Perder la licencia para retransmitir o pasar un tiempo entre rejas. Ese puede ser el precio a pagar por medios y periodistas en Turquía por criticar al Gobierno o informar sobre la investigación del atentado acontecido este martes en Estambul, en el que murieron diez personas. Así lo asegura a EL ESPAÑOL Abdullah Bozkurt, jefe de la delegación del periódico turco Today's Zaman en Ankara.
“Entiendo que está permitido citar declaraciones de miembros del Gobierno o lo que dicen legisladores de la oposición, ya que ellos tienen inmunidad”, dice Bozkurt. “[Pero] pueden ir perfectamente a por periodistas críticos e independientes como ya han hecho en el pasado”.
Las autoridades turcas han impuesto un bloqueo informativo “temporal” sobre el ataque suicida con el argumento de evitar que cunda el pánico y se perjudique la labor de las fuerzas de seguridad. Pero este modo de proceder es ya algo habitual en este tipo de situaciones. Se estima que entre 2010 y 2014 se aprobaron unas 150 órdenes de este tipo. El año pasado tampoco faltaron.
El pasado julio, por ejemplo, un tribunal turco bloqueó la red social Twitter durante horas tras prohibir la publicación de vídeos e imágenes de un ataque en el sureste del país.
En octubre, el Gobierno censuró la cobertura mediática del atentado en Ankara que dejó casi un centenar de muertos. Cuatro días después del ataque, sin embargo, un tribunal dictó también una orden de bloqueo que afectaba a “todo tipo, de noticias, entrevistas, críticas y publicaciones similares en medios impresos, visuales y redes sociales y toda clase de medios en Internet” acerca de la investigación policial, informó el diario Hürriyet Daily News.
En esta ocasión, la respuesta de las autoridades hacia la cobertura informativa ha sido mucho más rápida y coordinada que en los ataques de octubre, los peores que ha sufrido Turquía. Primero, el Gobierno ha emitido un mandato a una hora de producirse el atentado dirigido a los medios audiovisuales. Después, a las dos horas, un juez ha emitido una orden general de censura que incluye a las redes sociales.
“Se impone un bloqueo informativo antes incluso de que lleguen las ambulancias”, ha dicho Kemal Kılıçdaroğlu, líder de la principal formación turca, el Partido Popular Republicano (CHP), sobre la gestión del atentado por parte del Gobierno".
Medios audiovisuales interrumpieron sus emisiones este jueves a raíz del bloqueo informativo. Otros medios, sin embargo, ignoraron el bloqueo y han continuado con cautela. Mientras, la etiqueta #Nachrichtensperre (bloqueo informativo) en la red social Twitter ha estado entre las más usadas en Alemania.
Aunque las autoridades defienden actuar por el bien común, las fuentes consultadas por este diario consideran que acallar las críticas es la motivación subyacente. “El Gobierno no quiere críticas ni que se le culpe por estos atentados”, asegura a este diario Yaman Akdeniz, profesor de Derecho en la Universidad Bilgi de Estambul especializado en internet. “Es por eso que estas órdenes mordaza son tan amplias y vagas”.
“Bloquear informaciones que puedan ayudar a los terroristas vale, pero este caso la intención no es esa”, afirma Bozkurt. “No quieren lidiar con las consecuencias de lo que es visto como un error de inteligencia colosal”.
Muchos miran con escepticismo la política del Gobierno turco y en especial la de su presidente, Recep Tayyip Erdoğan, de cara a los medios de comunicación y ven peligrar la libertad de prensa en el país. Reporteros sin Fronteras situaba el año pasado a Turquía en el puesto 149 de 180 en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa.
En la antesala de las elecciones parlamentarias de noviembre, la policía entró en las oficinas de medios críticos con el Gobierno y cortaron sus emisiones. Un diputado de la oposición denunció este miércoles que más de 150 periodistas fueron detenidos el año pasado mientras que se emprendieron cerca de 500 acciones legales contra reporteros.
“La libertad de prensa está sangrando en Turquía. De hecho, se está gangrenando”, dice Akdeniz, el profesor. “Este bloqueo informativo es parte del ataque del Gobierno contra la prensa independiente, o lo que queda de ella. Queda por ver si será efectivo o no, pero definitivamente tiene un efecto disuasorio para que medios y usuarios de redes sociales se actúen con cautela”.