Málaga debe acabar con el exceso de burocracia o corre peligro de entrar en barrena
Málaga es una de las provincias que más proyección económica tiene de toda España. Distintos factores —el crecimiento de su población, la apuesta por el sector tecnológico y el desarrollo de un turismo de calidad— que, sumados, la convierten en la locomotora del crecimiento económico de Andalucía. Sin embargo, Málaga vive a su vez una situación paradójica. Tanto que, de no atajarse, se atisba la catástrofe.
Cómo si no puede describirse un escenario en el que podría perderse una inversión de 13.568 millones de euros en una década. Y es que, al tiempo que Málaga se ha posicionado como un motor de crecimiento económico regional, en los últimos 20 años se ha producido un descenso acumulado del 91,14% de la vivienda visada. Y si prestamos atención al ámbito de la VPO, el dato estremece: en los últimos cuatro años la vivienda protegida sólo ha representado un 2,2% del total de obras visadas en la provincia.
Es decir, el sector de la construcción, que representa el 8,43% del PIB de la región y da empleo al 28,3% de la población activa de Málaga, corre serio peligro. Algo que tiene un efecto directo en el conjunto de la población, pues en los últimos siete años el precio medio del metro cuadrado ha aumentado un 41,9%.
Se están dando todos los indicadores de una tormenta perfecta que se cierne sobre la región, con especial incidencia en el caso de Málaga capital. Una tormenta que, más allá de afectar de forma directa al sector de la construcción —recordemos que da trabajo a 1 de cada 4 malagueños—, tiene un impacto directo en la economía regional por la subida de precios de las viviendas y afecta también a las arcas públicas, pues se calcula que entre 2015 y 2020 se han perdido 11,5 millones de euros de recaudación directa.
De forma que uno de los principales sectores económicos de la región está en peligro, el conjunto de la sociedad sufre sus efectos de forma directa por el alza de precios de la vivienda y, además, las administraciones dejan de ingresar millones de euros. Un escenario, como decimos, cuando menos muy preocupante.
Desde Foro Regulación Inteligente hemos analizado con detenimiento la situación que vive Málaga y hemos llegado a la conclusión de que, pese a la gravedad de los indicadores, es posible revertir la tendencia y afianzar el crecimiento económico antes de que sea demasiado tarde. Algo que, en gran medida, pasa por recuperar la actividad del sector de la construcción, que tanto peso directo tiene en la región y condiciona la pérdida de actividad económica, pues no afecta solo a las nuevas construcciones, también a la rehabilitación de viviendas y edificios.
Para ello, resulta imprescindible acudir a la base del problema. Y es que, como decíamos, en 20 años se ha dado un descenso de vivienda visada del 91,14%. Por tanto, uno de los factores clave para la reactivación económica del sector, y por ende del conjunto de la economía, pasa inexorablemente por terminar con el bloqueo burocrático que sufre la tramitación de licencias, especialmente en Málaga capital.
El promedio de tramitación es de 13,5 meses, cuando la normativa establece un periodo de tres meses; a ello se suma que en, un 60% de los casos, los arquitectos tienen que realizar tres o más consultas para la tramitación de visados y que el 90% de dichas consultas exige presencialidad en el Ayuntamiento, donde además se tarda una media de entre 8 y 16 meses en tramitar los expedientes. No es pues de extrañar que el 65% de los arquitectos muestren su preocupación por las dificultades de los procedimientos administrativos. De hecho, el 80,3% considera que el exceso de burocracia en el campo de la rehabilitación es un problema grave.
Hay que revertir la situación terminando con el exceso de burocracia. Para ello, el Ayuntamiento de Málaga tiene que tomar las riendas de la situación y apostar poa la digitalización y la tramitación electrónica, para lo que además puede aprovechar el impulso de los fondos europeos de recuperación. Se trata de optimizar los procedimientos administrativos y agilizar por tanto la autorización de licencias de obra mayor, para lo que es necesario ejecutar un plan de inversiones en mejoras tecnológicas en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, redefinir los protocolos de acceso y visita de los técnicos y posibilitar que los informes sectoriales puedan tramitarse en paralelo para recortar plazos.
Es momento de tomarse en serio la situación, de lo contrario se corre el peligro de que el escenario, que ahora es de alarma, se consolide y resulte irreversible. Una buena gestión municipal, como la que se ha llevado a cabo en el caso del Consistorio de Marbella, demuestra que el cambio no sólo es necesario sino posible.
*Diego Sánchez de la Cruz es director de Foro Regulación Inteligente.
