El dato que confirma que la okupación ilegal crece en Málaga: los pisos públicos, el nuevo gran foco

El fenómeno de la okupación ilegal de viviendas ha crecido de manera exponencial en los últimos años en Málaga. Si bien las cifras de casos detectados no son particularmente elevadas, sí lo es el aumento de episodios constatados por el Ayuntamiento de la capital de la Costa del Sol a través de la Oficina del Derecho a la Vivienda (ODV).

Este ente, creado por el Instituto Municipal de la Vivienda para atender las necesidades de los ciudadanos que tienen problemas con el pago de los inmuebles, tiene entre sus líneas de trabajo, una dedicada a las okupaciones irregulares.

En este caso, como precisa el concejal del ramo, Francisco Pomares, este órgano atiende principalmente a los responsables de okupaciones, que buscan asesoramiento jurídico gratuito e intermediación.

Aunque la fotografía que puede tomarse de las estadísticas de la ODV no permite dibujar en su totalidad el asunto, sí es una aproximación cierta sobre el estado de la cuestión. Tomando como referencia esta fuente, es particularmente significativo el incremento del 327% de consultas recibidas por este motivo. En concreto, de los 115 casos de 2019 se ha pasado a 492 en 2023. 

La información oficial de la Oficina del Derecho a la Vivienda, que cumple diez años de funcionamiento, incluye los datos parciales de 2024 hasta finales del pasado mes de septiembre. Conforme a la tabla, durante los primeros nueve meses del ejercicio fueron 337 las atenciones realizadas, lo que supone una media de unas 37 al mes. algo por debajo de lo ocurrido en 2023.

Perfil de la vivienda okupada

El documento de referencia permite, asimismo, conocer el perfil de la vivienda okupada. Poniendo el foco en el último año completo, 2023, se precisa que de todas las consultas realizadas, 245 de las okupaciones correspondían a inmuebles de grandes tenedores privados (entendidos como las personas físicas o jurídicas titulares de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados). Tras esta figura aparece con 134 casos las entidades públicas que son grandes tenedoras, así como 101 episodios de viviendas de pequeños tenedores. 

Es particularmente llamativa la comparativa con los datos parciales de 2024. Porque aunque el ejercicio no está completo, se aprecia un crecimiento acusado en el caso de okupaciones de viviendas de entidades públicas. En concreto, en esos primeros nueve meses, hubo 184 episodios, 50 más que en todo 2023. Y son 141 más que en 2022. De hecho, estos inmuebles superan a los de los grandes tenedores privados, que aparecen con 83.

Según explica Pomares a EL ESPAÑOL de Málaga, la evidente variación al alza de casos atendidos sobre okupaciones ilegales viene a coincidir con el momento en que se han adoptado una serie de medidas por parte del Gobierno central. Iniciativas con las que se buscaba proteger a aquellas personas que tenían dificultades para pagar la vivienda y a las que se sumaron las adoptadas con motivo de la pandemia de la Covid.

"Esas ideas, que en principio parecían interesantes, unidas a la lentitud para proceder a un desalojo, ha hecho que actuar contra aquellos que han okupado viviendas sin contrato alguno, por la fuerza, sea más difícil", explica el edil. Ante esta situación, el concejal malagueño reclama que las medidas judiciales para desalojar a quienes okupan un piso por la fuerza sean más afectivas.

Endurecimiento de la vigilancia del parque público 

En relación con el incremento de okupaciones en las viviendas del parque público, Pomares lo relaciona con el endurecimiento de las acciones que tanto el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía vienen aplicando en los últimos años con el objetivo de regularizar los inmuebles que estaban okupados de manera ilegal.

"Si ya es grave ocupar una vivienda libre o vacía, mucho más lo es si esa vivienda es pública, ya que detrás hay una familia que tiene un derecho, pero que no puede disfrutar de él", enfatiza, recordando que los legítimos adjudicatarios cuentan con informes sociales que avalan su necesidad.

En esta estrategia por intentar liberar los inmuebles del parque municipal, Pomares habla de un incremento de la vigilancia y desvela conversaciones con la Fiscalía y con los juzgados para que "agilicen este tipo de procesos". La trascendencia de ello es clave, ya que, apunta, que hay episodios que pueden acumular dos o tres años desde que se detecta la ocupación ilegal y se procede al desalojo.