La puesta a disposición de Málaga de los terrenos sobre los que se proyecta la organización de la Exposición Internacional de 2027, evento al que opta la capital de la Costa del Sol, ya es un hecho.
El alcalde, Francisco de la Torre, y la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, han firmado este miércoles el protocolo de intenciones mediante el que el Gobierno central cede una superficie de 51,2 hectáreas de suelo. Un espacio propiedad de la Entidad Estatal de Suelo, SEPES.
El acuerdo alcanzado, que fue aprobado por Junta de Gobierno Local el pasado mes de septiembre, materializa el trabajo conjunto de ambas administraciones que, junto a la Diputación y la Junta de Andalucía, impulsan la candidatura malagueña a la Expo.
La ubicación del recinto, en caso de que la ciudad sea designada como sede, es estratégica al situarse en el triángulo productivo de la ciudad: junto a la Universidad de Málaga, Málaga TechPark (Parque Tecnológico de Andalucía), los principales parques empresariales, el aeropuerto y el Palacio de Ferias y Congresos.
El protocolo hace referencia al sector PA-T.1, con unas 51,2 hectáreas, parcela que incluye la pastilla principal en la que se ubicarían los pabellones, así como suelo logístico. No obstante, la superficie total a utilizar con motivo de la Expo es de 80 hectáreas ya que incluiría también suelo residencial al Este de la pastilla principal, también propiedad de SEPES.
En este convenio, el organismo estatal se compromete a la cesión temporal del suelo (desde que Málaga resulte formalmente seleccionada hasta seis meses después de la finalización de la Exposición) y a estudiar la posibilidad de transmitir al Ayuntamiento los terrenos "con vocación de permanencia".
"El convenio es abierto y la voluntad que se ha expresado por el Ministerio es la de ir a la transmisión y en concreto a la permuta", ha afirmado De la Torre durante el acto de la firma del documento.
La era urbana: hacia la ciudad sostenible tiene de fondo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU para 2030. Pretende ser una propuesta de reflexión en torno a uno de los principales desafíos a los que se enfrentan las ciudades a medio y largo plazo: hacer compatibles el crecimiento demográfico y el desarrollo urbanístico con la protección del medioambiente y la adopción de soluciones innovadoras que garanticen una mejora de la calidad de vida.
España compite con otras cuatro candidaturas: Argentina, Estados Unidos, Serbia y Tailandia, y deberá defender su candidatura en las asambleas de noviembre de 2022 y junio de 2023, en la que se anunciará la ciudad ganadora.