Nuevo episodio con la Casa Invisible. El Ayuntamiento de Málaga, a través del Instituto Municipal de la Vivienda, acaba de dar a conocer la contratación de un estudio patológico y geotécnico para determinar el estado en el que se encuentra el inmueble actualmente okupado por este colectivo cultura, situado en la calle Nosquera 9 y 11.
Según han dado a conocer desde el Consistorio, el objetivo de estos trabajos es analizar las condiciones de la cimentación existente, profundidad de apoyo y amplitud en función del terreno existente bajo el edificio. Un primer documento al que se suma un estudio patológico para determinar la realización de una caracterización estructural que determine el estado de conservación y funcionalidad de la estructura del edificio municipal.
El plazo establecido para la ejecución del servicio es de 2 meses y medio contados desde la correspondiente licencia de obras, además del acceso efectivo al edificio a estudiar. El importe del contrato es de 14.507,90 euros (IVA incluido).
Con los resultados obtenidos en la caracterización estructural y en el estudio geotécnico, se emitirán los correspondientes informes de conclusiones. El IMV pretende acometer la rehabilitación del inmueble municipal, sirviendo dichos estudios como el paso preliminar para la contratación y desarrollo de un proyecto de rehabilitación, así como para la posterior contratación de las obras necesarias para la rehabilitación del edificio.
Este edificio, que fue okupado de manera irregular desde hace más de una década, cuenta con un nivel de protección arquitectónica Grado II, según el catálogo de edificios protegidos del PEPRI Centro, y está calificado como equipamiento de acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbana vigente.
El Ayuntamiento viene trabajando desde hace meses en su recuperación. Pese a estos intentos, a principios del pasado mes de mayo un juzgado de Málaga rechazó la petición formal del Consistorio para entrar en el inmueble y proceder al desalojo del colectivo.
Esta decisión judicial supuso un punto y seguido en la pugna que los dos actores mantienen desde hace años. El movimiento previo fue dado por el Ayuntamiento, cuando en noviembre del año la Junta de Gobierno Local acordó reactivar el desalojo, aduciendo la existencia de informes técnicos que advertían del riesgo que presentaba la construcción y la necesidad de acometer la rehabilitación del mismo.