El 'final feliz' de los vecinos de El Perchel: pagos de 170.000 euros, pisos sociales y ayudas para desbloquear el proyecto

Pasan ya casi dos años del momento en que se desveló la que en ese momento estaba llamada a ser una de las grandes operaciones inmobiliarias de Málaga. El desembarco de la promotora Dazia en Callejones del Perchel, con la compra de varios edificios, hizo saltar las alarmas y encendió un conflicto con los residentes originales de esos inmuebles, que se encontraban con la amenaza cierta de, en su mayoría, tener que abandonar las casas en las que habían habitado durante décadas.

Dos años después, los antiguos y deteriorados bloques de las calles Malpica y Montalbán, siguen en pie. Pero apenas hay unos pocos residentes en su interior. Con el transcurrir de los meses, en los que se han vivido momentos de evidente tensión, la presión vecinal y social y la disposición de Dazia a encontrar puntos de encuentro, han permitido que de los 50 inquilinos iniciales, apenas tres se mantengan firmes en su decisión de no abandonar sus casas.

Y no porque no hayan tenido una propuesta sobre la mesa para salir de manera pacífica. La fuerza legal de estos tres residentes es que poseen contratos de renta antigua, lo que les blinda ante la promotora, que tiene la obligación de alcanzar un acuerdo con ellos. La posición de los inquilinos, sin embargo, es negativa a la propuesta realizada por la empresa, que sí ha sido aceptada por otros 10 vecinos en las mismas condiciones contractuales. La misma ha consistido en una indemnización de 170.000 euros por vecino.

Así lo confirma Francisco Gutiérrez, el ex-Defensor del Ciudadano de Málaga y antiguo dirigente sindical, que en estos años ha ejercido de representante del colectivo de vecinos de El Perchel. Como ha ocurrido seguramente con muchos interlocutores directos de la operación, su impresión respecto a Dazia ha mutado con el paso de los años.

Imagen de archivo de un cartel en el que se lee 'El Perchel no se vende'.

"No me causa rubor reconocer que la actitud de la empresa ha sido ejemplar", admite en conversación con EL ESPAÑOL de Málaga, en la que subraya que lo sucedido en Callejones del Perchel "debería ser un ejemplo a seguir por otras muchas empresas". "Tienen que tener en cuenta la situación de los vecinos; lo mismo que tasan los terrenos y los gastos de los proyectos, deben disponer un fondo para atender a los vecinos que tienen contratos, que llevan 30 y hasta 80 años viviendo en el mismo lugar", opina.

"Este ha sido un caso ejemplar, porque en lugar de estar ahora con la policía en la puerta, con porrazos y con Málaga en los medios por el desahucio a la fuerza de 50 vecinos, se ha conseguido un acuerdo muy favorable"

Francisco Gutiérrez, representante de los vecinos

Para Gutiérrez, es de valorar la decisión de la promotora de abandonar la posición inicial, que incluyó el envío de burofaxes a los inquilinos con contratos de renta nueva, los "más vulnerables", y evitar la vía de los desahucios (llegó a activar dos procedimientos, que luego anuló). "Este ha sido un caso ejemplar, porque en lugar de estar ahora con la policía en la puerta, con porrazos y con Málaga en los medios por el desahucio a la fuerza de 50 vecinos, se ha conseguido un acuerdo muy favorable", enfatiza.

El rechazo de tres vecinos

La fotografía social que se puede tomar en este momento de los edificios de Callejones del Perchel avala la impresión positiva de Francisco Gutiérrez. De los 50 vecinos vivían legalmente en los inmuebles, sólo quedan tres que, por el momento, rechazan por considerar "insuficiente" la compensación de 170.000 euros. A ojos del antiguo Defensor del Ciudadano, se trata de una suma "razonable".

Asimismo, de los 37 vecinos con contratos de renta nueva, quedan cinco que siguen a la espera de recibir viviendas sociales en la zona de Trinidad-Perchel. En todos los casos el camino está allanado, quedando pendiente la adecuación de los inmuebles que recibirán por parte de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento dada su condición de población vulnerable.

La vía de negociación ha permitido una salida airosa para estos vecinos con contratos nuevos, que recibieron la notificación de la empresa de que no iban a ser renovados. Esta vía de solución, que implica a las Administraciones públicas, ha incluido la aportación de 2.000 euros por vecino por parte de Dazia para ayudar en los gastos de mudanza. 

Y a la misma hay que agregar otros dos modelos de arreglo. La primera de ellas ha incluido compensaciones económicas para facilitar a dos o tres vecinos que la han aceptado sufragar los gastos de alquiler de otras viviendas. Y la segunda tiene como protagonista a una señora mayor que vivía sola y que deseaba encontrar una casa cerca de donde vive su hija. El compromiso de la promotora ha sido asumir una renta vitalicia para pagar el arrendamiento.

El allanamiento del camino deja a Dazia con el panorama despejado para avanzar de manera decidida en la operación de El Perchel. Por el momento se conocen muy pocos detalles de la misma. Sí se sabe que desde hace meses, se ha presentado ante la Gerencia de Urbanismo un estudio de detalle para ordenar el futuro desarrollo. Pero se ignora el número de viviendas, así como si las mismas serán explotadas en alquiler o puestas a la venta.

Desalojadas la mayor parte de las viviendas, la intención de la promotora es la de activar cuanto antes los trabajos de demolición, evitando de este modo la posible entrada de okupas en los edificios. Un paso que no se podrá dar hasta que obtenga el visto bueno municipal.

A la espera de ese momento y tras un vaivén de emociones constante, se dibuja lo que se antoja como un final feliz para los vecinos de Callejones del Perchel. O al menos como el mal menor para un grupo de residentes que, a buen seguro, hubiesen preferido permanecer en sus casas.