En los últimos años, varios estados de América Latina han avanzado con paso firme hacia la despenalización del aborto. La marea verde, originada por las feministas argentinas, se ha ido expandiendo a lo largo y ancho del continente. Sin embargo, en El Salvador esa realidad todavía está muy lejos de llegar. Además de tener una prohibición absoluta del aborto -ni siquiera se contempla esa posibilidad en casos de violación, peligro para la salud de la madre o inviabilidad del feto-, sigue persiguiendo incluso a las que sufren abortos espontáneos.
El ejemplo más reciente es el de Esme (nombre ficticio), una mujer que el pasado 9 de mayo fue condenada a 30 años de prisión después de haber tenido una emergencia obstétrica en 2019 por la que perdió a su bebé.
Es la primera vez en siete años que un tribunal salvadoreño emite una condena por un aborto involuntario, pero recuerda la vulnerabilidad de las mujeres en el país, que sufren una alta tasa de violencia y, al mismo tiempo, son criminalizadas por abortar.
"Todos estos países de América Latina en los que está prohibido totalmente el aborto, como es el caso de El Salvador, pero también de República Dominicana u Honduras, son sociedades muy permisivas con la violencia sexual y luego muy estrictas con el aborto. Es una contradicción absoluta", explica a MagasIN Lola Liceras Ruiz, del Equipo de Mujeres de Amnistía Internacional España.
A la violencia sexual, se suman la falta de acceso a anticonceptivos y de educación sexual y reproductiva en todo el país, lo que deriva en una gran cantidad de embarazos no deseados en sectores de la población empobrecidos.
Mujeres salvadoreñas durante una marcha en septiembre de 2021 para exigir políticas públicas de salud sexual y reproductiva y por el derecho al aborto legal y seguro en San Salvador.
Uno de los grandes problemas en este sentido es el embarazo de niñas y adolescentes. "A nivel de América Latina se estima que el 18% de partos son de niñas y adolescentes. En el caso de El Salvador, aunque ha bajado levemente, se calcula que una tercera parte de los partos siguen siendo de menores", cuenta Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
"Recientemente, el Fondo de Población dio a conocer que en los últimos cinco años hemos tenido un promedio de 48 partos diarios de niñas y adolescentes, en una sociedad de poco más de seis millones de habitantes", añade en conversación con MagasIN.
La reconocida activista por los derechos humanos sostiene que la penalización absoluta del aborto "tiene como consecuencia que las mujeres recurran a formas de interrupción del embarazo no solo ilegales, sino clandestinas e inseguras. Aquí no hay estadísticas claras, pero el Guttmacher Institute estima que hay alrededor de 35.000 abortos provocados al año en el país".
Esas mujeres arriesgan así sus vidas y a ser condenadas a penas de cárcel de hasta 40 años. Cuando sufren algún tipo de emergencia o recurren a la ayuda sanitaria, muchas veces son los propios médicos los que ponen la denuncia, ya que se contemplan penas de hasta 12 años para los que ayuden o intervengan en la interrupción del embarazo.
"Se vulnera el derecho a la intimidad de estas mujeres y el secreto profesional de los profesionales sanitarios. En definitiva, se vulneran un montón de derechos humanos con la complacencia del Estado", critica Liceras.
Esme, el último caso
En el caso de Esme, de 28 años y con una hija de 7, no recibió atención médica después de sufrir una emergencia obstétrica. Tras la muerte del feto, fue acusada de homicidio agravado y lleva dos años en prisión preventiva.
Imagen de archivo de una protesta en 2017 por la despenalización del aborto en El Salvador.
La sentencia contra ella, conocida hace un par de semanas, provocó una fuerte indignación entre los grupos feministas y de defensa de los derechos humanos. "Esta sentencia es una farsa de justicia. Sufrir una emergencia obstétrica es devastador para cualquier persona, y el rol del Estado cuando esto ocurre debe ser brindar acompañamiento y contención para aliviar este sufrimiento; no agravarlo al criminalizar a las mujeres", expresó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI).
Karla Vaquerano, abogada de Esme, aseguró que va a apelar la decisión y denunció que el juez "actuó con parcialidad, privilegiando la versión ofrecida por la Fiscalía General de la República, que estuvo cargada de estigmas y estereotipos de género".
Por su parte, Morena Herrera ha afirmado que están trabajando en la apelación de la sentencia y en un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia en la Cámara de lo Penal. Asimismo, buscan una vía internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Beatriz consiguió abortar
Herrera mantiene la esperanza de que la CIDH intervenga y libere a Esme, como ya ocurrió en el pasado. Fue con una mujer llamada Beatriz, que en 2013 consiguió abortar de manera legal en El Salvador gracias a una orden de la CIDH.
Beatriz, que entonces tenía 22 años y un hijo, solicitó el acceso a un aborto terapéutico porque el feto era inviable y, como ella sufría lupus, su vida corría peligro si continuaba la gestación. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo y la CIDH actuó de inmediato exigiendo medidas provisionales para que el Estado de El Salvador le facilitase el tratamiento que necesitaba sin más dilación.
Un hombre en una manifestación por el aborto con una pancarta que reza: "Ni muertas ni presas".
