La guardia europea de fronteras se queda sin poderes antes de nacer

Era la iniciativa emblemática de Bruselas para frenar la llegada de refugiados y migrantes, pero sus poderes se han recortado incluso antes de nacer. La nueva guardia europea de fronteras y costas podrá empezar a desplegarse en agosto, cuando los flujos migratorios vuelvan a aumentar por el buen tiempo. El calendario ha sido confirmado este jueves en la reunión de ministros del Interior de los 28. Pero los estados miembros ya se han puesto de acuerdo para suprimir uno de los aspectos más novedosos y a la vez polémicos de la propuesta original de la Comisión: que pueda desplegarse incluso sin permiso del país afectado por una crisis migratoria.

No es la primera vez que los gobiernos de la UE descafeínan los planes de la Comisión. Al contrario. Desde que empezó la crisis de refugiados, el equipo de Jean-Claude Juncker ha ido presentando propuestas que suponían la transferencia de nuevas competencias a Bruselas para crear una política de asilo e inmigración común. Casi todas han corrido el mismo destino: quedarse a medio camino.

Los estados miembros se han resistido a ceder soberanía, lo que ha socavado la eficacia de todas las iniciativas, por ejemplo el plan para repartir a los refugiados entre los estados miembros. De los 160.000 previstos en septiembre, a día de hoy sólo se ha relocalizado a 885. El comisario de Inmigración, Dimitris Avramopoulos, ha pedido este jueves acelerar el ritmo a 6.000 personas al mes para aliviar la situación en la frontera cerrada entre Grecia y Macedonia. Pero los países del este, encabezados por Hungría y Eslovaquia, siguen negándose a acoger demandantes de asilo mediante este sistema de reparto.

España, entre los más satisfechos con la decisión

A los países del este tampoco les gustó la idea de ceder soberanía a una guardia europea de fronteras. Pero en esta cuestión han contado también con el apoyo de los países del sur, como España, Grecia, Italia o Malta, que quieren mantener el control de sus fronteras. El plan original de Bruselas consiste en transformar la actual Agencia de Control de Fronteras (Frontex), que se creó en 2004, en un cuerpo europeo reforzado. Para ello, se aumentará su plantilla permanente de 400 a 1.000 personas. Y por primera vez se crea una reserva de 1.500 guardias fronterizos nacionales, que los estados miembros estarán obligados a ceder a Bruselas en un plazo máximo de tres días si el nuevo cuerpo lo pide. En la actualidad, las contribuciones a Frontex son voluntarias.

“Una de las mayores debilidades de esta iniciativa es que en realidad se trata únicamente de una agencia Frontex mejorada. No se garantiza que cuente con sus propios guardias de fronteras, sino que va a seguir dependiendo de las autoridades nacionales”, explica a EL ESPAÑOL Sergio Carrera, investigador del Centre for European Policy Studies. Carrera ve improbable que el plan sirva para resolver la crisis de refugiados, sobre todo si los gobiernos lo diluyen aún más. “Le han puesto un título muy bonito, pero a la luz de lo que está pasando en las negociaciones, parece que va a acabar siendo lo mismo”, señala.

Se suprime el derecho a intervenir

Lo que más preocupaba a los gobiernos era el nuevo “derecho a intervenir” que Bruselas otorga a la guardia costera. En un momento de crisis grave, la agencia podría actuar incluso en contra de la voluntad del país afectado. Un plan patrocinado por Alemania y Francia para casos como el de Grecia, que hasta el último minuto se opuso a la intervención de Frontex. La decisión final sobre la intervención quedaba en manos de la Comisión Europea.

El secretario de Estado de Seguridad holandés, Klaas Dijkhoff, cuyo país ostenta la presidencia rotatoria de la UE, se ha declarado este jueves “optimista” sobre las posibilidades de acuerdo. El objetivo de Holanda es llegar a un pacto político en la próxima reunión de ministros del Interior del 21 de abril, que pueda ser ratificado por la Eurocámara en junio. La presidencia holandesa ya ha pedido a los Estados miembros que le informen de la cantidad de efectivos que están dispuestos a aportar a la reserva obligatoria de 1.500 guardias fronterizos.

Para vencer la resistencia de las capitales, Holanda ha presentado una propuesta de compromiso, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, que diluye el plan original. La última palabra para decidir el despliegue de la guardia costera ya no la tendrá la Comisión, sino las capitales. Y es improbable que los gobiernos nacionales voten para intervenir en un país que está en contra.

Pero además, el reglamento incluye un nuevo artículo que funcionará como válvula de escape: permitirá al país afectado negarse a colaborar con la guardia europea de fronteras, simplemente explicando sus motivos por escrito. En ese caso, el resto de países estarían autorizados a reintroducir los controles fronterizos internos para aislar el problema. Es algo que ya contempla la legislación vigente y que se está haciendo en estos momentos por los problemas en Grecia.

Estos cambios satisfacen al Gobierno en funciones de Mariano Rajoy, que era uno de los que más se oponían a la nueva guardia de fronteras europea por temor a que algún día se desplegara en Ceuta y Melilla en contra de la voluntad de España, según fuentes diplomáticas. La delegación española siempre ha defendido durante las negociaciones que ya protege adecuadamente sus fronteras y no necesita la asistencia de la UE.

Para Carrera, los líderes europeos se equivocan en su "obsesión" por reforzar los controles fronterizos y acelerar las repatriaciones, porque los refugiados no van a dejar de venir. A juicio del investigador del Centre for European Policy Studies, Bruselas debería poner el acento en la mejora de la capacidad de acogida de los Estados miembros para "recibir a esta gente en condiciones adecuadas y asegurar que tienen acceso a protección internacional".

Rutas alternativas

Además de la guardia europea de fronteras, los ministros del Interior de los 28 han discutido este jueves el controvertido acuerdo alcanzado el lunes con Ankara, que permitirá a la UE devolver a territorio turco a todos los migrantes y refugiados que lleguen a las islas griegas. El comisario de Migraciones, Dimitris Avramopoulos, ha asegurado que el pacto respetará el derecho europeo e internacional una vez que se negocien sus detalles finales, de aquí a la cumbre del 17 de marzo. La ONU y muchas organizaciones internacionales creen que es ilegal, porque la legislación europea prohíbe las expulsiones masivas y Turquía no puede considerarse un país seguro.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha respaldado el acuerdo y ha criticado al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, por considerarlo "ilegal" e "inmoral". Por su parte, Oxfam ha pedido al Congreso que exija su bloqueo. Fernández Díaz ha trasladado a sus socios europeos su preocupación por la posibilidad de que el flujo de refugiados se traslade al Mediterráneo Occidental, y por tanto a España, tras el cierre de la ruta de los Balcanes. El ministro del Interior ha pedido a la UE que dé a Marruecos un trato similar al de Turquía por contribuir a frenar la migración.