El Ministerio de Igualdad, que lidera Irene Montero, prepara ya, a través de la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género, los trabajos iniciales para elaborar una Ley Integral Contra la Trata.
La propia Irene Montero se ha mostrado a favor de abolir esta actividad y, según fuentes ministeriales, trabaja en actuaciones en este sentido aunque muchos colectivos de prostitutas creen que afectaría a su trabajo.
Estos trabajos servirán para realizar un diagnóstico sobre aquellos aspectos a tener en consideración a la hora de abordar una regulación integral del fenómenos de la trata, especialmente de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, y aquellos aspectos de la legislación vigente en materia penal y de protección de testigos, de publicidad, y de atención social, entre otros, susceptibles de ser reformados para reforzar la persecución de los delitos de trata y de seres humanos y garantizar la mejora de la atención, la protección y la recuperación de sus víctimas.
El movimiento feminista está de acuerdo en que hay que actuar con mucha energía contra la trata, porque es "una profunda violación de los derechos humanos, de la dignidad y de la libertad de la persona y constituye una forma de delincuencia grave", como reconoce el Ministerio de Igualdad, pero no todas están unidas a la hora de establecer si habría que prohibir o regular la actividad de la prostitución que no está sujeta a mafias y que se vería afectada por la norma.
Igualdad reconoce que la ley implica actuar contra "organizaciones delictivas a las que proporciona importantes beneficios basados en la utilización de las personas con distintos fines de explotación" y que "afecta a las mujeres de manera desproporcionada, no sólo por registrar la mayor parte de las víctimas, sino porque las formas de explotación a las que son sometidas suelen ser más severas, especialmente la trata con fines de explotación sexual".
El Ministerio recuerda que el Gobierno, las autonomías y algunas entidades locales han consolidado una red de dispositivos y servicios de información, detección y atención integral y especializada a mujeres en contextos de prostitución y víctimas de trata pero con esta ley se van a unificar y garantizar estos servicios.
Más allá de la lucha contra la trata desde el terreno de la justicia penal, en el plano de los derechos de las víctimas, el Convenio Europeo contra la Trata de seres humanos (Convenio de Varsovia) y la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas, comprometen a España, a identificar a las posibles víctimas y ofrecerles una asistencia integral, accesible y apropiada.
En ese sentido se recuerda que el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (Protocolo de Palermo), compele a los estados parte a adoptar "medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar este delito en su derecho interno".