Estas instrucciones son vinculantes para el Gobierno, por lo que tuvo que intervenir y facilitar la interrupción voluntaria del embarazo. En mayo de 2013, después de 14 semanas de espera y estando embarazada de 26 semanas, Beatriz fue operada y se le practicó una cesárea. El bebé murió pocas horas después como consecuencia de una anencefalia.
Sin embargo, la espera para abortar empeoró su estado de salud, por lo que en noviembre de ese año interpuso una demanda contra El Salvador, que fue admitida ante la CIDH. Aún no se ha celebrado el juicio, pero por desgracia, Beatriz no podrá conocer la sentencia. Falleció en 2017 a consecuencia de una neumonía.
Como apunta Lola Liceras, la historia de Beatriz demuestra que "el aborto no es un derecho aislado, se incluyen otros. Para empezar, el derecho a la vida, ya que en muchos casos la arriesgan. También el derecho a la igualdad, a la salud y a la atención médica".
Manuela, muerta en prisión
Su caso fue un éxito para el movimiento por los derechos de las mujeres en El Salvador, pero no deja de ser la excepción que confirma la norma. Una de las historias que más han conmocionado al mundo y sobre la que la CIDH también se ha pronunciado, es la de Manuela.
Vivía en una zona rural del país y, pese a sufrir indicios de un cáncer linfático (que aún no estaba diagnosticado), trabajaba duramente para que sus dos hijos, a los que criaba ella sola con ayuda de sus padres, pudiesen estudiar.
En 2008, embarazada de siete meses, sufrió una emergencia obstétrica producida por una fuerte caída que había tenido el día anterior. Expulsó al feto y, debido a la importante pérdida de sangre, se desmayó al llegar a casa. Fue trasladada de urgencia al hospital y, al haber indicios de aborto, los médicos llamaron a la policía.
Imagen de archivo de una manifestación en defensa de Manuela.
Fue condenada a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado. Manuela entró en prisión, pero en 2010 tuvo que ser trasladada al hospital debido al empeoramiento de su salud. Falleció en el hospital el 30 de abril de 2010, a los 33 años.
Tras su muerte, varios grupos por los derechos humanos demandaron al Estado ante la CIDH. Finalmente, en 2021 El Salvador fue declarado responsable internacionalmente de la muerte de Manuela por las violaciones a la libertad personal, las garantías judiciales, igualdad ante la ley, el derecho a la vida, a la integridad personal, a la vida privada, y a la salud.
Teodora, de las 17
Según datos de la ONU, entre el 2000 y el 2011, había 129 mujeres procesadas por abortar. Por su parte, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto eleva la cifra a 181 entre 1999 y 2019. En estos últimos años, la Agrupación Ciudadana ha logrado la liberación de 65 mujeres.
Una de ellas fue Teodora del Carmen Vásquez, que formó parte de las 17, un conocido grupo de mujeres condenadas por abortar que ejerció un fuerte activismo desde sus celdas. Ella fue condenada en 2008 a 30 años por homicidio agravado tras dar a luz a un bebé muerto.
Teodora del Carmen Vásquez.
Tenía 24 años cuando todo ocurrió y esperaba con ilusión a su segundo hijo. Trabajaba como camarera con turnos eternos (de seis de la mañana a 9 de la noche, según informó Amnistía Internacional) y, debido a sus pocos recursos económicos y a la falta de tiempo, durante la gestación no pudo acudir a las revisiones ginecológicas.
Un día comenzó a sentir fuertes dolores y llamó varias veces a los servicios de emergencia. No fue atendida y, estando sola, rompió aguas. Cuando dio a luz estaba inconsciente y al recuperar el conocimiento sangraba profusamente y el bebé estaba muerto. Al encontrar la escena, la policía la detuvo como presunta autora de un asesinato, y solo después la llevaron al hospital.
En 2018, el Tribunal Supremo del país concluyó que no había pruebas suficientes que demostraran que había interrumpido su embarazo de forma voluntaria y fue puesta en libertad. Sin embargo, esos diez años en prisión, alejada de su familia, no han podido ser reparados. Ahora, Teodora es una de las principales activistas por la despenalización del aborto en el país.
María Teresa, refugiada en Suecia
Otra mujer que marcó un punto de inflexión en la lucha por la despenalización del aborto es María Teresa Rivera, que recibió una de las penas más altas: 40 años de cárcel.
María Teresa Rivera.
Fue condenada en 2011 y liberada cinco años después, en 2016. Pero sus problemas no acabaron ahí. La Fiscalía interpuso un recurso y, ante el temor de volver a la cárcel, María Teresa huyó del país. Acompañada de su hijo, se refugió en Suecia, donde sigue viviendo. "Es la primera mujer en el mundo que consigue asilo político por persecución por aborto", afirma Morena Herrera.
Esta nueva condena a Esme y la deriva aún más autoritaria de Nayib Bukele, no hacen presagiar que vaya a haber cambios en materia de derechos de las mujeres. No obstante, la marea verde que se extiende por Latinoamérica hace que las activistas tengan cierta esperanza de un futuro mejor.
"Estamos seguras de que va a cambiar la ley, lo que no sabemos es cuánto vamos a tardar en hacerlo. Solo nos quedan tres mujeres condenadas en la cárcel -sin contar a Esme, cuya sentencia es provisional- y las vamos a sacar, de eso estamos seguras. Por eso tenemos motivos de esperanza", concluye Morena Herrera.