Así ha sido el día más duro de Lula da Silva

La liturgia de la policía federal fue idéntica a la de las 23 operaciones anteriores de la operación Lava Jato, que investiga la corrupción y blanqueo de capitales en la empresa Petrobras y sus ramificaciones empresariales y políticas: despliegue de decenas de agentes con pertrechos de guerra, gafas de sol y cara seria en el lugar marcado para un registro a las seis de la mañana, traslado de las personas implicadas a dependencias judiciales y rueda de prensa de la plana mayor de los fiscales del caso a las 10 de la mañana.

Sólo hay un cambio respecto a las otros 23 operativos desarrollados casi a lo largo de los últimos dos años: el protagonista era el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, seguramente el mayor símbolo político del país.

Lula da Silva pasó seis horas en las que se sintió “prisionero”, según él mismo declaró. Primero recibió en su casa a la policía federal, que le conminó a dirigirse a la comisaría de la policía federal en el aeropuerto de Congonhas, en Sao Paulo. No fue detenido, técnicamente tampoco arrestado, sino conducido a prestar “declaración coercitiva”.

La operación bautizada como Aletheia –la verdad o la búsqueda de ella, en griego clásico-, lanzada por la policía federal, busca investigar posibles delitos de corrupción y lavado de dinero relacionados con cinco empresas implicadas en el caso Lava Jato y Lula da Silva.

Según declararon los fiscales del caso, hay “evidencias claras de que Lula se benefició de los desvíos de dinero”. Según los cálculos de la propia fiscalía, se trata de unos 30 millones de reales, unos 7 millones y medio de euros, presuntamente pagados por las compañías, eminentemente constructoras, al Instituto Lula y a una empresa de conferencias del expresidente.

Hasta ahora Lula era investigado por ocultación del patrimonio, por denuncias de reformas en una finca y un supuesto regalo de un tríplex en la costa de Sao Paulo, pero ahora los delitos incluyen corrupción activa y lavado de dinero. “De hecho han surgido evidencias de que los delitos le enriquecieron y financiaron campañas electorales de su partido”, asegura el comunicado del Ministerio Público Federal.

Lo que queda por resolver es en qué medida eso ayudó a mantener los esquemas corruptos en Petrobras (principal objetivo de los fiscales) y si el dinero recibido por Lula sirvieron como pago por favores realizados durante su mandato como presidente.

Según el propio Ministerio Público, Lula da Silva contestó a todas las preguntas realizadas durante las más de tres horas de declaración, mientras fuera de la comisaría, en plena terminal de Congonhas y en sus inmediaciones se agolpaban militantes del PT y simpatizantes opositores en un clima de alta tensión.

Al salir fue trasladado y custodiado por su servicio deseguridad hasta la sede del PT en el centro de Sao Paulo. Allí, el expresidente atacó la operación y dijo sentirse preso por lo que tildó de “show mediático”. Dijo Lula que era innecesaria la pperación. “Podrían haberme invitado, pero ellos prefirieron la prepotencia y la arrogancia. Fue un espectáculo de pirotecnia, porque los abogados no sabían nada y algunos medoios lo sabían desde ayer”, declaró.

Efectivamente, tal y como reconoció la fiscalía, en las últimas horas hubo filtraciones que ahora investigan para que no entorpezcan las sucesivas etapas de la Lava Jato. Una vez desahogado, Lula tuvo tiempo de bromear como en sus mejores tiempos: “Es curioso que se extrañan de que cobro 200.000 dólares. Y Bill Clinton viene y cobra un millón y todos aplauden”, dijo, en referencia a las acusaciones contra él de recibir dinero negro por dar conferencias.

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, ha emitido una nota en la que declara su “completa disconformidad” con la operación contra el expresidente, considerada “innecesaria” por parte de la mandataria.

La operación Aletheia sólo es la última, que no definitiva, etapa de una investigación que en dos años ha demostrado el desvío de diez mil millones de reales, unos 2.300 millones de euros, de Petrobras, y ha metido en prisión a más de cien empresarios y políticos.