El Ayuntamiento de Málaga sigue avanzando en su estrategia para limitar y regular el fenómeno de la vivienda turística en la ciudad. Con casi 12.900 alojamientos de esta naturaleza registrados por la Junta de Andalucía, la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, ha anunciado que la Junta de Gobierno Local de este viernes aprobará la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística para dividir los 417 barrios analizados en tres zonas diferenciadas, en función de la intensidad de estos alojamientos.

Una primera conclusión es que hay 43 barrios, incluyendo el Centro histórico, La Malagueta, El Ejido, La Merced y Lagunillas, entre otros, donde no se permitirá la inscripción de ningún piso más de esta naturaleza, dado que el peso actual de este uso supera el 8% respecto al parque residencial complejo de cada delimitación.

Es la medida más severa de las recogidas en la propuesta del equipo de gobierno. Bien es cierto que los espacios recogidos en este apartado, conforme al trabajo realizado por la consultora Espacio Común, son los que mayor colmatación de pisos turísticos tiene en la ciudad, concentrando el mayor porcentaje de viviendas turísticas.

Pese a la voluntad del Ejecutivo local, la realidad es que el éxito de esta iniciativa sigue dependiendo, en buena medida, de la capacidad de la Junta de Andalucía para, de manera efectiva, impedir el inicio de la actividad. Algo que se está demostrando complejo, dado que cualquier propietario puede registrar su vivienda para uso turístico sin más requisito que una declaración responsable. 

A esta Zona 1 se añaden la Zona 2 (32 barrios) y Zona 3 (296 barrios), en las que las limitaciones son algo más flexibles. En ambos casos, el porcentaje de pisos turísticos es del 4,53%, existiendo margen hasta alcanzar el tope máximo del 8%. En cualquier caso, las nuevas aperturas estarán obligadas a cumplir con la exigencia de disponer de acceso y servicios independientes.

Casero ha precisado que la efectividad de esta modificación del planeamiento será válida desde el momento en que sea publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), lo que podría ocurrir en los primeros días de noviembre. La iniciativa tiene valor durante un año, si bien será prorrogable durante un máximo de 4. 

El movimiento ahora anunciado, que pasará por el Pleno el próximo 30 de octubre, es una vuelta de tuerca definitiva en la estrategia municipal. Antes, el equipo de gobierno ya acordó una instrucción subrayando la obligatoriedad de que sólo se permitirán los nuevos alojamientos que cumplan con lo recogido en el PGOU; es decir, con acceso independiente. Esta circunstancia cierra las puertas a inscripciones de pisos en bloques residenciales, salvo que sean bajos. 

A esto hay que sumar la reclamación que se ha hecho a la Junta de Andalucía para que dé de baja 1.500 alojamientos incorporados desde finales de febrero en el Registro de Turismo de Andalucía y que incumple las directrices urbanísticas. 

Una de las claves que hay detrás del incremento exponencial de este tipo de alojamientos turísticos alternativos en la ciudad, que ahora representa el 75% del total de plazas, es la enorme rentabilidad económica que tiene para sus propietarios.

En concreto, según ha informado la concejala de Urbanismo, la ocupación media es del 76%, generando 138 euros por día y ocupante. "Tienen una rentabilidad económica sensiblemente superior que el alquiler convencional", destaca el estudio.