Veto definitivo a las empresas de patinetes eléctricos: Málaga prohíbe que usen la calle para dejar sus vehículos
El Ayuntamiento de Málaga pone en marcha el procedimiento para revocar las autorizaciones a las siete empresas. Las firmas dispondrán de 10 días para alegar.
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Málaga activa el veto a las empresas de patinetes eléctricos de alquiler y pone fin a una relación, a veces tormentosa, que se ha venido extendiendo desde que a finales de 2018 llegó a la capital de la Costa del Sol la primera de las compañías.
Desde ese momento, han sido continuos los episodios de tirantez entre el Consistorio y las numerosas firmas que han operado en la ciudad, en especial vinculados por los enormes problemas generados por el aparcamiento irregular de estos vehículos en las aceras y espacios públicos.
Ahora, el Ayuntamiento toma la decisión de revocar todas las autorizaciones que les han permitido actuar, cerrando la puerta a que puedan usar la vía pública para estacionar. "Si quieren operar deberán tener estacionamiento en zonas privadas", destacan fuentes municipales.
Se trata de la pérdida de eficacia sobrevenida de las autorizaciones a siete empresas explotadoras de vehículos de movilidad personal y bicicletas de pedaleo asistido para su estacionamiento en el espacio de dominio público, otorgadas por el Área de Movilidad, de forma transitoria, en diciembre de 2022. Las empresas autorizadas son Dott, Bolt, Lime, VOI, Link, Tier y Bird.
Estas autorizaciones, además de ceñirse a un número determinado de VMP y bicicletas de pedaleo asistido (192 VMP a cada una de las empresas y 300 bicicletas a Dott, 325 a Bolt y 75 a VOI), también establecían que podrían ser revocadas o modificadas en cualquier momento, por razones de interés público, sin que el titular de la autorización tuviera derecho a indemnización o compensación alguna.
También hacían alusión a que se autorizaba, expresamente, a los vehículos especificados e identificados en la resolución emitida a cada empresa, y éstas asumían la responsabilidad del mal estacionamiento de los VMP y de las bicicletas, tanto si la realizaba la propia empresa, como si la realizaban los usuarios del servicio.
Tras detectar determinados incumplimientos por parte de las empresas autorizadas, Movilidad inició, de oficio, un procedimiento de comprobación del grado de cumplimiento de las obligaciones y condiciones a las que están sometidas, expresamente, cada una de ellas.
Del mismo, llevado a cabo por la Policía Local, se ha determinado que seis de las siete empresas autorizadas no cumplen el condicionante establecido en cuanto a operar con los vehículos expresamente autorizados. En el caso de la séptima empresa, se revoca la autorización porque no ha llegado nunca a poner en servicio los vehículos.
Una vez notificada la decisión, los titulares de las autorizaciones dispondrán de un plazo de audiencia de 10 días hábiles, en el que podrán alegar lo que consideren oportuno en defensa de su interés. Cabe recordar que contra el acuerdo no cabe recurso en vía administrativa.