Que el acceso a la vivienda se ha convertido en los últimos años en uno de los grandes quebraderos de cabeza en Málaga capital es un hecho irrefutable que viene avalado por el constante incremento de los precios, ya sea para la compra de una de ellas o para alquiler. 

Sin embargo, los últimos datos manejados por el Ayuntamiento de Málaga rebajan a 8.600 los hogares que actualmente están demandando un piso a precio asequible y, por ende, las que deberían construirse en los próximos años para atender esas necesidades.

El parámetro, recogido por la Sociedad Municipal de Vivienda en la memoria de sus cuentas para 2023, es una las aportaciones del nuevo Plan Municipal de Viviendas y Suelo de Málaga 2023-2027, que viene a actualizar los datos recopilados en el documento de 2014-2023.

Atendiendo a este trabajo, realizado por el ente municipal en colaboración con la empresa Espacio Común Coop, son 8.600 los hogares malagueños que realmente requieren de una solución habitacional por medio de las promociones de vivienda protegida. Una cifra que contrasta de manera clara con los 25.624 nombres que se encuentran inscritos en el Registro de Demandantes del que dispone el Consistorio para medir la necesidad residencial.

La diferencia entre ambos valores se justifica en la existencia de demandas canceladas, excluidas y, sobre todo, la repetición de asientos de una misma unidad familiar. "Se da la circunstancia de que en ocasiones están todos los miembros de una misma familia inscritos", apunta una fuente consultada. Una circunstancia que eleva el número final de reclamantes.

Los datos ahora planteados contrastan con los recogidos en el primer plan de vivienda municipal, en el que se subrayaba la necesidad de construir en un plazo de 10 años casi 13.000 viviendas sociales y alojamientos para responder a las necesidades vecinales y a desarrollar por las administraciones públicas y los actores privados. 

De todas ellas, los técnicos identificaban 7.390 para responder a los que en aquel momento estaban incluidos en el registro de demandantes, así como 5.600 por las nuevas actuaciones precisas por el crecimiento demográfico de la población. 

500 millones invertidos en VPO

La memoria de los presupuestos de la Sociedad Municipal de la Vivienda subraya el esfuerzo realizado por el Consistorio en la construcción de 5.250 viviendas de protección oficial desde el año 2000. De ellas, 2.464 son en régimen de alquiler y las restantes 2.790 en propiedad. La inversión realizada supera, según los datos, los 500 millones de euros.

Actualmente, Málaga afronta la ejecución de 504 nuevas viviendas, la mayoría de ellas en el sector Universidad. Y otras 607 en diferentes fases administrativas. Entre ellas hay 530 que el IMV quiere dejar en manos de promotores privados a cambio de la cesión a coste cero de los terrenos por un periodo de 75 años.

El documento recoge, asimismo, la labor realizada por parte del comité de valoración de familias en riesgo de exclusión social, el comité FRES, que viene funcionando desde 2012 en coordinación con el área de Derecho Social y Accesibilidad. Su función es valorar los casos de especial vulnerabilidad y con necesidad urgente de vivienda, que no pueden  esperar por su situación de emergencia a la adjudicación de una vivienda por sorteo.

En esta década son cerca de 2.000 las familias atendidas, de las cuales han sido seleccionadas los casos más urgentes. A cerca de 600 se les ha adjudicado una vivienda sin necesidad de acudir a sorteo. 

Desde septiembre de 2015 funciona una oficina de atención a las familias objeto de desahucios tanto hipotecarios como de alquiler de vivienda. Su labor es gestionar, negociar e intermediar con las entidades financieras y arrendadores de viviendas de familias afectadas por desahucios con el objetivo de que puedan permanecer viviendo en sus hogares familiares. A lo largo de los años han sido presentadas 5.649 solicitudes, de las cuales han sido atendidas 5.112 (90,49%), estando en proceso de atención 537 (09,51%). 

Otra de las vías del Ayuntamiento para colaborar con las familias con especiales dificultades económicas es el plan de ayuda para el pago de las rentas de alquiler. En 2023 van a seguir las anualidades correspondientes a esta iniciativa, que desde 2015 ha beneficiado a más de 1.000 familias y de los que se siguen beneficiando en la actualidad más de 600.