La parcela que durante décadas albergó la fábrica de ladrillos Salyt, referente de esa Málaga industrial ya desaparecida, se muestra limpia de construcción alguna. Expedita tras la demolición de la añeja nave, parece encarar el destino que le aguarda, un nuevo centro comercial.

Antes de alcanzar este hito, de la mano del grupo empresarial Edifissa, el proyecto tiene aún por delante un largo y proceloso camino administrativo. El recorrido ha acabado por empinarse para el promotor privado, que confiaba en sortear el temido filtro de la evaluación ambiental.

El trámite, en manos de la Junta de Andalucía, ha acabado por convertirse en una especie de cuello de botella que dilata en muchas ocasiones el calendario de determinadas iniciativas.

Frente a la aspiración de Edifissa, que había argumentado en el expediente de avance de la PRI ya aprobado inicialmente que la conversión de la antigua fábrica en un espacio comercial iba a traer consigo un incremento de las zonas verdes, la Consejería de Sostenibilidad acaba de activar la tramitación de la evaluación ambiental.

En una resolución fechada el pasado 30 de junio, el departamento regional somete el Plan de Reforma Interior de Salyt a una evaluación ambiental estratégica simplificada. Un paso que, en el mejor de los casos, debería requerir de unos seis meses de plazo. La realidad, sin embargo, es que no es descartable que se alargue por encima del año, llegando incluso a las dos anualidades.

Y ello, en buena medida, porque la Consejería de Sostenibilidad ha reclamado informes sectoriales a departamentos internos y a otros organismos como Carreteras de la Junta o la Consejería de Cultura, cuyos pronunciamientos suelen alargarse en el tiempo.

Habrá que esperar a que se complete el procedimiento medioambiental ahora impulsado para que el Ayuntamiento de Málaga apruebe de manera definitiva la ordenación del sector. Y, por ende, a que este gran proyecto comercial tenga el camino despejado para su materialización. El escenario actual pone en cuestión la expectativa del promotor de poder iniciar los trabajos en la primera mitad de 2024.

La operación urbanística, que llegó a ser incluida por la Junta en una de sus unidades aceleradoras de proyectos, supondrá una inversión próxima a los 35 millones de euros, con la generación de entre 300 y 350 puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos. 

La superficie comercial minorista tendrá unos 21.730 metros cuadrados de techo, muy por debajo de los 49.116,60 que tiene autorizado el sector. El desarrollo será completado con la disposición de 982 plazas de aparcamiento, 478 de ellas bajo rasante y otras 572 en superficie. 

Los términos pactados incluyen la ejecución de una serie de cargas en materia de infraestructuras en la zona. Es el caso de la apertura de una calle externa para mejorar la conexión de la zona con la Avenida Valle Inclán. A estas se agregan numerosas conexiones peatonales para mejorar la permeabilidad del terreno.

Dentro de estas cargas que tienen que asumir los promotores, destaca la cesión para zonas verdes del 14% del suelo, lo que equivale a 7.334 metros cuadrados. Una superficie situada en la corona superior de la parcela. También se cederá un terreno de 877 metros cuadrados para uso dotacional público, y otros 6.611 metros para sistema local viario.