La ‘CEOcracia’ de Macri o las puertas giratorias de Argentina

El 3 de diciembre, una semana antes de que asumiera la presidencia de Argentina, Mauricio Macri convocó a la prensa al Jardín Botánico de Buenos Aires para presentar a su futuro gabinete. “Éste es el mejor equipo posible de los últimos 50 años”, señaló después de sacarse una foto con todos sus ministros como si se tratará de un plantel de fútbol.

Además de los funcionarios que habían acompañado a Macri durante su gestión al frente de la alcaldía de Buenos Aires entre 2007 y 2015, posaban los ex consejeros delegados de la petrolera holandesa Shell, de la aerolínea chilena LAN, de la filial local de Telecom Argentina y de la cadena de farmacias nacional Farmacity; el antiguo director regional de la editorial Random House Mondadori y el hijo del dueño de los concesionarios oficiales de Volkswagen en Argentina. Sólo faltó, con aviso, la ex CEO de General Motors.

Fuera de la imagen también se quedaron cuadros directivos de Telefónica, Banco Galicia, HSBC, Deutsche Bank, JP Morgan, Citibank, Pan American Energy (la segunda productora nacional de hidrocarburos), Axion (que compró la filial local de Exxon) y el Grupo Clarín (el conglomerado de medios más importante del país y uno de los más grandes de América Latina), cuyos nuevos roles tienen un nivel menor de exposición pública.

Gabinete de Gobierno del presidente argentino Maurico Macri.

Tanto los que salen en la foto como los que no decidieron dar el salto de la función privada a la pública y muchos de ellos deben hoy regular desde el Estado aquellos mercados en los que sus anteriores empleadores son activos competidores. Sus primeras medidas generaron suspicacias en un sector de la población que mira con recelo este posible conflicto de intereses. Estos son algunos casos de la nueva 'CEOcracia' argentina.

Combustible al fuego

En junio de 2015 Juan José Aranguren anunció su jubilación de Shell. Llevaba 37 años trabajando en la petrolera anglo-holandesa y, en los últimos doce, había ejercido como consejero delegado de la compañía en Argentina.

En ese período, que coincidió con los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, la empresa que dirigía acumuló más de 100 denuncias por desabastecimiento por parte de la Secretaria de Comercio que se tradujeron en multas millonarias. Desde el 10 de diciembre, sin embargo, es el flamante ministro de Energía y Minería del gobierno nacional.

Una de sus primeras medidas fue desarticular la legislación que regulaba las inversiones del sector de los hidrocarburos y eliminar una comisión estatal que, entre otras cosas, imponía multas en casos de desabastecimiento y controlaba los precios de venta del combustible en el país. Al día siguiente, las petroleras anunciaron una subida del 6% en los precios de venta en las gasolineras y, la semana pasada, advirtieron de un nuevo aumento en marzo.

A cuatro días de asumir su cargo, Aranguren designó a la nueva dirección del Ente Nacional Regulador de la Eléctricidad (ENRE), un organismo encargado de controlar que las empresas del sector cumplan con sus obligaciones. Dos de sus cuatro integrantes tenían un curioso currículum: Juan Garade fue gerente de Planificación Económica de Edenor entre 1992 y 1998 y Director de Planificación, Control y Regulación de Edesur entre 2001 y 2012; mientras que Ricardo Sericano ocupó distintas gerencias de Edenor entre 1992 y 2010.

Edenor y Edesur son las dos empresas más grandes que el ENRE debe controlar y las responsables por los intermitentes cortes de luz que afectaron al área metropolitana de Buenos Aires en los últimos veranos. En 2015, por ejemplo, el 75% de las reclamaciones por mal funcionamiento de los servicios públicos recibidos por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires correspondieron a estas empresas.

Las suspicacias cobraron envergadura cuando el 29 de enero Aranguren anunció un nuevo cuadro tarifario para el sector eléctrico que implicó un aumento promedio del 507% en la factura de luz para el 70% de los usuarios.

El hombre que debía supervisar esa decisión era el flamante Subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria del Ministerio, Andrés Chambouleyron. En su perfil en la red social Linkedin puede leerse que fue consultor de Compass Lexecon, una empresa estadounidense que asesora a grandes corporaciones en casos de arbitrajes internacionales y desde la cual intervino como experto de parte para distintos clientes que demandaron a la Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI) en al menos once ocasiones (tres de las cuales estuvieron vinculadas a casos de distribución de la electricidad y una a transporte eléctrico).

Es la economía, estúpido

El 29 de febrero el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay, anunció un principio de acuerdo con los fondos buitres más beligerantes que desde hace años perseguían judicialmente al país, bloqueando sus posibilidades de financiarse en el exterior.

Según la información divulgada hasta el momento, el conveniente acuerdo para el 7% de los tenedores de bonos de la Argentina que no habían aceptado las dos ofertas de reestructuración previas realizadas durante los gobiernos kirchneristas les representa a estos una rentabilidad estimada del 1.000%.

La persona elegida por el macrismo para cerrar esta operación fue Luis Caputo, un ex compañero de Prat-Gay de la época en que ambos trabajaban en el JP Morgan y luego CEO de la filial del Deutsche Bank en Argentina, cargo que dejó en 2008 para fundar Noctua Partners, precisamente una gestora de fondos con sede en Miami que realiza operaciones semejantes a las de los buitres.

Además, el Deutsche Bank y el JP Morgan son dos de los siete bancos que se beneficiaron de una operación con el Banco Central por medio de la cual le prestaron un total de 5.000 millones de dólares por un plazo de once meses con una tasa de interés de 6,7%. Entre esas entidades financieras se encuentran además el BBVA y el Banco Santander.

Pero los bancos no son las únicas empresas españolas beneficiadas por los nuevos nombramientos del ejecutivo porteño. Heber Martinez, ex gerente de Asuntos Corporativos de Telefé, canal propiedad de Telefónica, fue designado director del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), un organismo creado por decreto del Ejecutivo en diciembre para regular los medios audiovisuales.

En aquel decreto fundacional, el Gobierno también renovó las licencias de todos los canales de televisión por 15 años y quitó las limitaciones de alcance de audiencia nacional (35%) que Telefé superaba a través de sus distintos medios.

Poder concentrado

La lista de nuevos funcionarios que hasta hace poco ocupaban cargos gerenciales en empresas privadas se extiende por los ministerios de Producción, Desarrollo Social y Trabajo y Bienestar, entre otros. También pueden encontrarse ex directores de compañías multinacionales que fueron designados en cargos relevantes de empresas estatales como Aerolíneas Argentinas o YPF.

Nadie discute su conocimiento de los respectivos mercados, aunque su experiencia genera inquietud en un sector de la población que observa con preocupación cómo el poder político y el económico parecen reencontrarse en las mismas manos. El equipo de Macri ya salió a la cancha, pero para saber si es el mejor, como él pregona, habrá que esperar. Lo que seguro no le faltará son motivos para patrocinarlos.