La Constitución venezolana establece la posibilidad de que los ciudadanos revoquen el mandato de todos los cargos electos por votación popular. En el caso del presidente, este mecanismo se puede activar una vez cumplida más de la mitad del período de seis años. Nicolás Maduro ya ha sobrepasado ese hito y por ello la oposición ha iniciado el proceso que, en su etapa primigenia, se ha topado con trabas.
El Consejo Nacional Electoral, ente encargado de los mecanismos y sistemas de las elecciones en el país suramericano, estableció unas normas para regular los referendos revocatorios en septiembre de 2007 que la oposición venezolana ha calificado como “absurdas”.
En base a ellas, el CNE ha rechazado hasta en tres oportunidades la activación del referéndum por considerar que los documentos consignados por la Mesa de la Unidad Democrática “no cumplen con los requisitos”.
La normativa en cuestión quedó vigente tres años después de que el expresidente Hugo Chávez venciera en las urnas la intención de revocar su mandato. A partir de ese momento, el procedimiento se volvió “innecesariamente complejo”, según el Observatorio Venezolano de Justicia.
Henrique Capriles Radonski, excandidato presidencial y uno de los principales promotores del revocatorio, ha dicho que sólo mediante ese mecanismo constitucional “el país retomará la institucionalidad” y ha insistido en que la situación general mejorará tras “un cambio político”.
“La intención del CNE es que no se concrete el revocatorio”, ha denunciado Capriles. Él cree que el Consejo Nacional Electoral maniobra para evitar la consulta, pero estima que la presión popular impulsará el plebiscito. “El pueblo está decidido a lograr un cambio político este año”.
La MUD ha entregado por cuarta vez los recaudos exigidos para dar inicio al proceso revocatorio y se espera que los rectores del CNE se pronuncien al respecto. Pero la lucha entre los Poderes Públicos en Venezuela hace dudar que esta iniciativa se pueda concretar sin mayores contratiempos.
Trabas institucionales
La oposición, que es mayoría en el Parlamento, trabaja en la promulgación de una Ley de Referendo, que permitiría agilizar los plazos y requisitos para poner fin al Gobierno chavista. Es una jugada que pretende luchar contra retrasos que puedan presentarse a lo largo del proceso. Ese proyecto ha sido aprobado por la Plenaria en segunda discusión esta semana.
Pero esa vía también es complicada para la disidencia, que ve como los otros Poderes Públicos se han alineado a favor del Ejecutivo.
El CNE envió en días pasados un comunicado a la Asamblea Nacional en el que advierte que tiene la “iniciativa legislativa exclusiva” en materia electoral y de referendos. Pero, tal como recuerda Eugenio Martínez, especialista en el tema, el Poder Electoral tiene 10 años de mora con respecto a la Ley de Referendo y en 2009 permitió que la mayoría chavista en la Asamblea aprobara la Ley Electoral “sin acatar las recomendaciones del CNE”. Tibisay Lucena era la presidenta del ente en ese momento y hoy continúa al frente.
También se espera que esta ley, una vez aprobada, sea declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia, como ya ha hecho con la Ley de Amnistía y Reconciliación y con la reforma parcial a la Ley del Banco Central de Venezuela.
El máximo tribunal del país también ha suspendido la juramentación de los cuatro diputados del estado Amazonas (tres de ellos de la MUD), que le darían la mayoría absoluta a la oposición. En otra maniobra el TSJ ha limitado las facultades de la AN y ha aprobado el Decreto de Emergencia Económica solicitado por el Gobierno, a pesar de haber sido negado por la Asamblea. Todo en apenas 100 días de funcionamiento que tiene el nuevo Parlamento.
En opinión de José Ignacio Hernández, doctor en Derecho y profesor universitario, el Supremo se ha convertido en un “superpoder” al negar leyes y decisiones de la Asamblea “en una tendencia que, con toda probabilidad, será reiterada e incrementada”.
Esa arbitrariedad con la que ha actuado el TSJ, acompañado ahora por las dilaciones del CNE, es la principal amenaza que tiene la intención opositora. La sensación es que cualquier cosa puede pasar y ya no sorprendería una nueva traba legal. En la MUD insisten en que el chavismo no quiere medirse en elecciones, ya que teme un resultado adverso en momentos de intensa crisis económica y rechazo generalizado a la gestión de Maduro.
Burocracia electoral
El CNE estableció que la solicitud de referéndum debe hacerla una agrupación de ciudadanos o una agrupación con fines políticos y no directamente el 20% de los electores inscritos, tal como establece el artículo 72 de la Constitución.
Es por ello que los interesados en revocar a Maduro ahora deben:
1.- Consignar una primera solicitud para pedir que el CNE entregue un formato. La Mesa de la Unidad Democrática ha presentado los requisitos de esta etapa por cuarta vez, respaldado en esta oportunidad por 2.040 solicitudes. Se espera por el pronunciamiento de los rectores del Consejo Nacional para seguir al siguiente paso.
2.- Entregar el formato de recolección de 1% de las firmas de la agrupación de ciudadanos que solicita el revocatorio. Una vez consignado, esto debe ser aprobado por tres instancias internas del CNE.
3.- Conseguir que 20% de los electores (unas dos millones de personas) exprese, con su firma e identificación de sus huellas dactilares en un sistema biométrico, su deseo de ir a referéndum. Los ciudadanos tendrán que acudir exclusivamente a los centros de recolección que establezca la Junta Nacional Electoral. El CNE tiene 90 días para aprobar o no la convocatoria a referéndum.
4.- En el referéndum revocatorio deben participar al menos 25% de los electores inscritos, la cantidad total de votos debe ser superior o igual al número de personas que votaron por Maduro en 2013 (7.505.338) y los votos a favor de la revocatoria deben superar a los que votaron en contra.
Se estima que todo este proceso, de iniciarse hoy y si no se presentan mayores retrasos en el cronograma, puede prolongarse por 228 días. Lo que implica que el revocatorio se podría celebrar el 28 de noviembre de este año.
En diciembre, tras conocer la derrota en las elecciones parlamentarias, Maduro aseguró estar preparado para volver a las urnas. “Si ellos toman el camino del revocatorio, vamos al combate y el pueblo decidirá”.
El tiempo marca la diferencia
Para el referendo revocatorio presidencial en Venezuela, las fechas son importantes. Según la Constitución, si el presidente es revocado en los primeros cuatro años del período “se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes”.
En el caso de Maduro y el chavismo, el día fundamental es el 10 de enero de 2017. Después de esa fecha, si el mandatario es revocado, su vicepresidente quedará encargado hasta 2019, cuando termina el período.
La Mesa de la Unidad ha anunciado que se esforzará por poner fin al Gobierno de Maduro utilizando distintas vías democráticas, además del revocatorio. Para ello también impulsa una enmienda de la Constitución, que adelantaría el fin del mandato, y ha solicitado la renuncia del presidente, al que acusan de ser incapaz de resolver la difícil crisis económica que vive la nación.