El regreso de un Ministerio de Igualdad era una de las instituciones más esperadas por las organizaciones feministas y por muchos sectores de la sociedad. Alguien que diera voz a las políticas de igualdad con cargo ministerial. Que liderara en el Gobierno la unión del movimiento feminista que surgió tras el #Metoo y La Manada y actuara directamente sobre temas tan graves como violencias sexuales, brecha salarial, conciliación, visibilidad de referentes, cargas domésticas extra, explotación laboral...
Sin embargo, justo cuando se cumple un año de la toma de posesión de Irene Montero como ministra, las políticas de igualdad suman más encontronazos, resbalones y declaraciones fallidas que aciertos para cambiar la situación que viven muchas mujeres en este país. Y entre los logros, algunos podrían apuntarse a otros ministerios también como el de Trabajo.
Es evidente que muchas de las leyes que prometió en su arranque como ministra necesitan tiempo para aprobarse, pero lejos de ir sumando pequeños cambios que vayan rompiendo o haciendo ceder las estructuras patriarcales, el anuncio de estas normas que ha ido poniendo en marcha ha chocado con otros ministerios, como el de Justicia, o han dividido al movimiento feminista, como con la Ley Trans.
En el haber de la cuenta de resultados está la violencia de género, sobre todo durante la pandemia, y que haya conseguido colocar "su semilla" en los Prepuestos Generales del Estado con una partida de 200 millones para el Plan Corresponsable, una cantidad pírrica pero que debería de marcar el camino para hablar de usos de tiempos, cuidados, conciliación...
Una manifestación en contra de la violencia de género.
Violencia de género
Irene Montero siempre ha tenido claro que la prioridad de su Ministerio debía ser, ante todo, intentar conseguir el lema del movimiento feminista "Ni una más". Durante la pandemia, la situación de las mujeres maltratadas se intensificó puesto que quedaron encerradas con su maltratador y sin posibilidades de salir de ese infierno, ni ellas ni sus hijos.
En esos duros meses, el Ministerio de Igualdad lanzó varias campañas en redes sociales (una de las vías que más utilizaban los españoles en el encierro) dentro del "Plan de Contingencia para víctimas de violencia contra todas las formas de violencia de género, víctimas de trata o explotación sexual que permitió a las mujeres en situación de vulnerabilidad o que estaban conviviendo con sus agresores sentirse acompañadas en los momentos más difíciles".
Por primera vez se activó un servicio de mensajería instantánea para que las víctimas que lo necesitaran pudieran obtener atención psicológica y se declaró esencial el servicio del 016. Se publicó una guía por comunidades para ver cómo se podía actuar para salir de esa violencia y se facilitó un teléfono móvil en el que se buscaba a las víctimas en riesgo la forma de salir y un lugar seguro.
Poco más de una semana después, Igualdad tenía en marcha la mayoría de estos recursos de urgencia que utilizarían miles de mujeres para denunciar a sus agresores, un dato que se incrementó en esos meses aunque se ha reducido el número de asesinadas por esta lacra hasta las 45.
Además, para la protección de los menores en estos contextos de violencia se está promoviendo (aunque no hay regulación sobre ello) la prohibición de aplicación del conocido como Síndrome de Alienación Parental en procesos judiciales y la suspensión del régimen de visitas en contextos de violencia cuando hay orden de alejamiento.
Irene Montero, con su hija Aitana, y Teresa Rodríguez, con su hija Aurora, en una imagen de archivo.
Salario y permiso de paternidad
Ni siquiera con las cosas positivas que se han aprobado entre Igualdad y Trabajo, por ejemplo, se ha librado el Ministerio de Igualdad de polémicas por las declaraciones de Montero. El 13 de diciembre, ambos ministerios aprobaron un plan de igualdad salarial que reconoce la obligación de que hombres y mujeres cobren lo mismo. Además, la ley obligará a las empresas con más de 50 trabajadores a publicar tablas con el sueldo de toda su plantilla, incluidos los altos cargos y directivos, y las de más de 250 trabajadores tendrán que contratar auditorías de género.
Este decreto, que entrará en vigor en abril, no ha contado con el acuerdo de la patronal, y se une, igualmente, a la entrada en vigor en este 2021 del permiso de paternidad intransferible de 16 semanas, que ha sido criticado por los empresarios porque son ellos los que tienen que hacerse cargo de la seguridad social en estas bajas.
