El espíritu combativo del que viene haciendo gala en los últimos años el Colegio de Arquitectos de Málaga en la defensa de las competencias de sus colegiales parece dar sus frutos.
Los tribunales han fallado a favor de este colectivo profesional en los procedimientos judiciales iniciados contra dos licencias otorgadas por el Ayuntamiento de la capital amparando proyectos de rehabilitación firmados por un aparejador de edificios declarados Bien de Interés Cultural (BIC) y con protección integral. En ambos casos cabía recurso de apelación.
Y es justamente el que sea un aparejador y no un arquitecto el que suscribió los mencionados proyectos lo que motivó la demanda por parte del Colegio de Arquitectos. Los pronunciamientos judiciales tienen, en este caso, un valor más simbólico que real, por cuanto los trabajos programados ya fueron ejecutados en su momento.
Por la condición de Bien de Interés Cultural (BIC), es de resaltar la sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso 1 de Málaga el pasado 27 de abril. El mismo avala la petición del Colegio de Arquitectos para que sea suspendida la licencia de obras concedida en marzo de 2017 por la Gerencia de Urbanismo para la reparación de la Alcubilla principal del Acueducto de San Telmo, en la confluencia de las calles Postigos y Capuchinos.
El recurrente adujo que la propuesta técnica que sirvió de base para el permiso de obras fue elaborada por un arquitecto técnico y estaba sin visar por el Colegio de Aparejadores. "Debe estimarse que las obras afectan a elementos o partes que son objeto de protección, pues, como se ha dicho, la Alcubilla está incluida en la Protección aprobada por el Decreto 64/2009, y la actuación debe tener la consideración de restauración", se precisa en la sentencia, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Málaga.
Por este motivo, considera el juzgado, es de aplicación la Ley de Ordenación de Edificación, determinando que "el técnico competente para la redacción del proyecto sea arquitecto", al tiempo que el proyecto debe contar con el visado del Colegio profesional.
La línea argumental que se refleja en esta sentencia es semejante a la empleada por el mismo juzgado algunos días antes. En concreto, el 23 de abril dictó otra a favor en el que reconocía la petición del Colegio de Arquitectos, anulando otra licencia que Urbanismo concedió al Instituto Municipal de la Vivienda, en calidad de promotor, para realizar reparaciones en Alcubillas de Aguas. Estos inmuebles cuentan con protección arquitectónica grado I.
En este caso, según se detalla en los fundamentos de derecho, el IMV solicitó el permiso de intervención tomando como base una propuesta técnica elaborada por arquitecto técnico y sin visar por el Colegio de Aparejadores.
Ante esta circunstancia, según se indica, la reacción inicial del técnico de Urbanismo encargado de analizar el expediente fue la de "requerir" al IMV para que aportase proyecto "debidamente visado y firmado por técnico competente (arquitecto)".
El organismo municipal alegó, incluyendo un escrito del técnico autor de la propuesta técnica y del Colegio Oficial de Aparejadores. Pese a ello, el nuevo informe municipal fue similar al anterior.
La situación cambia tiempo después cuando elabora otro informe sobre este mismo asunto un técnico municipal "distinto". En el mismo, "se proponía estimar las alegaciones del IMV y proponía conceder la licencia de obras".
Satisfacción en el colegio
Ante el devenir de estos acontecimientos, el decano del Colegio de Arquitectos, Francisco Sarabia, ha mostrado su satisfacción por el respaldo judicial a las tesis del colectivo. "Aunque las sentencias están pendientes de recursos, nos animan a seguir en este camino de defensa del patrimonio edificado de los malagueños, exigiendo la intervención de los técnicos mejor cualificados", ha afirmado.
Y deja caer la intención del colegio de "revisar muchas de las licencias concedidas con anterioridad siguiendo criterios que ahora se refutan por los tribunales". "Estamos convencidos de que la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga tendrá en cuenta estas sentencias para ajustar los criterios interpretativos en la tramitación de las licencias sobre edificios protegidos", ha apostillado.