Una empresa de origen británico está promoviendo una gran operación urbanística en plena Costa del Sol con el objetivo de construir una residencia de cuidados paliativos pensada para atender, entre otros, a pacientes procedentes de países donde está prohibida la eutanasia.
Esta circunstancia abre un mercado muy amplio de pacientes. Sirva decir, por ejemplo, que en Reino Unido se permite la eutanasia pasiva y la sedación paliativa y/o terminal, pero no la eutanasia o el suicidio asistido.
El proyecto ya se encuentra en fase de tramitación desde hace varios meses por parte del Ayuntamiento de Mijas, que ha dado luz verde inicial a la innovación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la localidad.
El propósito de esta acción, que afecta a un ámbito de unos 34.800 metros cuadrados, no es otro que pasar un suelo de uso residencial, donde se autoriza la construcción de 112 viviendas libres y 34 VPO, a terciario. El techo edificable previsto del equipamiento sanitario y social es de 10.500 metros cuadrados.
En el expediente se indica que si en las anteriores versiones el promotor, Bawtry Investments Limited, propietario del 95% de los terrenos, apostaba por un equipamiento privado socioasistencial de alojamiento comunitario, en última instancia, tras la aprobación de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, que regula la eutanasia, se aboga por "una residencia de cuidados paliativos para aquellos
pacientes de países donde no está legalizado este derecho, y que deseen solicitarlo". "Esta última visión viene a corroborar el sentido socio comunitario implícito en el objeto de la innovación", se añade.
Para acceder a este derecho, los pacientes deben presentar una enfermedad grave e incurable, con fragilidad progresiva y pronóstico de vida limitado, en una situación avanzada o terminal. De la misma también se posibilita a las personas con "padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable".
Y abre el derecho a recibir esta asistencia a aquellos residentes nacionales o extranjeros que residan legalmente en España y dispongan de un certificado de empadronamiento en el que se acredite la residencia superior a 12 meses.
Emplazamiento de los terrenos de Mijas.
Segundo centro en España
A ojos de los promotores, el envejecimiento de la población "refuerza la consideración de este tipo de usos terciarios con asistencia sanitaria", al tiempo que llaman la atención sobre el hecho de que el de Mijas sería el segundo de toda España especializado en cuidados paliativos. Habla de un proyecto "muy ambicioso", que ofrecerá un servicio "muy humano y muy necesario de crear a nivel nacional, internacional, y que dará gran potencial a la Costa del Sol".
Conforme a los detalles técnicos recogidos, la futura residencia dispondrá de 110 unidades de alojamiento, con una capacidad estimada de 220 personas. La ejecución material de estas edificaciones se estima en unos 14 millones, a los que sumar del orden de 2,6 millones de la etapa de urbanización de los terrenos.
Aunque el proyecto queda condicionado a la tramitación administrativa, incluyendo los informes ambientales correspondientes, se estima como posible el inicio de las obras de urbanización en 2026, contemplándose su finalización a lo largo de 2029.
Ingresos millonarios
Pese al volumen de inversión planteado, los números confirman la viabilidad económica de la operación. Los informes planteados por la promotora elevan a unos 39.000 euros diarios el ingreso diario por la estancia en la residencia. No obstante, pondera una posible ocupación del 50% de las plazas durante todo el año, lo que reportaría 19.500 euros diarios, lo que, traducido al ejercicio completo, supondría 7.117.500 euros al año. O lo que es lo mismo, casi 71,2 millones a los 10 años.
En su análisis de la cuestión, la empresa, dado el comportamiento de la explotación de otros alojamientos comunitarios, asume que dos tercios de los ingresos van destinados a costes varios, quedando solo un terciario en concepto de beneficios. En cualquier caso, aplicando esta línea, a diez años vista los beneficios serían de unos 23.725.000 euros.