Parecía que todo bien con este tema hasta que la mayor polémica de Irene Montero sobre maternidad, trabajo y mujer la protagonizó con su ya excompañera de partido, Teresa Rodríguez, a la que movieron de su cargo mientras estaba de baja tras ser madre de su segunda hija.
Montero justificó la decisión porque "la política no para" mientras se está de permiso por maternidad y Rodríguez le contestó que "pensaba que entre feministas había solidaridad de género". Una bronca que dejó en muy mal lugar a la mismísima ministra de Igualdad que se supone que defiende los derechos de las trabajadoras más vulnerables durante la maternidad dentro del mercado laboral.
"Sólo el sí es sí"
La Ley Integral para la Garantía de la Libertad Sexual, la llamada ley del "sólo el sí es sí", era uno de los anuncios que con más fuerza hizo Irene Montero cuando asumió su ministerio. El "hermana, yo sí te creo" que gritaron a coro miles de mujeres tras la primera sentencia de La Manada, donde se ponía en cuestión la actitud de la víctima, tenía que transformarse en ley.
Pero ¿cómo? ¿con qué consecuencias legales? ¿qué cambios concretos necesitaba el sistema jurídico? La polémica nacía al mismo tiempo que la norma. Incluso la presentó en Twitter, desde la cuenta oficial del Ministerio, asegurando que "queremos que el grito feminista "Sola y borracha, quiero llegar a casa" se convierta en una realidad para dejar de vivir con miedo. Los derechos de las mujeres nunca más se perderán en callejones oscuros".
El Anteproyecto de esta ley, que fue aprobado en Consejo de Ministros en marzo de 2020 y se encuentra en la fase final de los órganos consultivos, ya tuvo una fuerte contestación por parte del Consejo General del Poder Judicial, cuyos vocales entienden que el consentimiento expreso generará mucha inseguridad jurídica y acabará favoreciendo al agresor. Aunque el informe definitivo está por llegar.
Tampoco, no cuenta, con una memoria económica que recoja todas las ayudas que quiere incluir Montero, equiparándolas a las que reciben las víctimas del terrorismo, y los servicios de atención 24 horas. Una inversión en la que Hacienda tendrá algo que decir.
De hecho, tanto el Consejo Fiscal, que lo aprobó ya, y el Consejo Económico y Social (CES) han pedido que se concrete más el consentimiento expreso y que se dote de un presupuesto a la norma.
Las prisas con las que se aprobó inicialmente llevaron a la primera crisis de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos después de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, presentara objeciones a algunos cambios jurídicos de la ley y Pablo Iglesias insinuara que era un "machista frustrado".
Se espera que llegue finalmente al Parlamento este mismo 2021, pero todos los juristas auguran que la norma acabará en el Tribunal Constitucional.
Irene Montero rompe a llorar en el acto contra la violencia de género.
Ley Trans
La Ley LGTBI y la Ley Trans, cuyos anteproyectos ya están en consulta pública, han sido las propuestas de Irene Montero que han roto el consenso feminista en el movimiento, las que la han enfrentado a las feministas socialistas y han llevado a la ministra a pedir unidad entre lágrimas en un acto de su propio ministerio.
Las feministas clásicas acusan a Montero y a esta ley de borrar a las mujeres al establece la "autodeterminación de género", es decir, que cualquier persona que se sienta mujer tenga que ser considerada como tal en todos los niveles. Estos grupos denuncian que esto permitiría a un hombre que dice sentirse mujer entrar en los baños femeninos o en vestuarios, se supone zonas seguras para las mujeres.
Por su parte, Montero advierte de que la ley sobre transexualidad que tenemos ahora exige un informe médico para oficializar el cambio de sexo "tratando a los transexuales como enfermos" cuando los organismos internacionales y la OMS piden que se deje de tratar a la transexualidad como una enfermedad.
Las feministas están en contra de esta norma que, además, consideran que ataca sus propios derechos que tantos años ha costado conquistar. Sin embargo, Igualdad ya ha anunciado que quiere que la ley se apruebe este mismo año.
Aborto a los 16 y vientres de alquiler
El Ministerio de Montero prevé reformas en la Ley de Salud Sexual donde la educación en sexualidad sea la herramienta clave para acabar con todo tipo de violencias pero que también afectarán al Sistema Nacional de Salud del que pretende ampliar sus prestaciones para favorecer al acceso a los anticonceptivos.
