El Gobierno libanés abandona a su suerte a los refugiados sirios

“No puedo proteger a mis hijos cuando salen del campamento. ¿Qué puedo hacer? Ninguno de nosotros tiene estatus legal, por lo que no podemos pedir ayuda a la policía”, dice Haneen, una refugiada procedente de Siria que vive en el vecino Líbano.

Su testimonio ha sido recogido en un informe publicado esta semana por Human Rights Watch (HRW) sobre la precaria situación de los refugiados sirios en suelo libanés.

Algo más de un millón de sirios han pedido asilo en Líbano desde el estallido de la guerra en su tierra natal, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), lo que equivale a alrededor de una cuarta parte de la población libanesa.

En realidad son más, ya que no todos están registrados con Acnur. De hecho, el organismo dejó de registrar a solicitantes de asilo en mayo por instrucción del Gobierno.

Ahora muchos refugiados sirios están perdiendo su estatus legal en Líbano a raíz de las restrictivas normas de renovación del permiso de residencia establecidas por las autoridades el pasado enero y se ven expuestos a un mayor desamparo y vulnerabilidad.

“Los requisitos para renovar [el permiso de residencia] son prohibitivos para la mayoría de los refugiados en Líbano”, afirma a EL ESPAÑOL Dana Sleiman, portavoz de Acnur allí. “En consecuencia, muchos refugiados no pueden renovarlos”.

La tasa anual a pagar por renovar el permiso de residencia es de 200 dólares (unos 185 euros) para los mayores de 15 años. El problema es que pocos se pueden permitir esa cantidad.

Los refugiados en Líbano se dividen desde enero del año pasado en dos grupos: los registrados con Acnur y los que cuentan con el patrocinio de un ciudadano, que son responsables de asuntos como su alojamiento y atención sanitaria. El primer grupo no puede trabajar y depende exclusivamente de ayuda humanitaria. El segundo sí, aunque expone a ser explotado por sus patrocinadores, denuncia HRW.

El 70% de los refugiados sirios en Líbano vive, así, en la pobreza, informa Acnur. Naciones Unidas apunta que el 90% se halla atrapado en un círculo vicioso de deuda.

Junto al abono de las tasas, los refugiados registrados deben proporcionar una prueba de residencia física, una prueba de viabilidad económica que indique que se pueden mantener por sí mismos o reciben ayuda humanitaria y una declaración comprometiéndose a no trabajar, asegura Sleiman.

Esta última condición los obliga a elegir entre ser refugiado pero no poder tener ingresos propios para salir adelante o renunciar a firmar dicho documento y convertirse en un falso migrante económico que sí puede llegar a obtener un permiso de trabajo, aunque tampoco está garantizado.

Además, perder el permiso de residencia significa no poder dejar el país o no poder notificar el nacimiento de un hijo, explica. HRW afirma que de los 40 refugiados que entrevistó para realizar su informe, once habían sido arrestados por su falta de reconocimiento de estatus legal.

“Para evitar encontrarse con los servicios de seguridad libaneses, lo que hacen muchos sirios es restringir sus movimientos”, asegura a este diario David Viñas, responsable de incidencia política para Oriente Medio de la ONG Save the Children. “Eso hace que todavía tengan más problemas para acceder a medios de vida, a servicios”.

Muchas familias, cada vez más desesperadas, se ven obligadas a tomar medidas extremas como enviar a sus hijos a trabajar, afirma Viñas. Por su parte, Unicef informa de que se han documentado casos de niños de seis años trabajando en Líbano. La mitad de los niños que viven en las calles del país o trabajan tienen entre 10 y 14 años. La paga, además, es mala: un niño de 10 años gana cuatro dólares por un día de trabajo en el valle de Bekaa recogiendo patatas.

“Mi hijo de 12 años consiguió un trabajo en dos semanas. Sé que lo contrataron a él en vez de a mí porque le pueden pagar menos y es más fácil explotarlo. ¿Qué puedo hacer? El alquiler es lo que más me preocupa”, dijo Mahmud, un refugiado sirio, a HRW. “Si él no trabaja, mi familia tendrá que dormir en la calle”.

Algunos refugiados pueden permitirse alquilar pisos, mientras que otros se ven atrapados en una infravivienda y otros moran en campamentos informales realizados con materiales improvisados. En Líbano, a diferencia de otros países de la región, no existen campos de refugiados al uso. 

La imposibilidad de estos para trabajar legalmente los lleva a entrar en la economía sumergida, lo que los hace más vulnerables. “La gran mayoría de refugiados que trabajan lo hacen en el ámbito informal y muchos trabajan en condiciones de explotación”, dice Viñas.

Organizaciones como Amnistía Internacional y HRW o el Acnur piden que se supriman las tasas de renovación de los permisos de residencia de los refugiados sirios en Líbano y se les permita trabajar legalmente.

Viñas y Sleiman, sin embargo, subrayan que la población libanesa ha sido generosa con los refugiados. Líbano es proporcionalmente el país que alberga más refugiados sirios. Ambos piden además que la comunidad internacional se vuelque para mejorar la situación de los refugiados.