La claves de la investigación a Petróleos de Venezuela

El diputado opositor Freddy Guevara, presidente de la comisión permanente de control de gastos públicos de la Asamblea Nacional de Venezuela, se ha puesto como objetivo investigar a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la empresa más grande del país, ya que la considera “una olla de corrupción”.

Guevara dice que la compañía estatal, junto al Banco Central y el Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional (Fonden), representa “la mayor perversión en contra del erario público”. Por ello se ha creado una comisión especial parlamentaria que investigará a fondo las cuentas de la petrolera.

¿Quiénes investigarán?

La Asamblea Nacional tiene entre sus funciones la de ejercer control sobre el Gobierno y la administración pública nacional. Por ello puede fiscalizar el cumplimiento de las funciones institucionales.

En el caso de Pdvsa, la Comisión de Energía y Petróleo ya se ha pronunciado a través del diputado Elías Matta, quien ha asegurado que se debe conocer la situación contable de la compañía.

La Comisión de Contraloría, la que preside Guevara, también se ha pronunciado al respecto y ha creado una comisión especial para tal fin.

¿Qué investigarán?

Carlos Berrizbeitia, miembro de la Comisión de Contraloría de la Asamblea, ha dicho que es importante conocer al detalle las contrataciones y asesorías hechas por la petrolera, saber si han existido las licitaciones que establece la ley, cómo ha sido el manejo de los recursos, cuál es el estado de las cuentas, cuánto ingresa y cuánto egresa de las mismas.

Desde el punto de vista de la industria en sí, también es necesario que se sepa cuánto cuesta producir un barril de petróleo, cuál es el estado de las refinerías, de las inversiones y las razones por las cuales no se han cumplido las metas de producción, según ha dicho Matta.

¿Cuándo tendrán los primeros resultados?

Freddy Guevara reconoce que Pdvsa es una “caja negra”, en la que hay mucho por descubrir, pero confía en que la comisión especial parlamentaria pueda entregar un informe preliminar en 30 días. “Es tan grande que no podremos acabarlo en una sola investigación”, ha dicho.

La Pdvsa de la “revolución”

Durante diez años (2004-2014) Rafael Ramírez estuvo al frente de Petróleos de Venezuela, una compañía que en ese período facturó más de 650 mil millones de dólares, según cifras del Banco Central venezolano. Ramírez, un ingeniero graduado en la Universidad de Los Andes, era un hombre de confianza para el fallecido presidente Hugo Chávez. No en vano el líder de la “revolución bolivariana” puso en sus manos a la gallina de los huevos de oro, en tiempos en los que el barril de petróleo se cotizaba por encima de los 100 dólares. Años de bonanza y despilfarro.

Hoy, cuando han llegado los tiempos de las vacas flacas, Venezuela cuenta con unas reservas internacionales de apenas 15.500 millones de dólares y para este 2016 tiene previsto pagar unos 9.500 millones de dólares entre vencimientos e intereses de deuda externa. El dinero no alcanza para un país cuyos ingresos por exportación dependen en más de un 90% de la industria petrolera y que importa el 70% de los alimentos que consume, según han admitido voceros del chavismo como el gobernador de Vargas, Jorge Luis García Carneiro.

Venezuela, que manejó durante tanto tiempo tantos ingresos (884.000 millones de dólares desde que llegó la “revolución” en 1999, según datos del Banco Central), no debería estar en la actual situación de desabastecimiento e inflación. Eso es lo que sostienen expertos como el economista Jesús Casique. “Tenemos un problema económico muy grave a causa de un Gobierno que ha despilfarrado los recursos”, ha dicho en una entrevista reciente. A pesar de ello, ninguna de las instituciones del Estado ha sabido responder, cuentas en mano, adónde fue a parar todo ese dinero, si bien el discurso oficial insiste en recalcar que los ingresos petroleros se han invertido en “gasto social”.

La lupa sobre Ramírez

La Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, ha anunciado que iniciará una investigación sobre “la verdadera situación contable de Pdvsa”. El principal protagonista de esta nueva etapa es Rafael Ramírez, muy cuestionado por no ofrecer detalles de su gestión al frente de la estatal petrolera.

“Aquí hay gente que está clarita que tiene que responder. Ellos saben que más temprano que tarde van a tener que venir a rendirle cuentas al país”, ha dicho Guevara, presidente de la Comisión de Contraloría, sobre Ramírez, que actualmente reside en Nueva York.

El expresidente de Pdvsa es hoy embajador venezolano ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas.

Ramírez, entre otros líderes venezolanos, es investigado en Estados Unidos por varias agencias federales por “saquear miles de millones de dólares a través de sobornos y otros ardides”, según reveló el Wall Street Journal en octubre de 2015.

En reciente investigación, EL ESPAÑOL demostró que el expresidente de Pdvsa abonó comisiones de 3,8 millones de euros por concepto de “asesoría jurídica” a Alejo Morodo, hijo del embajador de España en Venezuela (2004-2007) Raúl Morodo.

La Pdvsa de Rafael Ramírez aumentó su nómina hasta convertirse en una empresa con 145.000 trabajadores fijos y 24.000 contratados, si se toman en cuenta los datos de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela. A pesar de estas dimensiones, la estatal no ha cumplido con la meta de aumentar su producción. El objetivo de la petrolera era alcanzar los 5,8 millones de barriles diarios para el año 2012, pero según Eulogio Del Pino, actual presidente de la compañía, en 2015 se producían apenas 2,85 millones de barriles.

Del Pino es otro de los personajes que tendrá que comparecer ante los diputados para rendir cuentas sobre el manejo de la industria.

El país no tiene cifras sobre el costo de producción de cada barril de crudo, ni tampoco se conoce el destino del dinero del Fondo Chino, un acuerdo de cooperación bilateral para financiar proyectos en el país suramericano. Pdvsa debe pagar a China con petróleo una deuda de unos 50 mil millones de dólares. La oposición sostiene que no se conocen al detalle las condiciones de este acuerdo.