La Fiscalía de Málaga ha retirado la acusación a dos de los seis procesados en el caso Acinipo, sobre la supuesta corrupción urbanística en la localidad malagueña de Ronda, cuyo juicio se celebra desde el pasado 4 de julio en la Sección Octava de la Audiencia Provincial.
Según han confirmado fuentes judiciales, el fiscal ha informado este jueves, en el trámite de conclusiones definitivas del juicio, de que retirada la acusación para uno de los exediles, en concreto Francisco Cañestro; y para un empresario.
De esta forma, son cuatro los acusados que continúan en la causa, dos exconcejales (una sigue siendo edil), el exsecretario municipal y el que fuera arquitecto del Ayuntamiento, toda vez que IU, personada como acusación popular, tiene que acogerse a la decisión del fiscal, han indicado otras las fuentes del caso.
La Fiscalía acusa por delitos de prevaricación, falsedad y cohecho, según el caso, en relación con operaciones urbanísticas. Todos los procesados se declararon inocentes al inicio del juicio, que está previsto que este viernes quede visto para sentencia.
La causa se centra en el proceso para la construcción de una gran superficie comercial a Ronda y los trámites realizados al respecto, como la enajenación presuntamente "irregular" del antiguo recinto ferial, las sucesivas adjudicaciones también supuestamente irregulares de obra pública a una empresa, así como un préstamo de dicha sociedad.
En cuanto a la enajenación "irregular" del antiguo ferial, la Fiscalía explica que un empresario local, ya fallecido, acordó en 1998 con los responsables de un grupo empresarial implantar un centro comercial y logró posteriormente el apoyo del Ayuntamiento al "aprovechar la fluida relación que mantenía con el entonces alcalde, Antonio Marín Lara (también fallecido) que en septiembre de 2004 había accedido a la Alcaldía tras una moción de censura.
Según el fiscal, el entonces alcalde, alegando que Ronda "necesitaba un gran centro comercial que generaría puestos de trabajo e impulsaría la economía local", tomó desde 2005 decisiones urbanísticas "arbitrarias" en favor del interés privado, "lejos de respetar los procedimientos legales y cumplir con su deber de defender la integridad del patrimonio municipal".
"Para salvar obstáculos jurídicos y solapar sus auténticos objetivos", dice el ministerio fiscal, el entonces alcalde contó "al menos con la colaboración" de los entonces secretario y arquitecto municipales, "urdiéndose un sencillo plan" que consistía en tramitar dos expedientes separados, uno de permuta y otro de planeamiento urbanístico, "como si se tratara de actuaciones promovidas por dos empresas independientes".
La Fiscalía se refiere también a supuestas "irregularidades" del expediente de modificación de elementos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y al préstamo de 45.000 euros a exediles acusados por parte de la empresa del constructor local, que logró supuestamente retrasar un pago al Ayuntamiento, así como a la adjudicación por parte del exalcalde del asfaltado de varias calles "de forma directa y arbitraria a un amigo", que está acusado, con un importe que "doblaba la cuantía máxima de la contratación menor".