El decreto de "emergencia económica" agudizará la crisis en Venezuela

El Gobierno de Nicolás Maduro ha reconocido finalmente que Venezuela vive una crisis económica. Después de meses sin que se hicieran públicos los principales indicadores, el Banco Central de Venezuela ha divulgado cifras, aunque corresponden a agosto de 2015. La inflación anualizada al tercer trimestre del año pasado cerró en el 141,5%, el PIB cayó un 7,1% para esa fecha y la balanza comercial reportó un déficit de 782 millardos de dólares. Más allá de los números, en las calles la gente hace filas cada vez más largas para poder obtener productos básicos y la molestia por la situación económica es evidente en los rostros, en las conversaciones. Maduro ha aceptado lo evidente.

Ante un panorama financiero adverso, que según las encuestas incidió en la derrota chavista en las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre, el presidente ha decretado la emergencia económica, una serie de medidas que le permitirían salir de la crisis, tal como lo ha planteado su ministro de Economía, Luis Salas.

Pero economistas como Asdrúbal Oliveros han manifestado que el mencionado decreto, que entre otras medidas amaga con implementar un corralito financiero, preocupa por tres razones: primero, por el diagnóstico que hace de la crisis. El chavismo culpa a la "guerra económica". Para la jerarquía en el poder el sabotaje y la conspiración de los empresarios venezolanos, junto con la oposición y el gobierno norteamericano, han llevado al país a la actual situación. Segundo, a Oliveros le preocupan las medidas propuestas. Él ha escrito en las redes sociales que el Ejecutivo pretende ser autónomo, "para hacer lo que le da la gana. Es decir, seguir gobernando como hasta ahora". Y por último, el director de Ecoanalítica cree que con la "emergencia" se busca limitar a la Asamblea Nacional (AN).

Más conflictividad

Según la Constitución venezolana, la emergencia económica propuesta por Maduro debe ser aprobada por el Parlamento y tener el visto bueno del Tribunal Supremo de Justicia. Ambos poderes tienen ocho días para pronunciarse al respecto. Lo más probable es que la mayoría opositora en la Asamblea rechace la medida, tal como lo ha apuntado el diputado de la Mesa de la Unidad Democrática, José Guerra. "El gabinete económico no tiene idea de la magnitud de la crisis", ha dicho a pocas horas de que los congresistas reciban a Maduro para escuchar su mensaje anual.

Luis Vicente León, de Datanálisis, ha comentado que el decreto anunciado, que también da facultades al Ejecutivo para "requerir" a las empresarios cualquier bien que sirva para abastecer a la población, no es una sorpresa y no representa un cambio de rumbo de las políticas oficialistas.

Para él, se intenta justificar la "profundización del intervencionismo" y destaca que los elementos más importantes son el control total que tendría el gobierno del presupuesto, sin la contraloría de la Asamblea Nacional y la mencionada posibilidad de "intervenir empresas" para garantizar el abastecimiento.

Luis Oliveros, también economista, ha expresado que el decreto es peligroso porque traerá "más crisis" y ha pedido a la AN que lo rechace "rotundamente".

Buena parte de los especialistas coincide en que mantener la misma filosofía no hará más que profundizar los desajustes. Carlos Miguel Álvarez, profesor de econometría en la Universidad Católica Andrés Bello, ha afirmado que seguir un "modelo económico colapsado" agudiza los problemas y "acelera el proceso de transición".
En un artículo de opinión, Víctor Álvarez, investigador del Centro Internacional Miranda, ha escrito que el conflicto de poderes, encarnado por el oficialismo y la oposición, "amenaza con una crisis de gobernabilidad". Ese escenario, que con el decreto de emergencia económica tendría un asalto más, podría provocar "una confrontación social de consecuencias impredecibles".