El dinero oscuro que lleva al poder en EEUU

El escándalo Watergate, que obligó a Richard Nixon a renunciar a la Casa Blanca en 1974, trajo consigo una reforma profunda de la ley de financiación de campañas electorales en Estados Unidos para controlar el dinero que entraba en política y recuperar la confianza de la gente en las autoridades. Se creó la Comisión Federal de Elecciones (FEC por sus siglas en inglés) para vigilar las campañas nacionales y facilitar al ciudadano información sobre las finanzas de cada una. Se impusieron topes a las donaciones y a los gastos.

Pero hoy, los llamados 'grupos de dinero oscuro' pueden invertir sumas ilimitadas de dólares en colocar al político de turno en el Congreso o en el despacho presidencial sin necesidad de hacer pública su lista de donantes. En 2012, el año de la reelección del presidente, Barack Obama, se gastaron en total alrededor de 300 millones de dólares en influenciar la pugna por el poder. Los grupos de dinero oscuro utilizaron casi 100 millones en atacar a Obama y unos cuatro en defenderlo. En los comicios del año pasado, su inversión global fue de más de 150 millones. Y en el vigente periodo electoral se espera que derrochen más dinero que nunca.

Los estadounidenses serán llamados a las urnas el año que viene para escoger a su nuevo presidente, sus 435 representantes en la Cámara y un tercio del Senado, así como numerosos alcaldes y los gobernadores de algunos estados. Aunque la carrera por el poder no ha hecho más que empezar, los grupos de dinero opaco, disfrazados bajo la denominación de ONG, ya han sacado la billetera para apoyar a sus candidatos preferidos y atacar a sus competidores. En este momento del proceso electoral, los grupos oscuros han invertido 15 veces más dinero que el que se habían gastado a la misma altura en 2012 -cerca de cinco millones de dólares-, según un reciente análisis del Center for Responsive Politics, un organismo independiente que sigue flujos monetarios en la política estadounidense.

Uno de los primeros grupos opacos en hacerse notar este año ha sido America Next, que tiene clasificación fiscal de “ONG de bienestar social 501(c)(4)” y busca situar al republicano Bobby Jindal, actual gobernador de Luisiana, a la cabeza de la nación. La ONG se ha gastado más de 300.000 dólares en anuncios televisivos en el estado de Iowa para apoyar la candidatura de Jindal, según los datos disponibles en la FEC, ya que aunque este tipo de entidades no tienen que dar explicaciones sobre quién les proporciona dinero, sí deben informar a la comisión electoral de sus gastos con fines políticos. Otro ejemplo es la notoria Americans for Prosperity, que ha destinado más de un millón y medio de dólares a anuncios para boicotear los esfuerzos del demócrata Ted Strickland para convertirse en senador, de acuerdo con los informes de gastos políticos que la organización ha facilitado a la Administración federal.

Los grupos opacos todavía no han centrado su atención a candidatos presidenciales mediáticos como el republicano Donald Trump o la demócrata Hillary Clinton pero sí lo han hecho con conservadores como el propio Jindal o Marco Rubio, según los datos disponibles.

ONG políticas

Si bien las ONG 501(c)(4) ya existen desde hace tiempo, fue a partir de 2010 cuando empezaron a multiplicarse gracias una decisión del Tribunal Supremo estadounidense conocida como 'Citizens United', que revolucionó el sistema de financiación de campañas en el país. “Es algo que ha venido creciendo durante varios periodos electorales”, dice a EL ESPAÑOL, Brendan Glavin, analista de datos en el Campaign Finance Institute, un organismo de investigación política basado en Washington DC que estudia los vínculos entre dinero y gobierno en EEUU. “Pero ahora estamos viendo que la cantidad de dinero que va a ellas, la influencia que están teniendo, alcanza nuevos niveles”.

La decisión del Alto Tribunal permitió a las "corporaciones" tirar sin límites de sus tesorerías para hacer campaña a favor o en contra de candidatos -siempre y cuando la campaña paralela no estuviera coordinada con la del candidato. Esto afectó no sólo a las empresas sino también a las ONG, ya que se las considera corporaciones. Tras 'Citizens United' muchos grupos comenzaron a solicitar el estado fiscal ONG 501(c)(4).

