El chavismo pide al Supremo anular cualquier decisión que tome el Parlamento

El conflicto entre los poderes públicos venezolanos se intensifica. El chavismo usa todos los recursos a su mano para impedir que los tres diputados opositores del estado Amazonas, juramentados por la Asamblea Nacional, ocupen sus asientos, mientras se resuelve la impugnación interpuesta por el oficialismo ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.

El primer paso de los socialistas ha sido protestar la juramentación de Nirma Guarulla, Romel Guzamana y Julio Ygarza ante el pleno parlamentario. Un día después, la representación de la bancada del Psuv ha pedido formalmente al Supremo que declare la nulidad de todos los actos del Parlamento, mientras la oposición insista en contar con la terna sobre la que pesa una medida cautelar que “suspende” los actos de totalización, adjudicación y proclamación de las elecciones del 6 de diciembre en Amazonas.

Pedro Carreño, diputado que ha ejercido como vocero del partido de gobierno, ha dicho que espera “mesura, sindéresis y ponderación” de la nueva junta directiva de la Asamblea, presidida por el opositor Henry Ramos Allup. El Partido Socialista también ha pedido que el TSJ anule la juramentación de los parlamentarios y que ordene al Ejecutivo no publicar en la Gaceta Oficial los actos que apruebe la AN.

La oposición tilda los nombramientos de ilegales

Luego los representantes del Gran Polo Patriótico, que congrega a partidos y movimientos afines a la “revolución bolivariana”, han pedido en una reunión con el Consejo Moral Republicano que se pronuncie “ante la violación de la Ley del Tribunal Supremo” por parte de la Asamblea Nacional, esto en referencia a una comisión creada por la AN a la que se le ha encargado investigar la reciente designación de 13 magistrados del TSJ por parte de la anterior legislatura, dominada por el chavismo. La oposición ha dicho que esos nombramientos son ilegales.

Julio Borges, jefe de la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática, ha pedido que la “racionalidad” medie entre el TSJ y el Parlamento, pero cree que desde el gobierno de Nicolás Maduro pretenden elevar el conflicto para no enfrentar la crisis económica que vive el país. “El Gobierno se alimenta del conflicto permanente”, ha dicho en una entrevista con Globovisión, donde ha recalcado que la opción opositora ganó las elecciones “para dar soluciones” y no para incrementar el conflicto.

José Vicente Haro, abogado especializado en derecho constitucional, opina que el TSJ “no tiene competencia para anular juramentaciones de diputados”. También estima que una sentencia de la Sala Electoral no puede estar por encima del artículo 200 de la Constitución que establece los diputados “gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo”.

Los cinco poderes venezolanos

En Venezuela la Constitución establece que, además del Poder Ejecutivo, representado en el Presidente, el Estado está conformado por el Poder Judicial, regido por el Tribunal Supremo; el Poder Legislativo, con la Asamblea Nacional a la cabeza; el Poder Electoral, encarnado en el Consejo Nacional Electoral; y el Poder Moral, conformado por la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General y la Contraloría. Todos, en teoría, deberían ser autónomos e independientes.

Con la mayoría obtenida por la Mesa de la Unidad Democrática en la Asamblea Nacional, por primera vez en 17 años la dirección de uno de estos poderes es contraria al partido del Presidente en funciones.

Según un análisis escrito por Carlos García Soto, director de la Escuela de Derecho de Universidad Monteávila, la Constitución de 1999 “estableció la primacía de la AN sobre los otros Poderes Públicos”. García afirma que en el Parlamento está representada toda la sociedad venezolana, por lo tanto es “el Poder Público con mayor legitimidad política”.

Dentro del listado inusual de competencias con las que cuenta la Asamblea Nacional, está la de poder convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, previo acuerdo de la mayoría conformada por sus dos terceras partes. La oposición, con los 112 diputados electos, tendría esta facultad, entre otras tantas, como el poder de promulgar y derogar leyes orgánicas.

El chavismo ha asegurado que la MUD ha perdido los dos tercios del Parlamento, al menos de manera temporal, por el recurso que aleja a tres de sus representantes.

La estrategia que han tomado ambos bandos políticos perfila lo dicho por Diosdado Cabello de cara a la toma de posesión de la Asamblea de mayoría opositora: “Lo que viene es un choque de poderes en donde unos desconocen a los otros. Y en el medio, el pueblo”.