Margaret Sanger, la histórica enfermera defensora de los derechos reproductivos, sentenció con rotundidad que "ninguna mujer puede llamarse a sí misma libre si no tiene control sobre su propio cuerpo". Sin embargo, esa libertad sigue siendo más retórica que real, aun en la sociedad actual, especialmente cuando se trata de dos eventos cruciales en la vida de las mujeres: el embarazo y el parto. ¿Por qué?
En la práctica médica actual, las decisiones que rodean estos momentos a menudo se ven envueltas en un juego de tensiones éticas y sociales en las que los derechos de la mujer gestante se ven desafiados por las preocupaciones sobre el bienestar fetal, dejando la autonomía de la mujer en un terreno de grises.
Tratando de hacer realidad esa máxima defendida por Margaret Sanger que defendía que la mujer debe ser dueña de su propio cuerpo, el derecho y la bioética han tratado de solventar las tensiones existentes que normalmente se circunscriben a tres cuestiones principales cuando hablamos del embarazo y el parto.
Autonomía
En primer lugar, el principio de autonomía de la mujer embarazada es una de las piedras angulares del debate sobre sus derechos. No hablamos solo de una idea abstracta, sino de su capacidad real de participar en las decisiones médicas que le afectan directamente: cómo y dónde dar a luz, si quiere o no procedimientos específicos. Cuestión fundamental, ya que la mujer no siempre tiene el control que el discurso idealiza.
En este sentido, una de las cuestiones más problemáticas sin duda en los últimos años ha venido de la mano de los llamados partos respetados, partos planificados que ocurren en el hogar de la embarazada. Algunas asociaciones como 'El parto es nuestro', denuncian una excesiva medicalización y deshumanización del proceso de parto en nuestro sistema, donde la autonomía se convierte en una trinchera: la capacidad de decidir queda diluida entre rutinas hospitalarias y la inercia de un sistema que frecuentemente ignora la voz de las mujeres.
En este contexto, no es de extrañar que algunas mujeres opten por partos en casa, buscando un entorno donde no se les impongan procedimientos innecesarios, y donde puedan ser dueñas de su parto.
Consentimiento informado
Por otro lado, el llamado consentimiento informado, eje de la autonomía, debería ser la norma inquebrantable. Este, garantiza que las mujeres reciban toda la información relevante sobre los riesgos, beneficios y alternativas de los procedimientos médicos propuestos, permitiéndoles tomar decisiones fundamentadas.
Pero la realidad sigue siendo tozuda. Estudios recientes destacan cómo las mujeres enfrentan barreras para acceder a esta información en su totalidad. No es solo una cuestión de que la información no esté disponible, sino del profundo desequilibrio de poder que aún domina la relación médico-paciente.
El enfoque institucionalizado de la medicina moderna, además, tiende a priorizar la eficiencia y el control médico sobre las preferencias de la mujer.
Mujer durante el parto.
Tomemos, por ejemplo, las episiotomías, un procedimiento que debería requerir una explicación clara y un consentimiento explícito. Pero, ¿qué ocurre en la práctica? Con frecuencia se realizan sin advertencia o consulta previa, dejando a las mujeres desprovistas de la posibilidad de rechazarla. Lo mismo puede decirse de las cesáreas programadas, cuya prevalencia sigue en aumento a pesar de las advertencias médicas.
En un intento por corregir esta disfunción, el Ministerio de Sanidad español introdujo la Estrategia de Atención al Parto Normal en 2019. Si bien es un avance hacia una mayor regulación, la implementación efectiva y el cumplimiento vinculante siguen siendo temas pendientes.
Por otro lado, y en aras a fortalecer esta dimensión del consentimiento informado, tenemos experiencias de derecho comparado que han supuesto un avance. Algunos países de nuestro entorno como, por ejemplo, Suecia o Reino Unido, han reforzado los mecanismos de supervisión y responsabilidad profesional para garantizar que las prácticas obstétricas se ajusten a los estándares éticos, incluyendo sanciones en caso de no respetarse este consentimiento informado.
Integridad física de la mujer
Finalmente, otro de los grandes desafíos ligados a los derechos de las mujeres gestantes tiene que ver con el propio derecho a la integridad física de la mujer, reconocido en el Art .15 de la Constitución Española y el Art. 3 del CEDH (Convenio Europeo de Derechos Humanos).
Así, la llamada violencia obstétrica, que encapsula prácticas médicas abusivas o deshumanizadoras durante el embarazo y el parto, sería un buen ejemplo de cómo el derecho a la integridad física de la mujer puede verse vulnerado por decisiones e intervenciones médicas.
El último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte del preocupante aumento global de las tasas de cesáreas innecesarias. Este tipo de intervenciones, ponen en riesgo la integridad física de la mujer, exponiéndola a complicaciones y recuperaciones más prolongadas.
Más preocupante aún, los estudios muestran que esta forma de violencia obstétrica es más frecuente en países donde los sistemas de salud están sobrecargados, con especial incidencia entre las mujeres de grupos vulnerables: inmigrantes, minorías étnicas y mujeres de bajos ingresos.
Esta desigualdad no es accidental. Está enraizada en un sistema que prioriza las necesidades del sistema sobre las de las pacientes, dejando a las más marginadas en el lugar más precario.
La Solución: Educación, Reformas y Supervisión
Ante este panorama, las soluciones no pueden ser superficiales ni parciales. Se requiere una revolución que empiece con la educación.
Por un lado, educación y empoderamiento de las mujeres, que asegure un mayor y mejor conocimiento sobre sus derechos, los tratamientos y procedimientos médicos durante el embarazo y el parto. Solo una mujer que conoce sus derechos puede ejercer su autonomía de manera efectiva.
Pero no solo ellas necesitan formación. Los profesionales de la salud deben ser entrenados en ética y bioética, incorporando en su práctica diaria el respeto profundo a los derechos de las mujeres.
Mujer después de dar a luz.
En este sentido, los marcos legales también deben ser fortalecidos. No basta con leyes que promuevan el parto humanizado; se necesitan sanciones efectivas para quienes no respeten la autonomía y el consentimiento informado.
El camino hacia la cuadratura del círculo —que no es otra cosa que equilibrar las necesidades biomédicas con los derechos humanos— pasa por una reforma integral: legal, educativa e institucional. Solo así se podrá garantizar que el embarazo y el parto no sean experiencias deshumanizantes, sino momentos en los que la mujer mantenga el control sobre su propio cuerpo.
Empecemos a considerar el embarazo y el parto no solo desde un enfoque biomédico, sino también desde una perspectiva de derechos humanos, para asegurar que toda mujer tiene control sobre su propio cuerpo y por ende, tal y como defendía Margaret Sanger "toda mujer puede llamarse a sí misma libre".