Estas organizaciones de bienestar social, conforme a las normas de la Hacienda estadounidense, deben centrarse principalmente en promover “el bien general” y no pueden dedicar más de la mitad de sus recursos a acciones políticas. “Eso deja mucho espacio legal”, afirma Glavin, ya que es difícil definir dónde acaba la actividad social y comienza la política. Por ejemplo, estas ONG pueden contribuir al bien común con actividades educativas, pero donarse dinero entre ellas también puede contar como una acción altruista. “Los grupos se transfieren dinero entre ellos”, dice el analista. “Les ayuda a justificarse con Hacienda. Dicen que le dan dinero a otra organización de bienestar social”.

Pero la gran ventaja de estas organizaciones -aparte de que pueden gastarse lo que quieran siempre que su actividad principal no sea la política- es el anonimato que confieren a sus donantes. Y si además intercambian fondos entre ellas, es muy difícil seguir el dinero y conocer de quién procede. “En algunos casos, el dinero irá a un grupo, y luego ese grupo se lo dará a un segundo grupo, que puede que se lo dé a un tercer grupo”, afirma Glavin. “Puede haber muchas capas”. Y si bien benefician también a los demócratas, estas entidades acostumbran a apoyar en mayor medida a candidatos republicanos.

Aparte de las 501(c)(4), el grupo opaco ampliamente más popular, existen también otros tipos menos comunes como las asociaciones de negocios 501(c)(6), sometidas a reglas de juego similares.

La alternativa a los Super PAC

Al gigante de la distribución minorista Target -no presente en España- le salió caro apoyar públicamente a un candidato en 2010. En julio de ese año, unos meses después de que el Tribunal Supremo decidiera el caso 'Citizens United', Target donó 150.000 dólares a un grupo político en Minesota. Esta organización apoyaba a un candidato antigay en las elecciones a gobernador del estado, lo que no gustó a la comunidad homosexual. El director ejecutivo tuvo que pedir disculpas a sus empleados un mes más tarde.

A diferencia de las “ONG políticas”, los Super PAC -súper comités de acción política- tienen la obligación de hacer públicos los nombres de sus donantes. También pueden recaudar sumas ilimitadas de dólares de compañías y sí pueden gastárselo todo en hacer campaña. Pero sus principales donantes suelen ser fortunas individuales y no compañías, por la mala publicidad que apoyar a un candidato u otro puede acarrear. “La mayoría de las corporaciones intentan mantenerse alejadas de estas campañas porque no quieren estar involucradas directamente”, cuenta a EL ESPAÑOL Richard Briffault, profesor de Derecho de la neoyorquina Colombia University y experto en ley electoral. “Las Super PAC principales no suelen estar conectadas con empresas”.

Pero las ONG de bienestar social constituyen la solución perfecta para esas compañías que quieren formar parte del proceso político sin ser vistas. “Las corporaciones pueden dudar acerca de financiar a una Super PAC porque después se va a hacer público”, subraya Glavin, del Campaign Finance Institute.

Por un canal u otro, bien dando dinero directamente a las arcas de las campañas de los candidatos -que tiene límites- o a través de entidades políticas independientes, los grupos de interés vierten dinero en los procesos electorales de EEUU para que agenda, sus preocupaciones y objetivos, sea tenida en cuenta por los nuevos legisladores. “Lo que intentan hacer con estas contribuciones a candidatos son dos cosas: una es asegurarse de que tendrán acceso a esta gente cuando tengan puestos con poder de decisión”, afirma Bob Bierzack, investigador sénior del Center for Responsive Politics. “La otra es intentar influir en la configuración de la Administración, qué tipo de legislación promueve...”. Aun así, Bierzack opina que gastarse dinero en un candidato no implica necesariamente que éste vaya a obedecer a los deseos del donante. “Garantiza que vas a formar parte de la conversación (…) tus intereses van a estar representados”, dice el investigador. “Ahora, el sistema aquí es muy abierto, puedes gastarte millones de dólares si quieres, las compañías pueden hacerlo”.

Bierzack, sin embargo, advierte de que una gran parte de la sociedad estadounidense no tiene dinero para hacerse oír y formar parte de esa conversación con los legisladores. “Es un desafío para el proceso democrático”, afirma.