El Puerto de Málaga ha activado la hoja de ruta mediante la que pretende desbloquear la tramitación final de la torre catarí proyectada en el dique de Levante. Tras el varapalo que supuso la caducidad de la evaluación ambiental estratégica a la que fue sometida inicialmente el proyecto, la Autoridad Portuaria trabaja ya en la actualización del documento. 

Así lo ha confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga el presidente del organismo público, Carlos Rubio, quien informa de la intención de contratar a una empresa especializada para realizar ciertos ajustes en el informe ambiental. Habla, no tanto del fondo de la cuestión, sino de actualizar aspectos legislativos, vinculados con la Ley de Gestión Integrada de Calidad Ambiental (GICA).

"Tenemos que coger el informe que se hizo en su día, como promotores y responsables de sacar adelante la propuesta, y haremos una actualización", precisa Rubio, quien confía en que esta parte del proceso pueda estar en unos dos meses. 

Una vez completada esta primera fase, el documento técnico será enviado a la Consejería de Sostenibilidad Ambiental, que es el competente a la hora de revisar y otorgar o no la necesaria evaluación ambiental estratégica. El mecanismo, como ya ocurriera hace unos cinco años, será el simplificado, lo que permite acortar de manera sustancial el calendario de estudio.

Sea como fuere, el presidente del Puerto cree que es posible que el informe ambiental, imprescindible para desbloquear la operación de la torre hotelera, esté aprobado antes de finales de año. 

Sólo el con visto bueno del ente autonómico, el expediente podrá volver al Ayuntamiento para que, primero en la Comisión de Ordenación del Territorio y, después, en el Pleno, sea aprobada de manera definitiva la modificación del plan especial del espacio portuario necesaria para asignar a los terrenos sobre los que se dibuja la edificación un techo máximo de 45.000 metros cuadrados (siete veces lo que ahora se permite) y una altura de hasta 150 metros.

Hay que recordar que la no vigencia de la mencionada evaluación, publicada en diciembre de 2017 y con una validez máxima de cuatro años, obligó al Consistorio a retirar del último Pleno el expediente de aprobación definitiva de este ajuste urbanístico. 

Este episodio es uno más a sumar a la larga lista de imprevistos que vienen demorando desde hace años la tramitación administrativa del polémico proyecto del hotel portuario. Desde que se dio el primer paso, con la adjudicación de la concesión a un grupo de inversión catarí por parte del Puerto, pasan ya más de seis años, sin que se haya completado siquiera el proceso. 

Un intervalo de tiempo en el que el nivel de contestación a la propuesta ha ido incrementándose. A los colectivos sociales y profesionales que ya habían expresado no oposición a la iniciativa, entre los que destacan la Plataforma Defendamos Nuestro Horizonte, el Colegio de Arquitectos o la Academia de Bellas Artes de San Telmo, se ha sumado recientemente el PSOE.

En su caso, protagonizó un viraje más que llamativo, dado que en el origen de la operación, cuando estaba al frente de la Junta de Andalucía y de la Autoridad Portuaria, su defensa de la torre era clara. Ahora, sin embargo, optan por rechazarlo y valorar que el dique de levante no es el emplazamiento adecuado para ese proyecto.

Sea como fuere, la última palabra en todo lo relacionado con el hotel corresponde al Consejo de Ministros, dado que es el órgano que debe o no autorizar el pretendido uso hotelero en suelo portuario. 

Aunque existen dudas ciertas sobre el pronunciamiento que emitirá llegado el momento, puede ser clave el clima de relaciones existente entre España y Catar, país que proyecta inversiones por cerca de 4.700 millones de euros en el país. Un montante económico del que forman parte los alrededor de 200 millones que se estiman serán necesarios para el hotel 5 estrellas gran lujo programado en el puerto de la capital de la Costa del Sol.

Una primera evaluación polémica

El informe favorable emitido en su día por la Junta a la evaluación ambiental de la torre estuvo marcada por la polémica. En un documento firmado por el entonces delegado de Medio Ambiente y no por un técnico, se concluía que en la propuesta de intervención no se apreciaban "efectos significativos sobre el medio ambiente, que deben entenderse como alteraciones permanentes o de larga duración de un valor o un recurso natural".

Al tiempo, consideraba que el posible impacto visual de la torre queda "muy condicionado" por las actividades industriales, comerciales y de transporte del propio recinto portuario. "Se señala en algunas aportaciones que las vistas a la Bahía de Málaga se verán afectadas, pero dada esta ubicación claramente marcada por las actividades e infraestructuras artificiales, no puede considerarse que tal efecto suponga una alteración de un valor natural concreto".

"No se trata de que la Bahía de Málaga, como valor natural, se vea alterada permanentemente por la modificación del plan especial, sino que determinadas vistas o perspectivas de la misma sí se verán afectadas por la existencia del hotel propuesto y estas vistas son fácilmente modificables en función de la ubicación del observador", apostillaba. 

Medio Ambiente sí admitía el "importante dilema" que supone esta modificación en el ámbito del urbanismo y de la arquitectura, así como del modelo de ciudad, si bien aclaraba que ello era competencia del Ayuntamiento. En el informe se llegaba a citar parte del informe remitido por el Departamento de Planeamiento de Urbanismo en lo concerniente a que el ajuste propuesto "cambia de forma relevante el paisaje portuario y marítimo de la ciudad".