Este año empieza fuerte para los fabricantes de vehículos, especialmente para los que no tienen una gama electrificada. Cabe recordar que la normativa CAFE (Clean Air For Europe) entró en vigor el pasado 1 de enero, un reglamento que establece que las emisiones de CO2 tienen que ser de 93,6 gr/km para los coches vendidos en los 27 países de la UE.
De esta forma, las marcas que excedan ese rango podrían enfrentarse a multas de hasta 95 euros por cada gramo excedido. Además, el límite fijado de este año será todavía más bajo, estableciéndose en 49,5 gr/km, con el objetivo de prohibir la ventas de coches de combustión en 2035.
¿Qué consecuencias tiene esto? Las firmas automovilísticas, en la gran mayoría de casos, se han visto con el agua al cuello. La primera solución (y la más lógica) sería vender más coches eléctricos para reducir la media de emisiones, pero no todas las marcas tienen este tipo de modelos en su gama o cuentan con elevados volúmenes de ventas.
Sin esto último, la estrategia a seguir es crear un fondo para la compra de créditos de carbono a fabricantes con coches mayoritariamente eléctricos (o híbridos). Así, las empresas del sector buscan "agrupar" sus emisiones con las de estas firmas, adquiriendo derechos de emisiones para disminuir la media general de contaminación.
Marcas afectadas
Por el momento, se han creado dos bloques de alianzas. Por un lado, se encuentran el Grupo Stellantis, Toyota, Ford, Mazda y Subaru, que quieren unir sus emisiones con las de Tesla, mientras que, por otro, Mercedes haría lo mismo con las de Polestar, Volvo y Smart, tres marcas pertenecientes al gigante chino Geely.
Polestar y Smart pueden presumir de producir sólo coches eléctricos, si bien Volvo tiene muchos modelos híbridos enchufables (PHEV). En ambos casos, al tener unas gamas electrificadas, pueden permitirse comercializar sus créditos de carbono excedentes y ponerlos en común con los que los "necesitan".
Para Tesla, las ventas de sus derechos podrían registrar unos ingresos de hasta 1.000 millones de dólares (más de 971 millones de euros), según las estimaciones realizadas por el banco de inversión suizo UBS.
En este sentido, Volvo confirmó que estaba en camino de cumplir con el objetivo de emisiones para 2025. "Nuestras emisiones globales por vehículo se han reducido en más del 40% desde 2018", detalló la compañía. En el período de enero a septiembre de 2024, las ventas de créditos representaron aproximadamente el 0,3% de sus ingresos totales.
De acuerdo con Reuters, ambos consorcios están abiertos a otros fabricantes de automóviles. Los nuevos participantes deberán presentar su solicitud antes del 5 de febrero para el grupo liderado por Tesla, y antes del 7 de febrero para la coalición encabezada por Mercedes, si bien las marcas de coches tendrán que notificar a la Comisión Europea los acuerdos de agrupación antes del 31 de diciembre de cada año.
Por el contrario, el Grupo Renault ha señalado que el fondo común de emisiones de CO2 para eludir las multas de la normativa CAFE podría perjudicar a la industria automovilística europea a medio y largo plazo, particularmente frente a la competencia estadounidense y, en mayor medida, frente a la asiática.
Conforme a medios locales consultados por Europa Press, la comprañía francesa ha manifestado que está capacitada para alcanzar los objetivos climáticos de la UE sin necesidad de utilizar estos mecanismos de agrupación de emisiones.
Cuantía de las sanciones
El CEO del Grupo Renault, Luca De Meo, que hasta diciembre presidió ACEA (Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles), considera que las normas de 2025 podrían costar a los fabricantes de automóviles europeos unos 15.000 millones de euros.
Los planes de compartir las emisiones de CO2 se producen en un momento en el que ACEA pide un alivio de las normas de la UE para este año. Algunos gobiernos europeos, incluido Italia, también han pedido una suspensión de las multas, mientras que Francia ya intentó crear un frente común contra el ejecutivo comunitario de Ursula von der Leyen.
A día de hoy, los miembros de la asociación han invertido 250.000 millones de euros para la transición a la movilidad eléctrica. Con los niveles actuales de ventas de vehículos cero emisiones, los fabricantes tendrían que abandonar la producción de 2,5 millones de coches de combustión o enfrentarse a las multas previstas a partir de ahora.