A finales del año pasado, el Gobierno central puso en marcha la contratación de los trabajos de demolición del antiguo cuartel de Capuchinos, en Málaga capital. Siete meses después, el derribo del edificio queda en suspenso. Y sin garantía de lo que pueda suceder con el mismo.

La paralización de los movimientos por parte del Ministerio del Interior es consecuencia del conflicto que en este asunto mantiene el organismo estatal con el Ayuntamiento de la capital, que desde el minuto uno se ha opuesto a la eliminación del complejo. Con el objetivo de salvaguardar el inmueble llegó a poner en marcha un expediente de protección de parte de la histórica construcción que sigue su trámite.

Fuentes de la Administración estatal confirman lo evidente. "Que se ha paralizado el derribo es obvio desde el momento en el que se pide la licencia para demoler e iniciar un proyecto de dependencias policiales y el Ayuntamiento decide que hay que proteger algo que no ha sido objeto de la más mínima protección arquitectónica municipal desde el inicio de los tiempos", recalcan fuentes del Gobierno central consultadas.

Respecto a lo que pueda suceder de aquí en adelante, las fuentes aseguran que se está a la espera de que el Consistorio se pronuncie sobre el modelo de protección que quiere darle, algo que, por el momento, no ha hecho.

Desde la Gerencia de Urbanismo, el concejal de Ordenación del Territorio, recibe esta situación con satisfacción y tiende la mano al Ministerio del Interior a dialogar para buscar otros espacios en los que satisfacer sus necesidades para las nuevas dependencias policiales.

En su estrategia por salvar Capuchinos, el alcalde, Francisco de la Torre, anunció su intención de pedirle al ministro del ramo, Fernando Grande-Marlaska, al menos la protección de la fachada del edificio. Un primer movimiento al que se sumó la decisión de Urbanismo de estudiar si el inmueble reúne las condiciones exigibles para ser protegido.

Este complejo policial fue durante años sede del Centro de Internamiento de Extranjeros. El inmueble ocupa un conjunto edificatorio compuesto por varias unidades de distintas épocas y tipologías arquitectónicas, cuya ejecución se inició en el siglo XVII, a modo de convento para los frailes Capuchinos. En el siglo XIX fue desamortizado por el Ministerio del Interior y reconvertido en Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE). 

De acuerdo con los detalles recogidos en la memoria justificativa de la intervención, desde 2012 se encuentra "abandonado y en desuso", debido a su deficiente estado de conservación. "Las principales causas de patologías detectadas consisten principalmente en defectos de estanqueidad, provocada por un mal estado de las cubiertas y de la carpintería del edificio, generando filtraciones de agua de forma generalizada en el interior", se precisaba en la documentación técnica. 

Ante este "deficiente estado de conservación", habiendo incluso algunas estancias en estado "casi ruinoso", y la "pérdida de funcionalidad y habitabilidad de la instalación para el uso que tenía", la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado propuso la "demolición integral del complejo". 

En su día, se manejó este emplazamiento para la construcción de la nueva sede de la Unidad de Intervención Policial (UIP), de la Policía Nacional. Se hablaba de una inversión de 10 millones de euros.