La incansable lucha contra la siniestralidad en las carreteras por parte de las autoridades es más que un hecho. En los últimos años es una realidad que las cifras de fallecidos han descendido de forma significativa gracias a todo tipo de medidas ejecutadas por las administraciones competentes. 

No todas las medidas son del gusto de los usuarios, que nos quejamos, sobre todo, de la extrema persecución que se hace a la velocidad, un concepto que se ha demonizado con el paso del tiempo. Es evidente que el exceso de velocidad es una de las principales causas de mortalidad en las carreteras españolas, y las administraciones luchan contra ello con todo tipo de herramientas. 

Todos sabemos a qué nos referimos si hablamos de uno de los elementos más odiados por los conductores de nuestro país. Sí, justo. Los cinemómetros, más conocidos como radares detectores de velocidad. Cada día más abundantes e inteligentes, podemos encontrarlos de todo tipo: de tramo, fijos, de semáforo, ocultos, móviles...

En nuestro país existen a día de hoy casi 1.000 radares que se encargan, en mayor o menor medida, de controlar la velocidad de los vehículos que circulan por nuestras carreteras, aunque una de las mayores quejas es el afán recaudatorio de la mayoría de los radares, que se colocan en zonas aparentemente sin un peligro concreto, con buena visibilidad y buen asfalto, en lugar de colocarse en zonas peligrosas con una marcada siniestralidad. 

Hace unos días el Director General de Tráfico del Ministerio del Interior, Don Gregorio Serrano, anunciaba una inversión cercana al millón de euros -860.000€ concretamente- para la adquisición de 60 nuevos radares móviles. En principio esto no tendría que suponer una noticia, pero lo es si tenemos en cuenta que se trata de radares que se instalarán en motocicletas de la Guardia Civil. 

Con un coste unitario ligeramente por encima de los 14.000€, estos radares son mucho más compactos y ligeros que los instalados en los vehículos camuflados. Gracias a sus características, se permite una utilización y colocación mucho más precisa, mejorando de esta manera, y de forma teórica, su efectividad. 

Con esta medida se pretende reforzar aún más la vigilancia en la carretera en un 2017 en el que la siniestralidad está repuntando por segundo año consecutivo, pero en el que, sin embargo, las cifras de recaudación por sanciones de radares están batiendo todos los récords, alcanzando ya, en 2016, los 164 millones de euros, un incremento del 29% respecto 2015. 

La DGT cifra en 300 los fallecidos en 2016 por culpa del exceso de velocidad. Sin embargo, no se menciona el empeoramiento del estado de la red vial, obviando también la cuestión estadística derivada de la mejora en la situación económica de nuestro país, que trae consigo un mayor número de desplazamientos por carretera.