A apenas un kilómetro de distancia de donde se levantan viviendas por las que en el mercado libre se pagan más de 300.000 euros; de las facultades a las que acuden a diario miles de universitarios, se levanta la barriada de Los Asperones, seña de identidad de esa otra Málaga que nada tiene que ver con el brillo de la calle Larios y el Centro turístico, ni con los asentamientos de Google y Vodafone… 

El de Los Asperones es otro tipo de asentamiento, menos atractivo al ojo del visitante local y extranjero, y generalmente cubierto de estigmas y dudas. Pero, en esencia, es un asentamiento que no debería estar donde está, porque cuando fue creado en 1988, ante la necesidad de realojar a vecinos por las fuertes inundaciones sufridas por la ciudad.

Eran habitantes de antiguos núcleos chabolistas como Estación del Perro, Puente de los Morenos y Portada Alta, así como a familias desalojadas del Bulto y de corralones de las calles Martínez Maldonado y Castilla.

La previsión es que la nueva barriada tuviese un carácter temporal, buscando posteriormente nuevos emplazamientos para los vecinos afectados. Sin embargo, lo que iba a ser una transición se ha convertido ya en consolidado tras casi 35 años de existencia. 

Y en uno de los mejores momentos históricos de la ciudad (al menos en cuanto a su relevancia nacional e internacional), Los Asperones pervive como asignatura pendiente, como fotografía en blanco y negro que se contrapone a la Málaga de colores.

La pasada semana, Los Asperones volvió a la actualidad por una noticia tan positiva como sorprendente: José Francisco Gómez Heredia se ha convertido en el primer vecino de la barriada que ha conseguido un título universitario. Un privilegio al alcance, por lo que se ve, de muy pocos en este núcleo de la sexta ciudad de España.

La notoriedad del acontecimiento obliga a volver a preguntar qué demonios pasa con Los Asperones y qué demonios pasa con los numerosos planes activados por las Administraciones públicas para desmantelar la barriada. El último de estos programas fue puesto sobre la mesa por la Junta de Andalucía, con la participación entre otros del Ayuntamiento, hace algo más de un año.

15 meses después de que EL ESPAÑOL de Málaga diese a conocer el contenido de la estrategia de intervención en Los Asperones poco o nada se ha hecho. O al menos que haya trascendido. Este periódico ha trasladado consulta al Gobierno andaluz para saber en qué punto se encuentra. En su respuesta, se indica que por el momento es un plan del que no se pueden dar más detalles, aunque se da a entender que se está avanzando.

A la espera de que los responsables regionales verbalicen los logros, si es que los hay, o tracen la hoja de ruta que se va a seguir, ciñámonos a recordar aquello que se dijo que se iba a hacer. 

Detalles del último plan

Los redactores del llamado Plan director para la Integración Social de las Personas Residentes en Los Asperones fijaron tres fases de actuación (previa, durante y posterior al realojo), con un periodo temporal que se extiende entre los años 2022 y 2030. Incluso, ponían números al coste necesario: 32,5 millones de euros. 

De esta suma, 22,5 millones corresponden exclusivamente a las soluciones de realojo residencial previstas. En la idea de reducir el impacto, se establece la posibilidad de aplicar el traslado de manera inicial a la fase II de la barrida, con 31 viviendas, 23 anexos y una chabola, con un total de 176 personas (20% de la población total). 

Para los especialistas, actuar de este modo "permitiría detectar disfunciones para rediseñar estrategias en una intervención más numerosa". Limitar la intervención a esta parte rebaja la cuantía a unos 4 millones de euros (3,4 millones para la compra de 31 pisos).

El plan remarca la necesidad de afrontar la respuesta definitiva a este espacio de infravivienda, en el que se levantan 291 construcciones (incluyendo chabolas, anexos y ampliaciones), desde una perspectiva "integral". 

¿Pero cuáles son las fases diseñadas? La fase Previa tiene como objetivo "motivar y movilizar a la población residente" para que participe en el proceso de integración social e inserción sociolaboral. Durante la misma se proponen acciones relacionadas con la sensibilización, motivación, la recogida y análisis de los datos. Es un proceso mediante el que aportar información sobre la situación de la barriada, contando para ello con trabajadores sociales.

La idea es que ese equipo de trabajadores comience a trabajar sobre el terreno al menos 6 meses antes de los primeros realojos, dando continuidad a su actividad en los 4 años siguientes. Serán ellos los que actualizarán el censo en relación con la ocupación actual de viviendas prefabricadas, anexos y chabolas.

La segunda de las fases es la de Propuesta de Reubicación. Consiste en formular una propuesta integral para cada familia, buscando "la plena integración social de todas las personas que la integran en otra ubicación geográfica".

En el plan estratégico se identifican dos tipos de situaciones jurídicas que generarían derechos de realojo de las familias, así como la posibilidad de indemnización económica para la búsqueda de pisos en alquiler. Según los datos iniciales, en la barriada hay 181 viviendas, 94 anexos y 16 chabolas, siendo un total de 291 las unidades familiares. 

Realojos

Los responsables del trabajo plantean varias opciones. La primera pasa por disponer de viviendas del parque público distribuidas en distintos barrios y geografía andaluza para el traslado de 181 familias "legales". Es una solución pensada para los pisos que queden vacantes, unos 60 anualmente en el caso del conjunto residencial de la Junta y del Ayuntamiento de la ciudad.

Incluso, se propone un plan de compra de viviendas, para el que se plantea un período de tramitación administrativa de entre 9 meses y un año, con un presupuesto máximo por vivienda de 110.000 euros. En total, el presupuesto estimado de esta actuación rondaría los 19,9 millones de euros.

La segunda variable incluye el pago de subvenciones/ indemnizaciones para las familias que no reúnan los requisitos para ser realojadas en viviendas públicas. En concreto, esta es la fórmula que se maneja para las 110 que están asentadas en chabolas y anexos.

En su caso se apunta una ayuda al pago del alquiler de una vivienda privada, por un período de tiempo suficiente para que se pueda llevar a cabo el proceso de integración. La cifra consistirá en un máximo de 18.260 euros por familia para un período de 4 años. En los primeros seis meses corresponderá al 100% de la renta de alquiler, con un máximo de 550 euros; bajando un 10% cada semestre transcurrido. Esta acción se valora en unos 2 millones de euros.

Será en el momento en que tenga lugar el realojo cuando el denominado equipo POST-reubicación acompañará a la familia a la vivienda, comenzando un nuevo procedimiento, el del acompañamiento social a las familias realojadas.

Una etapa en la que se destaca la trascendencia de que los integrantes de las unidades familiares tengan trabajo, "eje fundamental" para lograr su inserción social. Es por ello por lo que la estrategia incluye un plan que promueve acciones y medidas para favorecer la incorporación al mercado laboral.

"Cada persona ha de tener un profesional de educación social que acompañe en el proceso después del realojo", se plantea en el documento, en el que se remarca que la duración inicial de esta fase será de 48 meses (4 años).