El embrollo al que se enfrenta Málaga con la vivienda turística no tiene fin. Y, pese a lo que se pueda pensar, no lo tendrá a corto plazo. Ni el decreto aprobado por la Junta de Andalucía el pasado mes de febrero, dando herramientas a los ayuntamientos para regular este mercado ni las ya varias medidas aprobadas y activadas por el Ayuntamiento de la capital de la Costa del Sol han frenado la proliferación de estos alojamientos.
Esta es una conclusión objetiva, fácilmente demostrable con las inscripciones del Registro de Turismo de Andalucía. A fecha del pasado 23 de febrero, solo un día después de la entrada en vigor del decreto autonómico, había registrados 11.117 pisos turísticos; ocho meses después, son 12.874 las referencias que se pueden encontrar en esta base de datos. Es decir, 1.753 más.
Y ello a pesar de que en este intervalo de tiempo el Consistorio ha aprobado una instrucción mediante el que limita la concesión de autorizaciones a los inmuebles que cuenten con entrada y servicios independientes del resto del edificio en el que se localicen, cumpliendo de este modo lo recogido en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), vigente desde agosto de 2011.
Como consecuencia de ello, la Gerencia de Urbanismo ha reclamado ya a la Consejería de Turismo la revocación de las inscripciones de unos 1.500 pisos que incumplen la norma, sin que hasta el momento se haya llevado a efecto la medida. En el mejor de los casos, será a finales de año cuando se cumplan los pasos iniciados por la Administración regional, sin garantías de que con ello se ponga fin al proceso.
Así lo apunta el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga, Manuel Jiménez Caro. "Al final es muy rentable dar de alta una vivienda turística porque se puede hacer en unos minutos y cuando te dicen que te van a revocar la licencia puedes presentar recursos, alegaciones y alargar el asunto lo máximo posible. Y durante ese tiempo estás cobrando el alquiler", explica de manera clara.
Y, por los datos recogidos en el último estudio elaborado por la empresa Espacio Común para el Consistorio malagueño, el negocio es más que sustancial. De media, la rentabilidad alcanza los 138 euros por día y ocupante, muy por encima de lo que reportaría el alquiler tradicional.
Para el representante de los administradores, no es descartable que las medidas que viene impulsando el Consistorio para poner coto a esta situación no surtan efectos reales hasta dentro de unos años, dado que muchos de los afectados incluso acudirán a la vía judicial.
La última vuelta de tuerca anunciada por el equipo de gobierno, que será aprobada esta misma semana por la Junta de Gobierno Local y ratificada la semana que viene por el Pleno, pasa por la modificación del PGOU para delimitar tres zonas en la ciudad, en función del nivel de colmatación de viviendas turísticas.
Solo 7 inspectores para toda la provincia
Conforme a las explicaciones dadas por la concejala de Urbanismo, la Zona 1 engloba a 43 barrios, en los que se ha detectado que el porcentaje de pisos turísticos supera el 8% en relación con el parque residencial global. En todos estos puntos no se permitirán nuevas inscripciones. Y ello afecta al Centro Histórico, a La Malagueta, a La Merced, a Lagunillas…
A esta primera zona se suman otras dos, en las que las viviendas turísticas representan el 4,57% del total de viviendas y en las que sí se permitirán nuevas aperturas (sin superar el 8%) siempre que cumplan con el acceso y servicios independientes.
El escollo con el que se topan las propuestas municipales es que su verdadera eficacia queda en manos de la Junta de Andalucía, que es la que tiene que velar para que los inmuebles que se incluyen en el Registro de Turismo de Andalucía cumplan todas las exigencias municipales. Algo que, hoy por hoy, se considera imposible.
De hecho, fuentes cercanas a la Administración regional admiten que no existe filtro alguno que impida que cualquier ciudadano pueda registrar su vivienda turística con independencia del barrio en el que se encuentre. Y esto supone un escollo sustancial para que la modificación del planeamiento, que podría ser efectiva desde principios de noviembre, sirva para controlar el fenómeno.
A este primer detalle hay que agregar otro igualmente relevante. La Consejería de Turismo apenas dispone de 7 inspectores para toda la provincia de Málaga, donde se contabilizan más de 78.600 viviendas de este tipo.
En relación con el ajuste urbanístico planteado y la creación de tres zonas en la ciudad, Jiménez Caro ha sido expresivo: "Cómo no vamos a estar de acuerdo con eso si es algo que propusimos hace cuatro años". En aquel momento, cuando el tema de la vivienda turística empezaba a ser motivo de preocupación en la ciudad, la idea de los administradores era establecer porcentajes máximos de uso por edificio y no por barrio.
"Viene a ser un paso más en la línea correcta, otra cosa es que esto tiene mucho recorrido todavía, que no se piensen los lectores que ya están controladas todas las viviendas turísticas", ha aclarado.