Diseño original del Auditorio de Málaga.

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Málaga ciudad

Las considerables obligaciones que esconde la compra del suelo del Auditorio de Málaga

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La compra por 9 millones de euros de los 30.400 metros cuadrados del puerto de Málaga sobre los que se planifica la construcción del Auditorio de la Música, el gran sueño hasta ahora desbaratado del alcalde, Francisco de la Torre, tiene el camino expedito y está lista para quedar plasmada. 

Sin embargo, el acuerdo entre el Consistorio y la Autoridad Portuaria esconde varios condicionantes ciertamente relevantes y de calado, que buscan beneficiar y no entorpecer la operatividad del recinto portuario.

El documento de compraventa, que será suscrito entre las partes una vez el Consejo de Administración del Puerto, fijado para la semana que viene, dé validez a la operación, recoge hasta 8 condicionantes. 

Uno de ellos le garantiza al Puerto seguir explotando comercialmente esta gran extensión de terreno, que desde hace años se viene utilizando como plataforma de acopio de grandes carpas para graneles y mercancías, hasta el momento en que el Ayuntamiento adjudique las obras del futuro equipamiento cultural. 

Un hito que, en caso de prosperar la hoja de ruta trazada por el regidor, tardará aún algún tiempo en cumplirse. Pese al empeño de De la Torre por reunir a todas las Administraciones públicas en torno a esta iniciativa, la realidad es que sigue sin lograr el sí quiero del Gobierno central. Y es justamente la institución estatal la que, en la mente del mandatario local, tiene que sufragar la mayor parte de la financiación.

En concreto, 45 de los 109,1 millones que, según las estimaciones municipales, deben ser sufragados por las instituciones públicas. A la aportación del Estado se suman 25 millones de la Junta de Andalucía, 10 millones de la Diputación provincial y 20 millones del Ayuntamiento. Todas estas sumas no completan el coste ya actualizado del Auditorio, que asciende a 209 millones. Los restantes 100 millones deberán cubrirse con colaboraciones privadas.

Es evidente que la licitación de las obras queda supeditada a que el Ministerio de Cultura modifique su posición actual. Hasta que eso no ocurra, no será posible activar la contratación de los trabajos.

Sí se remarca en la propuesta de acuerdo la necesidad de que la explotación de la parcela de San Andrés se compatibilice con los estudios geotécnicos, catas, tomas de muestras que pudiesen ser necesarias para la realización del proyecto constructivo. 

Teniendo en cuenta la condición relativa a la demora en la entrega de la parcela, se remarca que los efectos de dicha condición "se extinguirán automáticamente y sin más trámite una vez constatado por ambas partes contratantes el cumplimiento de la adjudicación del contrato de obras para la construcción del auditorio sobre la parcela en cuestión". 

Desalojo de los terrenos

En ese caso, ambas partes acordarán que en dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de constatación de las obras, la Autoridad Portuaria "deberá desalojar y dejar de usar por sí misma o terceros autorizados por ella completamente la parcela vendida, procediendo, entonces, la entrega de la posesión de la misma al Ayuntamiento de Málaga comprador".

Al primer condicionante ya apuntado se suma la obligación que pesa sobre el Consistorio, como nuevo titular de los terrenos, de dedicar el terreno "a la construcción del Auditorio de Málaga, siendo motivo de resolución automática del contrato y consecuente reversión inmediata de la propiedad a la Autoridad Portuaria de Málaga el incumplimiento de esta condición". 

Otro motivo de resolución será "cualquier cambio de uso o transferencia o cesión total o parcial de la titularidad/propiedad" por parte del Ayuntamiento, "no fijándose límite temporal para la aplicación de los efectos de la citada condición resolutiva". 

A estos detalles hay que agregar el hecho de que se marca que la formalización del pago del precio se realizará antes de las 24:00 horas del día 31 de diciembre de 2024 mediante transferencia bancaria. No obstante, se marca la opción de, por una causa debidamente justificada, "pactar un nuevo vencimiento o, en su caso, calendario de pagos".