El anuncio más polémico al respecto, lo hizo el pasado 7 de octubre: modificará la actual ley de interrupción del embarazado para permitir a las adolescentes de 16 y 17 años abortar sin el permiso paterno. Esto significa volver a la ley de plazos que aprobó José Luis Rodríguez Zapatero y que el Gobierno de Rajoy, con Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia, cambió para introducir la obligatoriedad de una autorización de los padres o del tutor.
Algunos sectores no están de acuerdo con este cambio porque deja fuera a los padres en unas edades que consideran muy difíciles y otros advierten de que la ley del paciente establece autonomía a partir de los 16 años.
Además, las modificaciones a la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo incluirán también una normativa contra los vientres de alquiler, a los que Igualdad considera violencia contra la mujer, e intentará regular por primera vez en España la violencia ginecoobstétrica y las esterilizaciones forzosas.
Ley contra la trata
El Ministerio está trabajando para aprobar una Ley Integral contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Todos los grupos feministas están de acuerdo en acabar con las estructuras que explotan a las prostitutas, como son el proxenetismo y los locales, pero no todos tienen la misma idea sobre qué hacer con la prostitución.
Mientras que las feministas del PSOE se declaran abolicionistas y consideran la prostitución como una fórmula de explotación contra la mujer, se mire por donde se mire; en Unidas Podemos no lo tienen tan claro y se dividen entre legalistas y abolicionistas por lo que de este Ministerio de Igualdad es difícil que salga una norma que prohíba o regule esta práctica.
Las polémicas guías
Las campañas y las guías que ha editado Igualdad han provocado las mayores polémicas a las que se ha enfrentado Montero. Las hay que hablan de los hombres borrachos y la noche y las que dicen claramente que el rosa oprime a las niñas en referencia a moda y juguetes.
En el mes de junio, el Instituto de la Mujer publicó una guía sobre las adicciones entre las chicas, bajo el título: '¿Adicciones para qué?', en la que afirmaba directamente que una de las razones por la que las mujeres consumen alcohol, tabaco y drogas es por tratar de adoptar el "modelo masculino hegemónico". Poco tardaron en criticarles que echara la culpa de este problema a los hombres en un documento público.
En julio, el Ministerio publicó un manual para profesores, "Somos diversidad", para ayudarles a educar en la diversidad en el que aconsejaba herramientas de trabajo como "el armario gay" o la "sopa lésbica" donde había que encontrar términos como machorra o desviada.
En octubre, le tocaba el turno de la polémica a una campaña contra el sexismo en los juguetes donde se advertía de que el color rosa "oprime y reprime a las niñas". El informe "Publicidad y campañas navideñas de juguetes: ¿Promoción o ruptura de estereotipos y roles de género?" cargaba contra el uso que hacía la industria de esta tonalidad en los artículos supuestamente destinados a las niñas.
Poco antes de las Navidades, volvía la polémica a casa de Montero por otra guía. Esta vez la de "Noches seguras para todas", de la Federación Mujeres Jóvenes, donde se subrayaba que los hombres "ejercen constante ejercicio de violencia sexual cuando las mujeres salen de fiesta" y que "los hombres dan alcohol a las mujeres para aprovecharse". La guía no era de Igualdad pero el Ministerio la compartió en su cuenta de Twitter junto al hashtag #ViolenciasSexuales y #NochesSegurasParaTodas.
Y la última ha sido un cartel contra las agresiones racistas que ha incendiado Interior al insinuar que la Policía Nacional y la Guardia Civil identifican a las personas de manera discriminatoria y al margen de la ley, utilizando la imagen de una mujer de raza negra que asegura que ha sido identificada tan sólo por su "color de piel u otros rasgos físicos sin una razón objetiva".
Irene Montero junto a sus asesoras
Lío de asesoras
El Ministerio de Igualdad no ha querido revelar quienes son sus asesoras, después de que hubiera polémicas con algunos nombres. De hecho, sólo se sabe que son 14 y dos altos cargos nombrados a dedo por la ministra y su coste: 901.283,08 euros anuales.
Sí se sabe quiénes son dos de sus mayores colaboradoras: Noelia Vera (secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género) y Amanda Meyer, pero del resto, ni currículo, ni méritos ni designación. De hecho, EL ESPAÑOL preguntó en septiembre por la identidad y otros detalles de estos asesores y sus responsables no quisieron hablar: "No tenemos la obligación de dar más detalles".