La decisión del Ayuntamiento de Málaga de prohibir la apertura de cualquier nueva vivienda turística en 43 barrios de la ciudad entra en su recta final. Y ello después de que el Pleno municipal haya aprobado inicialmente la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) impulsada por el equipo de gobierno y que, de facto, limita cualquier nueva inscripción en las zonas más densificadas.
La medida, que ha contado con los votos en contra del PSOE y Con Málaga, la abstención de Vox y el voto favorable del PP, será efectiva desde el momento en que el acuerdo plenario sea publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Málaga. Algo que, a priori, ocurrirá en las primeras semanas del mes de diciembre.
El impacto del ajuste urbanístico será especialmente sensible sobre aquellas áreas de la capital en las que el número de pisos turísticos supera el 8% del parque residencial total. Entre estos puntos se encuentran, por ejemplo, el Centro histórico, La Merced, Lagunillas, La Malagueña, La Victoria, El Ejido, entre otros. Todos ellos forman parte de la denominada Zona 1 de decrecimiento.
La misma ha sido definida en el marco de un profundo estudio realizado por la empresa Espacio Común por encargo del Ayuntamiento. En este trabajo se identifica una zona 2 o Zona de crecimiento acotado en las que el porcentaje de pisos turísticos es del 4,53% respecto a todo el parque residencial.
Esto permite que se otorguen nuevas autorizaciones hasta llegar al máximo del 8%, aunque siempre respetando la exigencia normativa de que los inmuebles cuenten con accesos y servicios independientes del resto del bloque. Esta zona 2 está compuesta por 32 barrios.
Y finalmente hay una zona Zona 3 o de crecimiento, con 296 barrios, en los que el peso de estos alojamientos es inferior al 4,53%. "Esta es la zona óptima de crecimiento para la implantación de las futuras VUT", se indica en la propuesta que va a ser debatida y aprobada en la comisión.
Desde el momento de la publicación en el BOP entrará en vigor la suspensión de "toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias para las áreas concretas definidas como Zona 1 y Zona 2 del plano de zonas saturadas (VUT) que se incluye en la modificación". "El plazo máximo de suspensión será por el plazo de tres años desde la publicación del acuerdo de aprobación inicial", se apostilla.
No obstante, la teoría planteada por el Ayuntamiento requiere de la participación directa de la Junta de Andalucía, que es la responsable de la inclusión o no de las solicitudes en el Registro de Turismo de Andalucía. Hay que recordar que esta no es la primera medida activada por el equipo de gobierno para poner coto a los pisos turísticos.
Desde finales de febrero, la Gerencia de Urbanismo exige que cualquier nuevo inmueble que vaya a ser explotado con fines turísticos deberá disponer de una entrada y unos servicios independientes del resto del edificio en el que se localice. Algo que incumple la mayoría de las nuevas inscripciones en el registro autonómico, sin que por el momento hayan sido dadas de baja.