Nuevo paso del Ayuntamiento de Málaga en la estrategia trazada para liberar de cualquier sombra judicial la subasta de sus torres en los antiguos suelos de Repsol. Casi un mes después de que el Juzgado de lo Contencioso-administrativo rechazase las medidas cautelares solicitadas por el Bosque Urbano para frenar la venta de los terrenos, la Gerencia de Urbanismo va a pedir el decreto de firmeza del citado auto. 

Este movimiento va a ser reclamado después de que, según el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, el juzgado encargado del asunto haya confirmado que el auto inicial no ha sido recurrido por el colectivo demandante.

"Finalizado el plazo del auto y habiendo sido condenados en costas hemos pedido la firmeza del auto para continuar y elaborar el documento de costas, que no sabemos aún cuánto va a ser", ha explicado el edil.

Si bien López elude entrar en más detalles, parece evidente que el impacto del rechazo judicial sobre las pretensiones de Bosque Urbano pueden ser dobles. De un lado, las propias de no asumir como válidos sus argumentos para paralizar la subasta de la parcela; de otro, la incidencia económica que puede tener sobre el colectivo el haber sido condenado al pago de las costas.

Hay que recordar que para poder interponer el contencioso judicial contra la subasta de las torres de Repsol, Bosque Urbano activó una recogida de donaciones. Esto le permitió disponer de algo más de 11.000 euros, dinero suficiente con el que avanzar en el primer movimiento judicial.

La posición de Urbanismo parece clara, en el sentido de despejar cualquier duda que pueda afectar al actual interés en la compra de sus torres. Actualmente se mantienen las tres ofertas de Acciona, Urbania y el fondo de inversión Stoneweg, que aspiran a hacerse con el paquete completo de aprovechamientos en el sector; así como las de Exxacon y Sigle Home, que sólo pujan por una de las torres, la de mayor altura, de 32 plantas.

Los responsables municipales son sabedores de la dificultad de poder continuar con la enajenación, por la que esperan ingresar un mínimo de 53 millones de euros (incluido el IVA) de proseguir el contencioso judicial actual. Por eso resulta clave lo que pueda ocurrir en las próximas semanas, no pudiéndose descartar que Bosque Urbano tenga que renunciar al pleito ante la imposibilidad de pagar las costas procesales.