El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tendrá por primera vez a una mujer presidenta: Síofra O’Leary. Según informó el organismo este lunes, la jueza O'Leary ha sido elegida para sustituir a Robert Spano, que asumió el cargo en 2020.
Nacida en Dublín en 1968, O'Leary estudió Derecho en el University College Dublin. Más tarde, en 1993, consiguió su doctorado en Derecho Europeo por el Instituto Universitario Europeo de Florencia.
Antes de convertirse en jueza, O'Leary se dedicó a la investigación en las universidades de Cádiz y Londres y, más tarde, fue nombrada subdirectora del Centro de Estudios de Derecho Europeo de la Universidad de Cambridge.
A partir de 1996 y durante tres años, O'Leary ocupó el cargo de "Référendaire" (consultor) en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo. Luego se convirtió en "Jefa de gabinete" de 2000 a 2004. Durante su tiempo en el tribunal de justicia (de 1999 a 2004), también trabajó como profesora invitada en la Universidad de Dublín de 1999 a 2004. Igualmente, desde 2003 ha sido profesora invitada del Colegio de Europa en Brujas.
Durante su carrera, ha dado multitud de conferencias a profesionales, agencias gubernamentales y académicos sobre derechos fundamentales, derecho de la UE y práctica y procedimiento del Tribunal de Justicia Europeo. También ha escrito distintos artículos sobre derechos fundamentales, derecho laboral de la UE, libre circulación de personas y servicios y ciudadanía de la UE.
Ha ocupado varios cargos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en 2015 fue elegida para reemplazar a Ann Power como juez de Irlanda en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Su mandato comenzó el 2 de julio de 2015 y se espera que finalice el 1 de julio de 2024.
En noviembre de 2021 fue elegida como vicepresidenta de la Corte, y este lunes ya ha sido seleccionada como presidenta del TEDH, también conocido como Tribunal de Estrasburgo.
Así, O'Leary ocupará la máxima posición de este tribunal internacional. Se trada de una institución que atiende a cualquier persona que considere haber sido víctima de una violación de sus derechos reconocidos por él, mientras se encontraba legalmente bajo la jurisdicción de un Estado miembro del Consejo de Europa, y que haya agotado sin éxito los recursos judiciales disponibles en ese Estado, puede presentar una denuncia contra dicho Estado por violación del Convenio.