Renault ha anunciado que la compañia del rombo ha sido interrogada el martes 8 de junio para responder a la acusación de engaño.
La razón de esta investigación se debe a un proceso judicial abierto en 2017 y que tenía relación con las generaciones anteriores de vehículos diésel.
Fruto de esta investigación Renault deberá pagar una fianza de 20 millones de euros, 18 millones de los cuales se destinarán al posible pago de daños y multas, y deberá aportar una garantía bancaria de 60 millones de euros dedicados a la posible indemnización de pérdidas.
La empresa, no obstante, se declara inocente. Renault niega haber cometido delito alguno y recuerda que sus vehículos no están equipados con ningún software de manipulación para dispositivos de control de la contaminación.
"Renault siempre ha cumplido con las normativas francesas y europeas. Los vehículos Renault siempre han sido homologados de acuerdo con las leyes y normativas vigentes", señala la compañía.