¿El precio de negarse a acoger a refugiados en la UE? 250.000 euros por persona

La Comisión Europea admite el fracaso de las cuotas obligatorias de refugiados. En el futuro, los países miembros podrán negarse a participar en el reparto de demandantes de asilo organizado por la UE. A cambio, tendrán que pagar una “contribución financiera de solidaridad” de 250.000 euros por persona a la que se nieguen a recibir. Es el mecanismo que ha propuesto este miércoles el Ejecutivo comunitario y que podrán utilizar los países del este, como Hungría o Polonia, que hasta ahora se han opuesto a las relocalizaciones de refugiados.

De los 160.000 demandantes de asilo que la UE prometió repartirse en septiembre, sólo se ha redistribuido a 1.441, según los últimos datos (en pdf) del 3 de mayo. España, que también se resiste a las cuotas permanentes obligatorias, sólo ha acogido a 18. Eslovaquia, Hungría y Polonia a ninguno. Con su propuesta, Bruselas quiere evitar que este bloqueo se repita en el futuro y que los países que no quieren participar al menos paguen.

¿Qué ocurre si todos los países optan por pagar los 250.000 euros en lugar de acoger a refugiados? Es una hipótesis que la Comisión se niega siquiera a contemplar. “La abrumadora mayoría de estados miembros, en una situación de crisis, acogerá a refugiados”, ha sostenido el vicepresidente primero del Ejecutivo comunitario, Frans Timmermans. “El mecanismo financiero sólo puede usarse en circunstancias excepcionales, cuando un país no puede asumir la cuota que le corresponde”, ha dicho.

El vicepresidente primero de la Comisión, Frans Timmermans François Lenoir/Reuters

La cifra de 250.000 euros se ha calculado teniendo en cuenta los costes inmediatos de acoger a un refugiado (como vivienda, sanidad o educación) y también las cargas a largo plazo, porque si se le concede asilo es para cinco años, según ha dicho Timmermans. Otras fuentes comunitarias aseguran que esta cantidad tiene también un “componente disuasorio”, para alentar a los gobiernos a participar en el reparto.

“No hay una solidaridad a la carta en la UE. Uno no puede elegir cuándo es parte de esta Unión y cuándo no. Y creo que esta es una forma de mostrar solidaridad”, ha insistido Timmermans. Los países que rechacen las cuotas deberán pagar esta cantidad a los socios que asuman en su lugar la responsabilidad de tramitar la petición de protección internacional. Y tendrán que justificar su posición cada año.

Revuelta de los países del este

El pago de 250.000 euros forma parte del nuevo sistema de cuotas permanentes de reparto de refugiados que ha propuesto este miércoles la Comisión, y que tiene a Alemania como principal defensor. De las opciones para la reforma del sistema de asilo que presentó a principios de abril, Bruselas ha optado por la menos ambiciosa para no agravar las divisiones entre los estados miembros. “Vamos a necesitar un trabajo enorme para lograr apoyo suficiente incluso para esto”, ha dicho Timmermans. La reforma debe ser ahora debatida y ratificada por los gobiernos y la Eurocámara.

Pero la vía de escape ofrecida por Bruselas no ha convencido a los países del este. Al contrario, ha reactivado la guerra entre estados miembros por la crisis de refugiados, que se había calmado tras el acuerdo con Turquía. Polonia ha sido el primer país miembro en expresar su rechazo. "Es un mal sistema. No tiene sentido. Vulnera los derechos de los estados miembros", ha dicho su ministro del Interior, Mariusz Blaszczak, informa Reuters.

"La República Checa rechaza la introducción de cuotas para refugiados y se opone a la propuesta de sanciones por incumplimiento", ha coincidido el primer ministro checo, Bohuslav Sobotka. Por su parte, Hungría sigue adelante con su plan de convocar un referéndum sobre las cuotas en septiembre u octubre. La pregunta ya está clara: "¿Estás de acuerdo en que la UE debería tener el poder de imponer la acogida obligatoria de ciudadanos no húngaros en Hungría sin el consentimiento de la Asamblea Nacional de Hungría?".

Nuevo mecanismo permanente de cuotas

La propuesta de Bruselas mantiene el principio básico del denominado ‘reglamento de Dublín’: el primer país de entrada irregular de un migrante será el responsable de tramitar su solicitud de asilo. No obstante, la reforma introduce un mecanismo correctivo de cuotas, cuyo objetivo es evitar que el sistema imponga una carga desproporcionada a los países que están en primera línea, como Italia y Grecia.

El reparto en cuotas se desencadenará cuando un país reciba un número desproporcionado de peticiones de asilo. El sistema calculará el porcentaje de refugiados que teóricamente debe recibir cada país basándose en dos criterios: la población y el nivel de renta. Si la cifra de demandas de protección internacional en un estado miembro supera el 150% de este valor de referencia, se activará automáticamente la relocalización. No se necesitará ninguna decisión política adicional.

Los controles fronterizos se mantienen hasta fin de año

La Comisión ha autorizado también este miércoles mantener al menos hasta fin de año los controles en las fronteras interiores del espacio Schengen. La decisión afecta a los países del centro y el norte de la UE que reintrodujeron los controles el otoño pasado para frenar la llegada de refugiados desde Grecia a través de la ruta de los Balcanes. Se trata de Alemania, Austria, Suecia, Dinamarca y Noruega. Bruselas acepta prorrogarlos, aunque la ruta de los Balcanes se ha cerrado y el acuerdo entre la UE y Turquía ha reducido drásticamente la llegada de refugiados a las islas griegas.

La justificación que esgrime el Ejecutivo comunitario es que sigue habiendo “deficiencias graves” en la gestión que Atenas hace de sus fronteras. “En Grecia sigue habiendo un considerable número de migrantes no registrados que podrían intentar desplazarse irregularmente a otros estados miembros”, alega la Comisión. Si los problemas no se resuelven, los controles podrían continuar hasta dos años. No obstante, Bruselas se niega de momento a dar cobertura legal a los controles que Austria quiere introducir en su frontera con Italia.

Los turcos no necesitarán visado para venir a la UE

En paralelo, la Comisión ha presentado una propuesta legislativa para suprimir la exigencia de visado a los ciudadanos turcos que quieren viajar a la UE para estancias cortas. Esta es una de las principales exigencias del gobierno de Ankara a cambio de frenar la llegada de migrantes a las islas griegas y aceptar la devolución de refugiados sirios. El presidente Recep Tayyip Erdogan exigen que los visados desaparezcan en junio. De lo contrario, ha amenazado con romper el acuerdo. Pero muchos países, empezando por Francia, dudan de que Turquía cumpla las condiciones.

El Ejecutivo comunitario pasa la pelota a los gobiernos. Su informe sostiene que Ankara respeta ya 67 de los 72 requisitos exigidos en materia de seguridad y salvaguardas para evitar que sus ciudadanos se queden de forma irregular en la UE. Pero resalta que los cinco criterios que Turquía debe cumplir de aquí a final de junio son muy exigentes. Se refieren a la lucha contra la corrupción, la revisión de la legislación antiterrorista y la cooperación judicial con la UE y con Europol.