Hasta cuatro años. Eso es lo que se ven obligadas a esperar las víctimas de violencia de género en Asturias tan sólo para obtener un informe que valore su situación. El escaso número de Unidades de Valoración Forense Integral de violencia de género (UVFI), así como la falta de personal, han derivado a esta preocupante situación.
Una situación que, además, se ha visto agravada tras los últimos datos arrojados por el nuevo informe sobre violencia de género del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): Asturias se ha convertido en la tercera región con un mayor repunte de casos. Los 742 contabilizados en 2023 han alcanzado en el segundo trimestre de 2024 los 841, lo que implica un incremento del 13,3%.
A este respecto, la Fiscal Superior de Asturias, María Eugenia Prendes, reclamó el pasado lunes 21 de octubre en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Fondos Europeos un mayor número de UVFI o, al menos, dotarlas de más personal y que éste fuese de carácter profesional, requiriendo también una formación específica en violencia de género.
Prendes aseguró que la unidad de Gijón realiza las valoraciones en el plazo de un mes y, la de Oviedo, en año y medio al estar mermada por bajas y sustituciones. Sin embargo, a quienes opinan que se quedó corta. La letrada Laura López Varona asegura que lleva más de tres años y medio esperando un informe de la UVFI de Oviedo, desde abril de 2021.
Así lo afirma el diario La Nueva España, que recoge el periplo de López con cuatro causas por violencia contra la mujer iniciadas entre julio de 2020 y noviembre de 2021. En al menos tres de ellas se solicitó una valoración forense integral en abril, mayo y diciembre de 2021. Al no haberse realizado, en abril y septiembre de 2022 se reclamaron los informes. En abril de 2023, se reiteró la solicitud.
No llegaron a realizarse y ninguna de las causas ha sido juzgada. "A día de hoy, ni la denunciante ni el denunciado han sido llamados por la UVFI para acudir a sus respectivas exploraciones", indica la letrada en el mencionado diario.
Una prueba esencial
Para la resolución de los casos de violencia de género, este informe resulta una prueba esencial. Esto se traduce en que, cuanto más se dilate el proceso, mayor es el tiempo de maltrato que puede llegar a sufrir la víctima.
En palabras de Miguel Lorente Acosta, médico forense, catedrático de la Universidad de Granada y exdirigente de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, esto puede desembocar en "una situación de estrés para la víctima, que puede llegar a causar hasta depresión".
"Según un estudio, una mujer víctima de violencia de género soporta de media ocho años una situación de maltrato antes de denunciar. Si a ello le sumas estos cuatro años de problemas de carácter formal y material que suponen la no resolución del caso, pasaría por 12 años de sufrimiento", afirma Lorente.
Una mujer soporta de media ocho años de maltrato antes de denunciar.
Sin este informe, que evalúa la peligrosidad, el riesgo específico e incluye valoraciones sociales y psicológicas y de los efectos de la exposición a la violencia, las autoridades no pueden actuar "porque tampoco saben cómo", aclara.
"Es este estudio el que determina qué actuaciones hay que llevar a cabo. Orden de alejamiento, protección, una pulsera rastreadora... pero sin él, las víctimas siguen inmersas en esa atmósfera de maltrato que, por supuesto, se mantiene en el tiempo", apunta.
Sin embargo, Nieves Fresneda, jueza de un juzgado de lo penal con competencia exclusiva de violencia sobre la mujer, ve necesario matizar que "en el ámbito penal, cuando corren peligro o cuando es necesario su protección, esas medidas cautelares son al margen de los equipos psicosociales. Así que, en ese sentido está salvaguardada su protección". Aún así, deja claro que este retraso "para las víctimas y para la unidad familiar es terrible".
"En el ámbito de las familias es decisivo, porque todo asunto de violencia de género en el que hay menores implicados conlleva un procedimiento de familia. Allí ponen las sentencias de divorcio o adoptan las medidas provisionales de alimentos para los hijos, regulan los regímenes de visitas... y se suele acordar esta prueba para la valoración de la unidad familiar", explica.
"Entonces, ese retraso tiene una trascendencia muy grande porque puede estar afectando a relaciones intrafamiliares, a los regímenes de visitas... y esos años son irrecuperables para un menor de edad y para los propios progenitores", prosigue.
Un aumento de víctimas
El número de mujeres víctimas de violencia machista ha ascendido en Asturias en el segundo trimestre del año a 841, lo que supone un aumento del 13,3% respecto a las 742 contabilizadas en el mismo periodo del año pasado, según los datos publicados este miércoles 23 de octubre por el CGPJ.
La tasa de víctimas por cada 10.000 mujeres ha repuntado en el último año en Asturias de 14,1 a 15,9, aunque se mantiene por debajo de la media nacional de 18,5. El aumento del número de denuncias presentadas ha sido mayor, de un 27%, hasta llegar a un total de 942.
En la estadística destaca la evolución en la cifra de casos en los que la víctima renunció a declarar contra su agresor, que ha pasado de 57 en el segundo trimestre de 2023 a 218 en el mismo periodo de este año, lo que equivale a una de cada cuatro.
En el conjunto del país, una de cada diez víctimas de violencia de género, el 11,23%, renunció a declarar contra su agresor en el segundo trimestre del año, cuando el número de mujeres que se acogió a la dispensa legal de declarar subió un 9,26% y superó las 5.000.