El histórico restaurante de Málaga Antonio Martín parece librarse definitivamente de la piqueta. O al menos parcialmente. La Dirección General de Costas acaba de emitir un informe favorable a la pretensión de la Junta de Andalucía de otorgar una nueva concesión a los actuales explotadores del negocio hostelero, aunque con condiciones ciertamente llamativas.
La principal es que, con el Reglamento de Costas en la mano, la superficie máxima que podrá ser autorizada será de 300 metros cuadrados, frente a los alrededor de 1.500 otrora permitidos.
"El informe no pone impedimento a que se efectúe nueva concesión por parte de la Junta de Andalucía siempre que se ajuste a lo establecido en la Ley de Costas", han explicado fuentes próximas al organismo estatal.
Bote pronto, la determinación viene a responder positivamente a las reclamaciones que durante algo más de un año han realizado tanto la Administración regional como el Ayuntamiento de la ciudad.
Ambas instituciones han coincidido en la necesidad de salvaguardar el edificio y el negocio. Sin embargo, la limitación de espacio puede impactar de manera clara sobre el futuro del establecimiento. Hay que tener en cuenta que se trata de una quinta parte de lo actual.
El pronunciamiento de Costas permite, al menos, despejar parcialmente el conflicto en el que se había convertido el asunto de la concesión de Antonio Martín. El origen del mismo se remonta a finales de 2021, cuando se conoció que Costas emitiese una orden de desalojo y derribo del histórico restaurante, buscando dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que confirmaba la decisión de la Junta de Andalucía de dar por extinguida la concesión original.
La amenaza, no obstante, no se ha llevado a efecto. De hecho, provocó la reacción inmediata de la Junta, que reclamó al departamento estatal que diese marcha atrás en su decisión. Para ello, apeló en varios escritos al "interés público" de este negocio, con 135 años de historia, para defender su mantenimiento.
Lo que hizo la Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible fue emplear la misma razón que fue utilizada por la Dirección General de Costas cuando en la resolución de la extinción de la concesión del 12 de enero de 2017. En aquella ocasión, Costas resolvió el mantenimiento de las obras e instalaciones incluidas en dicho título de concesión porque "se mantiene el interés público de las mismas".
La posición del Ayuntamiento en este proceso ha sido favorable a la continuidad de Antonio Martín, rechazando que su mantenimiento tenga incidencia sobre el ambicioso Plan Málaga Litoral en el que viene trabajando desde hace varios años.