souvirón admite que el proceso se hace con cierta parsimonia, con la esperanza de que a última hora pueda aparecer alguien reclamando la renovación de la concesión. "Nos tomamos todo el tiempo del mundo, por si acaso", dice. 

Muestra de ello es que del listado de casi 1.700 fallecidos publicado a mediados del año pasado, es justo ahora cuando se está realizando el desalojo de los 540 cuerpos cuya concesión venció en 2017. A estos les seguirán en el tiempo los 375 de 2018, los casi 400 de 2019 y los 381 de 2020. La espera para los 330 de 2021 se antoja larga.

¿Qué ocurre con los restos que tienen que ser desalojados de sus enterramientos? Todos ellos van a parar al osario general de Parcemasa, donde se vienen depositando restos desde hace 35 años. Con el objetivo de "dignificar" las condiciones de este espacio, la empresa municipal trabaja desde hace tiempo en un proyecto de regeneración del espacio.