Asimismo, está prevista la continuación de otras medidas de mejora como la realización de un control temprano a través de un mapa de riesgos de carácter preventivo que permita detectar situaciones de riesgo censal a la entrada en el censo de nuevos contribuyentes, en particular posibles incursiones de entidades controladas de manera efectiva por contribuyentes con conductas tributarias reprochables en el pasado, sobre los que se pretende realizar un seguimiento para prevenir posibles incumplimientos tributarios futuros…”

Este párrafo se incluye en el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero del año 2023, recientemente publicado, y, en un primer impulso, nos podría venir a la mente lo que sucedía en la película “Minority Report”, en la que una unidad especializada de policía detenía a las personas antes de que cometieran un delito, basándose en su comportamiento en el pasado, y su influencia en hábitos futuros.

La diferencia entre la ficción y la realidad la deberíamos encontrar en los derechos y garantías que asisten a los contribuyentes cuando son objeto de comprobación o inspección por parte de la Administración tributaria.

Precisamente, en ese marco garantista, y de transparencia, se publican todos los años los sectores, tipología de contribuyentes u operaciones, que van a ser objeto de inspección prioritaria por parte de la Hacienda Pública en ese ejercicio concreto.

En estas líneas destacaremos algunos de ellos, empezando por el sector de la construcción, reformas y rehabilitación de viviendas, que recibirá en este año visitas de la Inspección de Hacienda a la sede de la empresa de forma más recurrente que otros sectores. En estos casos, será importante prestar atención a los lugares, y espacios, de la empresa en los que se desarrolle la labor inspectora, al consentimiento que se preste, o a los procedimientos, y demás mecanismos legales, a los que puede acudir el contribuyente en defensa de sus derechos.

También habrá actuaciones concretas para comprobar la titularidad de inmuebles en España a través de sociedades por parte de no residentes fiscales en nuestro país, de cara a verificar si han declarado correctamente los impuestos asociados a su situación patrimonial.

Siguiendo en el plano inmobiliario, se pondrá el foco en el análisis de la información disponible sobre titularidad real de sociedades opacas con inmuebles residenciales de alto nivel.

Este año llama la atención la inclusión en el Plan de Control Tributario de las comprobaciones sobre Agrupaciones de Interés Económico en aquellos casos en los que hayan servido como vehículos para trasladar y comercializar beneficios fiscales a terceros inversores.

La revisión de las bases imponibles negativas, las deducciones, y, en general, los créditos fiscales pendientes de compensar en el Impuesto sobre Sociedades, también ocupará el tiempo de la Inspección de Hacienda en este año 2023.

Por último, y no menos importante, la Administración tributaria va a redoblar sus esfuerzos en comprobar la situación de los contribuyentes que declaren ser no residentes fiscales en España, por si, en realidad, fuesen residentes fiscales en territorio español, debiendo tributar, en ese caso, por su renta mundial a través del IRPF.

En este tipo de inspecciones acerca de la residencia fiscal no es fácil encontrar dos casos exactamente iguales. Y, en no pocas ocasiones, la balanza se acaba inclinando hacia un lado u otro (es decir, por la residencia fiscal en España o en otro país) por pequeños detalles. Serán importantes cuestiones como el estado civil, el tipo de actividad (o trabajo) que se desempeñe, la localización de los intereses económicos, la existencia de un certificado de residencia fiscal emitido por autoridades tributarias extranjeras, o de certificados de empresa, el pago de impuestos en otros países, los pagos de alquileres, o los recibos de suministros.

En gran parte de los casos de residencia fiscal, la disputa con la Administración tributaria se acabará dirimiendo en los tribunales, de forma que pasaríamos de “Minority Report” a “La Guerra de las Galaxias”.

Joaquín López Avellaneda es Director del Área Fiscal de PwC Tax & Legal en la Oficina de Málaga.