Hace dos años Leopoldo López estaba rodeado de una multitud en Caracas. Miles de sus partidarios lo acompañaron aquel 18 de febrero de 2014, el día que decidió entregarse a las autoridades venezolanas. La muchedumbre vestida de blanco se congregó a lo largo de una avenida para despedir a su líder, acusado inicialmente de “incitación a crear disturbios” y terrorismo.
López decidió afrontar los cargos gubernamentales y descartó con ello el exilio. Cumpliría así con un requisito no escrito para aspirar a ser presidente de Venezuela: haber estado preso, como lo estuvo el propio Hugo Chávez tras su intento de golpe de Estado en 1992, o Rómulo Betancourt, primer presidente de la democracia venezolana.
De aquella jornada han quedado varias postales para la memoria colectiva venezolana. En una de esas imágenes se ve a López despedirse de su esposa, Lilian Tintori, con la multitud de testigo. Lo hacen desde el pedestal de la estatua de José Martí, el héroe independentista cubano.
Después de un breve discurso en el que el líder opositor aseguró que se presentaba ante una “justicia injusta”, dijo: “Si mi encarcelamiento vale para un despertar del pueblo y para que la mayoría de los venezolanos que queremos cambio podamos construirlo, valdrá la pena”.
López, uno de los principales proponentes de “La Salida”, convocatoria que buscaba presionar con protestas multitudinarias la renuncia del presidente Nicolás Maduro, se entregó así a una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana que se lo llevó del lugar en una tanqueta blanca, dejando otra imagen para la historia: López gritando libertad, con una flor en la mano y en la otra, el tricolor venezolano, antes de ser trasladado.
Leopoldo López se despide el día que se lo llevaron preso.
Hoy, un par de años después, Leopoldo López está aislado en el edificio anexo de la prisión militar de Ramo Verde. Es el único detenido en esa torre. Sus familiares han denunciado que desde hace nueve meses se encuentra en esa situación, apartado de todos los demás reclusos que conviven en una cárcel emblemática para los presos políticos.
En ella han estado recluidos Raúl Isaías Baduel, Daniel Ceballos, Antonio Ledezma, personajes clave en la historia que se escribe en Venezuela en estos tiempos.
Los días de López transcurren entre lecturas, lejos de la agitación de otros días. Justo donde es conveniente para un gobierno aquejado por la mayor crisis de la historia contemporánea de Venezuela.
Quienes han visitado a López aseguran que se mantiene sereno, convencido de que saldrá antes de cumplir la condena. Ha descubierto su afición por la pintura y a veces se le permite jugar al baloncesto con los otros prisioneros, según ha contado Diana, su hermana mayor.
Juicio irregular
La jueza Susana Barreiros sentenció a López, representante del sector más combativo de la oposición, a 13 años, nueve meses y siete días de prisión por los delitos de instigación pública, asociación para delinquir y determinador en daños e incendio después de un polémico juicio. La defensa del exalcalde de Chacao, uno de los cinco municipios que conforman la capital venezolana, ha insistido en que se ha violado el derecho al debido proceso del dirigente al no aceptar ninguno de sus testigos.
También han recordado que su defendido es llamado “asesino” por jerarcas del Gobierno. Dicen que ya López había sido sentenciado públicamente por sus acusadores, incluidos el presidente Maduro y el diputado Diosdado Cabello, que lo responsabilizan por las muertes de 43 personas durante las manifestaciones que se prolongaron durante varias semanas a inicios de 2014 y que fueron reprimidas con contundencia por el Estado venezolano. Ese año la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, admitió que 19 funcionarios fueron detenidos y acusados de torturas y tratos crueles a los manifestantes.
“El monstruo de Ramo Verde” es el mote que desde los medios del Estado han usado para referirse a Leopoldo López, dirigente que nunca ha sido acusado oficialmente ante los tribunales por asesinato alguno y que, durante su presidio, realizó una huelga de hambre por 30 días que obligó a las autoridades electorales a definir la fecha de las elecciones parlamentarias que finalmente se realizaron el 6 de diciembre de 2015.
Después de pronunciar su sentencia contra López, la jueza Barreiros fue ascendida. Actualmente es la Defensora Pública General de la nación.
Franklin Nieves, fiscal 41 nacional y encargado de acusar al disidente, pidió asilo en Estados Unidos tras asegurar que utilizó pruebas falsas durante el juicio contra López. “Decidí salir con mi familia de Venezuela en virtud de la presión que estaba ejerciendo el Ejecutivo Nacional y mis superiores jerárquicos para que continuara defendiendo las pruebas falsas con que se había condenado al ciudadano Leopoldo López”, se le escucha decir en un vídeo grabado desde el exterior. A pesar de las irregularidades en el caso, López permanece tras las rejas.
Polémica amnistía
Durante la campaña electoral que llevó a la oposición venezolana a ser mayoría en la Asamblea Nacional (AN), la propuesta de la Ley de Amnistía para los presos políticos fue una de sus principales banderas y Leopoldo López la figura más emblemática de los 74 presos políticos que contabiliza la Mesa de la Unidad Democrática.
Esta iniciativa, que permitiría la libertad inmediata de López y el beneficio procesal a miles de venezolanos dentro y fuera del país, ha sido criticada con contundencia por el oficialismo. Héctor Rodríguez, líder de la bancada socialista en el Parlamento, la ha catalogado como una “declaración de amnesia criminal” y Diosdado Cabello, antiguo presidente de la AN, ha dicho que “no va a haber libertad para los asesinos”. Pero el Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados son minoría parlamentaria, por lo que desde el Legislativo no podrán impedir que se apruebe el texto.
La historia puede ser distinta cuando el Tribunal Supremo de Justicia se pronuncie. El máximo ente judicial lleva más de diez años sin dictar una medida contraria al Gobierno venezolano, según se desprende de la investigación realizada por los abogados Antonio Canova, Luis Alfonso Herrera, Rosa Rodríguez y Giussepe Graterol en el libro “El TSJ al servicio de la revolución”. Eso, sumado a la reciente designación de trece magistrados afectos al oficialismo, hace prever que el Supremo del país declare la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y Reconciliación que ya ha sido aprobada por la Asamblea en primera discusión. Cabello también ha dejado caer, por si queda alguna duda, que ningún tribunal del país acatará esa legislación.
En un país donde abundan los rumores sobre la posible renuncia de Maduro a su cargo y la inestabilidad política y social es palpable, un fuerte conflicto entre los poderes públicos podría conducir a que la amnistía sea sometida a un referendo aprobatorio popular, según ha apuntado el experto en derecho constitucional, José Vicente Haro. Pero ese camino es largo y engorroso.
La amnistía, recurso que parece a la mano del dirigente opositor, se ejecutará si priva el entendimiento entre las partes. Para ello el gobierno debe estar dispuesto a ceder, cosa que parece muy difícil porque la crisis económica es peor que hace dos años, la popularidad de Maduro ha disminuido aún más y las medidas para rectificar el rumbo no han aparecido.
El chavismo no quiere en un contexto así tener a Leopoldo López en la calle, un líder político que este jueves recibe el apoyo público en Caracas de figuras como el polaco Lech Walesa. No conviene al oficialismo que su liderazgo pueda servir para presionar más, si eso fuera posible, la inestabilidad de Maduro frente al poder.