El pasado 27 de noviembre, las nueve universidades públicas andaluzas (faltaba la Universidad Internacional de Andalucía) emitieron un “comunicado conjunto sobre los incumplimientos reiterados de la Junta en materia de financiación”. El ahogo financiero de las universidades públicas en la Comunidad de Madrid y la apertura de nuevas universidades privadas en Andalucía están en la trastienda de una aparente decisión política, la de infrafinanciar el sistema universitario público para debilitarlo, que, de confirmarse, debería preocupar a toda la sociedad.
La defensa de las universidades públicas no debe ser ideológica, aunque bien podría serlo; los motivos deben ser, también y por encima de todo, institucionales y estructurales. En un mundo tecnológico donde la innovación marca la diferencia, las universidades suelen ser las principales protagonistas del esfuerzo territorial en investigación y desarrollo, en I+D. Debilitar a la principal fuente de generación de conocimiento es, claramente, pegarse un tiro no en el pie, sino más bien a la altura de la rodilla. Un conjunto de recientes informes institucionales así lo demuestra.
En abril de 2024, se publicó el informe anual de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), que preside Ana Botín, que avala “el rol esencial de la universidad en la generación de conocimiento”. Las universidades españolas generan 7 de cada 10 publicaciones científicas, y los últimos datos de inversión en I+D ejecutada por el sistema universitario muestran que el 90% corresponde a las universidades públicas.
Asimismo, la semana pasada el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó la Estadística 2023 sobre actividades de I+D, con algunas cifras elocuentes. El gasto en I+D interna supera los 12.600 millones de euros, de los que el 56% corresponde a las empresas, el 25% a las universidades (5.700 millones) y el porcentaje restante a las administraciones públicas.
Con estos datos del INE, la Fundación COTEC ha preparado un análisis en el que destaca la recuperación de los niveles prepandemia en la inversión en I+D. Sobre Andalucía -cuyo gasto por habitante, de 268 euros, sigue lejos de la media nacional de 470 euros-, destaca el avance del último ejercicio: “por ejemplo, el incremento de la inversión en Andalucía ha sido de 395 millones de euros, el 12,9% del total, mientras que su participación en la I+D española es menor, del 10,2%”. Esto es, Andalucía aumentó su inversión por encima de lo que le correspondía en función de su importancia relativa en el conjunto del territorio nacional.
Hay un gráfico significativo de la Fundación COTEC que ubica a nuestra Comunidad Autónoma en el conjunto de las comunidades “convergentes”:
Gráfico
De esta manera, y desde esa mirada lúcida que el periodista Albert Lladó (basándose en Albert Camus) identifica con la voluntad de transformar, y no con el deseo vanidoso de influir, debemos preguntarnos qué queremos para Andalucía y cómo podemos conseguirlo, en el ámbito de la innovación y el desarrollo tecnológico. Y si somos conscientes del papel fundamental del sistema universitario público, entonces deberíamos exigir su correcta financiación.
La propia Junta de Andalucía, además, lo reconoce: “tal y como se desprende del informe sobre ‘Actividades de I+D en Andalucía 2023’, elaborado por la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), adscrita a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, a partir de los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), (…) como viene sucediendo en años anteriores, en Andalucía el esfuerzo inversor en investigación y desarrollo procede, mayoritariamente, del sector público (Administración pública y enseñanza superior), que continúa actuando como palanca tractora de la inversión regional en I+D. Esta esfera aportó en 2023 el 65,4% de los recursos invertidos en la región, lo que equivale a 1.496 millones de euros. El segmento privado, que engloba a empresas e instituciones privadas sin fines de lucro, destinó a estas actividades 790 millones, lo que supone un peso del 34,6% en el conjunto de la inversión”.
Este informe que cita la Consejería de Universidades no es público, no se ha podido encontrar en ninguna web institucional, pero ahí están los datos y, con ellos, las contradicciones.
Sin embargo, las exigencias no sólo deben dirigirse hacia la Junta de Andalucía. Es necesario también pedir al conjunto de universidades que se financian con fondos públicos la correspondiente mejora de sus sistemas de gestión y de control interno.
Los informes de la Cámara de Cuentas de Andalucía siguen revelando importantes deficiencias en materia de cumplimiento normativo y notables debilidades en el control interno de los fondos que manejan estas instituciones, de manera que cualquier reivindicación a la administración financiadora (Junta de Andalucía en este caso) debe situarse al mismo nivel que la exigencia a las organizaciones financiadas (las universidades públicas) con respecto al uso correcto, adecuado y transparente de los fondos que reciben.
También parecen haber caído en saco roto las recomendaciones que hizo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en el estudio sobre el Sistema Universitario Público Andaluz emitido en julio de 2020 a instancias de la propia Junta de Andalucía. En todo caso, si podemos presumir de que la inversión en I+D en Andalucía ha crecido casi un 21% en 2023 y supera los 2.285 millones de euros, el mejor dato de la serie histórica, entonces parece conveniente hacer todo lo posible para mantener esa buena senda, desde la responsabilidad institucional de todos los actores implicados y mirando siempre a largo plazo, más allá de los ciclos presupuestarios anuales.