Málaga trata de redoblar la lucha que viene manteniendo desde hace años contra los propietarios incívicos de perros. Y sabedor de que uno de los modos inevitables de combatir a esos vecinos que no recogen los excrementos o que no cumplen con las exigencias normativas para tener registrados a los animales es la mano dura, ha incrementado en los últimos meses la presión con la advertencia de sanciones que con la nueva ley pueden llegar a los 500 euros (a la espera de reglamento será de entre 75 y 500 euros).

Con este objetivo, el área de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento viene desarrollando una doble estrategia para hacer reaccionar a esos propietarios. Si el pasado mes de febrero se optó por remitir cartas en las que se subrayaba la necesidad de inscribir a los canes en el censo de ADN, más recientemente se ha optado por el envío masivo de mensajes SMS.

Los datos confirman el éxito temporal que tiene la medida, ya que se produce un pico de afectados que actúa para evitar la multa. En marzo, tras el impacto de las cartas de febrero, hubo 1.465 altas en el censo ADN, casi medio millar más que en febrero. Sin embargo, esta ola baja drásticamente en abril, mayo, junio y julio, con 580, 509, 385 y 322 altas.

Y ante esta evidencia, el Ayuntamiento ha puesto en marcha la campaña de los SMS a quienes si bien tienen sus perros inscritos en el Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA), no lo tienen el de perfil genético. 

"Eso lo empezamos a hacer en julio tras cruzar las dos bases de datos; en el mensaje le recordamos que disponen de 30 días para identificar genéticamente al perro o serán sancionados", cuenta el director general de Sostenibilidad Ambiental, Luis Medina, quien añade que la actuación se ha repetido en agosto y septiembre. Los resultados de la primera criba, según apunta, ha hecho que del orden de 150 afectados hayan cumplido, "mientras que al resto les llegará una sanción económica". 

El interés municipal por poner coto a la presencia de heces de canes en las zonas públicas es constante desde hace años, convirtiéndose en una especie de modelo a seguir por otros muchos municipios de España que quieren seguir el modelo.

En esta pugna, es clave el papel que desempeñan los agentes de la Policía Local, principales responsables de controlar la inacción de ciertos vecinos a la hora de recoger los excrementos de sus mascotas. La otra herramienta viene a ser como una especie de CSI de las cacas, para lo que se cuenta con una empresa especializada en tomar muestras in situ y cruzar la información con el ADN registrado. 

Casi 3.300 multas desde 2017

Los datos recopilados desde 2017 hasta el pasado mes de agosto elevan a 3.282 las sanciones impuestas por el Ayuntamiento. La mayoría de ellas afectan a dueños que han sido pillados con sus animales sin que éstos estén dados de alta en el censo genético. En este supuesto hay registradas 1.849 actas sancionadoras (15% de los 12.143 controles realizados), a las que sumar otras 1.302 multas impuestas por los agentes de la Policía Local por la no recogida de las heces (el 13% de los casi 10.000 controles). 

El tercer concepto en materia sancionadora se corresponde con los positivos detectados de excrementos que son analizados por la empresa que anualmente contrata el Consistorio para estudiar su ADN. En total, entre 2018 y agosto de 2023 son 131 las penalizaciones generadas por este procedimiento. 

Si bien es cierto que es una cifra relativamente baja, hay que tener en cuenta que este servicio suele realizar unas 350 tomas de media cada año, funcionando más ante la petición que hacen cada vez más colectivos vecinales o la propia Policía Local. 

El escollo con el que se topa este sistema es que el análisis no siempre permite identificar al responsable del residuo, dado que, como ha quedado demostrado, muchos animales no están dados de alta. Aunque sí la mayoría. 

Medina pone en valor que del orden del 85% de los perros "que salen a la calle" tienen su perfil genético registrado. Y, del análisis de las estadísticas, se observa una cierta correlación entre los propietarios que incumplen esta exigencia normativa y las heces que no son recogidas.

Mapa de excrementos

Muestra de la meticulosidad con la que se procede en la toma de muestras es que el personal de la empresa contratada cuenta con la presencia de un funcionario público "para levantar acta", procediendo al traslado de los restos el mismo día de la recogida. Así se pone de manifiesto en el pliego de condiciones que acaba de ser impulsado por el área de Sostenibilidad para renovar el servicio.

Uno de los productos que permite generar con la información acumulada en todos estos años, ya sea por aportación de la Policía Local o de la empresa contratada para el estudio del ADN, es una especie de mapa donde se pueden visualizar los barrios donde más presencia de excrementos hay.

Medina advierte que no hay una diferencia apreciable entre zonas más o menos pudientes. Sin embargo, en un vistazo rápido al documento parece adivinarse un mayor compromiso de limpieza de las heces en los barrios residenciales más jóvenes. Es decir, aquellos en los que se concentra una población de menor edad. Es el caso de Teatinos o parte de Puerto de la Torre.