Hacía tiempo que no hablaba con Susana García Bujalance, la urbanista compañera del Ágora. Casi siempre lleva la conversación al impacto social de las transformaciones urbanas, casi siempre pone a los ciudadanos y, sobre todo, a las ciudadanas en el centro del debate.

¿Por qué las mujeres se mueven así en la ciudad? ¿Dónde viven, dónde trabajan, dónde están los coles, dónde sus padres mayores que hay que atender, dónde los centros comerciales? ¿Dónde vive ese ejército silencioso de mujeres que trabajan cuidando a nuestros mayores y niños, asistiendo en el hogar? ¿De dónde vienen y a dónde van? ¿Tienen vehículo propio? ¿Usan el transporte público? ¿A qué horas se desplazan? ¿ha amanecido o atardecido? ¿Se sienten seguras? ¿Y los jóvenes? ¿Y el flujo a la Costa del Sol de los trabajadores de hoteles, restaurantes, servicios en general?

Esta semana Málaga ciudad canceló cientos de licencias de apartamentos turísticos para reducir la presión sobre la vivienda. El alcalde, Francisco de la Torre, planteó una tasa a estos apartamentos que se destinaría a viviendas para familias en riesgo de exclusión.

El problema de la vivienda para los jóvenes es evidente. Miro los rankings mundiales y las tres mejores ciudades para vivir son Viena, Copenhague y Zurich. La quinta es Ginebra empatada con Calgary. Allí la vivienda vale un potosí. Hay más vivienda en alquiler que en propiedad y no hay tal preocupación social.

¿Qué hacen por ejemplo en Copenhague? La promoción y desarrollo del suelo la hace una empresa pública que se llama By &Havn, dejando importantes plusvalías e ingresos en el lado público, dotando de más recursos a la ciudad y permitiendo contener el crecimiento de los impuestos.

Además, pueden impedir la especulación con el precio suelo. Muchas veces escuchamos que hay grupos constitucionalistas y otros que no tanto. El Artículo 47 de la Constitución Española de 1978 establece que todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna y adecuada, y deja en manos de los poderes públicos la tarea de adoptar medidas y políticas que garanticen este derecho y luchen contra la especulación inmobiliaria.

Literalmente: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.”

Quizá ahí haya parte del problema. Una administración que financia mal a sus comunidades autónomas, con diferencias de inversión por ciudadano tan acusadas y que deja en manos de los consistorios la financiación a través de las plusvalías del suelo y la edificación, difícilmente se va a dar un tiro en el pie reduciendo su capacidad de financiarse a través de las plusvalías que genera el desarrollo inmobiliario en casi todas sus etapas.

El suelo, su desarrollo, la vivienda son asuntos complejos en los que las reflexiones de Susana me ayudan a entender, no solo su complejidad, sino lo mucho que se tarda en poner en marcha decisiones.

Pensar que en 1930 el Golden Gate se decidió y ejecutó en solo un año es hoy ciencia ficción. Vamos para atrás. Casi todos los desequilibrios, siguiendo la norma de Lavoisier para el equilibrio químico se tienden a compensar. Es verdad que la presión turística y la llegada de perfiles profesionales más cualificados ha puesto presión sobre la vivienda disponible y su precio. Cuanto más éxito económico tienen las ciudades más sube el valor de sus inmuebles.

Lo bueno es que, en casi toda España, y Málaga no lo es menos, la gente tiene su casa en propiedad, con o sin hipoteca. En España, del orden del 75% de los hogares son en propiedad. Desde 2000, año en que me compré mi casa en Teatinos, según Fotocasa, se ha revalorizado en más de un 300%. Es decir, que la riqueza patrimonial de muchos de esos malagueños se ha multiplicado, revalorizando uno de los mayores destinatarios del ahorro, y permitiendo el acceso a financiación para comprar otras viviendas, invertir, o simplemente ocio.

La inmensa mayoría de los malagueños se ha beneficiado patrimonialmente de que sus casas valen más, y de que el valor de estas respecto de las hipotecas, el apalancamiento, por el efecto de la revalorización de estos, y a pesar de las subidas de intereses, se han desendeudado en términos del porcentaje del valor del bien que supone la hipoteca.

Hay una cara amarga en la escasez de vivienda y la dificultad de acceso de los jóvenes, pero hay también una enorme mejora de la situación patrimonial de la mayoría de los ciudadanos.

No hay soluciones ni mágicas ni rápidas. Un conjunto de acciones, como aumentar la oferta de vivienda protegida y libre, aumentar el parque de vivienda pública en alquiler como en Berlín, aumentar las plazas de colegios mayores y residencias que liberen pisos de estudiantes para que los puedan alquilar familias, otros usos del suelo como el co-living o facilitar el transporte hacia las áreas de desarrollo urbano futuro o que tiene mayor oferta de suelo y vivienda asequible o limitar las licencias turísticas a un porcentaje máximo del parque total de vivienda, las tasas que propone el alcalde…

Con la pésima pirámide poblacional que tenemos, que más se parece a un botijo que a un triángulo, las administraciones públicas se enfrentan a un reto recaudatorio sin precedentes.

Desde 1960, los países de la OCDE han pasado de invertir en gasto público el 30% del PIB a más del 40% y la tendencia no para de crecer. Todos los países industriales del G20 están en una carrera de gasto público motivada en buena parte por la evidencia de carencias estratégicas durante el COVID19.

Con este crecimiento del gasto se podría inferir que la inversión pública en I+D+i ha crecido proporcionalmente. Siento defraudarles, pero, de facto, ha pasado de entorno al 10% a menos de la mitad hoy. Lo que dice el informe Draghi sobre el sobre esfuerzo inversor del 5% del PIB de Europa para recuperar autonomía estratégica es consistente con esas cifras. Lo que no es consistente es que no se actúe decididamente sobre el ensanchamiento de la base de la pirámide demográfica. El gasto social en la OCDE ha pasado del 14% al 21% del PIB entre 1980 y 2022.

Decía Andreu Mas-Colell, el ex Conseller de Economía y catedrático de Microeconomía en Harvard que el reto de la financiación autonómica es fundamentalmente un reto de financiación de la sanidad (porque las pensiones las paga el Estado) y la educación. Con poblaciones cada vez más longevas y envejecidas esto no parará de crecer, empujando a los gobiernos a recaudar más si no se amplía el número de contribuyentes y cotizantes jóvenes.

La inversión en I+D ha caído porque las subidas de impuestos han sido mucho menores que los incrementos de gasto total y social con lo que en términos de porcentaje de PIB ha bajado sustancialmente en 60 años.

Draghi propone ponernos las pilas, el esfuerzo fiscal deberá ir acompañado del esfuerzo inversor y esto no suele ser popular. Ya hay voces que aseguran que los países frugales de la UE no aceptarán ni mutualizar deuda para esto ni estos niveles de inversión. Veremos.

Los retos son enormes y complejos, la reflexión conjunta con colegas del Ágora enriquecedora.