Control de alcoholemia en carretera de la Guardia Civil.
Adiós a la tasa de alcohol de 0,5 g/l: esta será la nueva tasa permitida al volante en España que apoya el Congreso
El Pleno del Congreso dice sí a reducir la tasa permitida de alcohol al volante, así como a prohibir la difusión de la ubicación de controles.
Más información: Ya es oficial: la Guardia Civil alerta a todos los conductores de no dejar esto a partir de ahora en la guantera del coche
El alcohol está presente entre el 30% y el 50% de los accidentes mortales, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). Una ingesta de alcohol que supone un grave riesgo al volante, ya que inhibe gradualmente las funciones cerebrales. Un consumo de alcohol que no debería estar presente nunca al volante, sin embargo, en España la ley establece que existe una tasa de alcoholemia máxima permitida con la que es posible conducir sin ninguna sanción ni retirada de puntos.
Esta tasa de alcohol permitida para conducir hasta el momento en España se sitúa en los 0,5 g/l en sangre (o,25 mg/l en aire espirado), una cantidad que en el caso de los conductores nóveles y profesionales se reduce a los 0,3 g/l (0,15 mg/l). Sin embargo, esta cifra podría modificarse pronto. En 2024, la DGT ya anunció su intención de establecer una nueva normativa de alcoholemia con el objetivo de rebajar la tasa máxima permitida.
Este martes 18, el Pleno del Congreso debatió la proposición de ley del grupo socialista para rebajar ese límite de alcohol al volante, pasará de 0,5 g/l en sangre a 0,2 g/l (0,1 mg/l en aire espirado). Con 177 votos a favor y 32 en contra, además de 135 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó ayer la proposición de ley presentada por el PSOE para llevar a cabo esa reducción a más de la mitad de la actual tasa de alcoholemia permitida al volante. Sin embargo, también se reduce el castigo y la sanción en el caso de los excesos más leves. De aprobarse, España se convertiría en uno de los países más restrictivos en este ámbito, sumándose a otros países como Estonia, Noruega, Polonia y Suecia.
Según el director de la DGT, Pere Navarro, este nuevo límite equivaldría a no poder beber prácticamente nada antes de conducir, ya que una persona adulta podría dar positivo tras consumir apenas un tercio de cerveza. Exceder actualmente la tasa actual implica sanciones desde 500 euros y la pérdida de cuatro puntos, en infracciones leves, hasta 1.000 euros y seis puntos en los casos más graves. Además, en situaciones de gran exceso, puede considerarse delito con penas de prisión, sanciones económicas y retirada del permiso de conducir. Sin embargo, a partir de ahora las tasas de alcohol que estén entre los o,21 gramos y 0,50 gramos por litro de sangre, pasarán a suponer la pérdida de dos puntos del carné y 200 euros de multa. Por lo que el castigo será mucho más leve que las actuales. Para el resto, quedarán igual que ahora.
El Pleno del Congreso también ha aprobado la prohibición de divulgar por cualquier medio, ya sea público o privado, la ubicación de controles de alcohol y drogas, así como cualquier otro operativo de seguridad vial. Esta medida busca reforzar la efectividad de los controles policiales y evitar que conductores peligrosos puedan eludir sanciones, reduciendo así los riesgos en carretera.
Contra las apps que avisan sobre controles policiales
El Gobierno justifica esta prohibición en la necesidad de garantizar que la vigilancia y el control policial sean herramientas efectivas para reforzar el cumplimiento de la ley. La proliferación de grupos organizados que utilizan redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea para alertar sobre la ubicación de controles de tráfico ha sido identificada como una amenaza para la seguridad vial.
Según la proposición de ley, estas prácticas favorecen la impunidad de ciertos conductores reincidentes, que suelen estar implicados en siniestros viales graves. Al evitar los controles, estas personas pueden continuar circulando bajo los efectos del alcohol o las drogas, poniendo en peligro no solo su propia seguridad, sino la de todos los usuarios de la vía.
La norma también subraya que el derecho a comunicar y recibir información libremente no puede utilizarse como justificación para poner en riesgo la vida e integridad física de las personas.
En este sentido, se señala que la difusión de estos avisos debe interpretarse de manera equilibrada, bajo el principio de proporcionalidad, sin que la libertad de información se convierta en un obstáculo para la aplicación de la ley y la seguridad vial.
