Matar a un ladrón de plátanos o la 'justicia' callejera en Venezuela

La olla a presión en la que se ha convertido Venezuela está estallando. Frente a la escasez de alimentos han aumentado los intentos de saqueo a supermercados y todo tipo de locales que venden productos regulados. A la carestía acuciante de medicamentos y material sanitario se le han multiplicado las protestas de pacientes y médicos exigiendo el derecho a la salud y a la vida. Y al desborde de la criminalidad e impunidad se le han desatado los linchamientos.

Golpear hasta matar e incluso rociar con gasolina para quemar al otro: son las escenas que se están repitiendo cada vez más en el país sudamericano. En abril ocurrió uno de los hechos que más ha conmocionado a los venezolanos. A plena luz del día fue linchado Roberto Fuentes Bernal, de 42 años, en la vía pública al este de Caracas (en Los Ruíces).

Era chef, trabajaba cerca del lugar donde fue atacado, y esa mañana trató de ayudar a un abuelo que había sufrido un robo, pero el gesto de generosidad se revirtió en su contra; en medio de la confusión lo acusaron de ser el ladrón y comenzaron a atacarlo.

El hombre fue salvajemente golpeado y tras yacer en el suelo, con una herida abierta en la cabeza, fue rociado con combustible y prendido en llamas. Todo quedó registrado en vídeos grabados en teléfonos móviles por transeúntes y divulgados en las redes sociales, una práctica que se ha repetido en los linchamientos e intentos de linchamientos que están ocurriendo con más frecuencia que el año pasado.

Roberto Fuentes terminó con quemaduras de segundo y tercer grado en el 70% de su cuerpo. Fue ingresado en un hospital en estado crítico pero ante la falta de material sanitario tuvo que ser trasladado a otro centro asistencial y allí, 36 horas después del ataque, falleció.

Mientras estuvo hospitalizado pudo relatarle a sus familiares lo que ocurrió: estaba auxiliando a un señor pero lo acusaron de ser él el delincuente, trató de defenderse y explicar lo que hacía pero nadie lo escuchó ni ayudó. Sus familiares contaron lo ocurrido en la medicatura forense (organismo que actúa en casos con implicación legal) de Caracas, mientras esperaban para retirar el cadáver. El relato indica que era inocente.

Pero a esas escenas de ausencia del Estado, le han sobrevenido otras de mayor exceso. Un linchamiento más reciente registrado en Caracas no ocurrió en la vía pública sino dentro de una casa.

Unas 15 personas, según el relato de familiares, llegaron de madrugada a la casa de Rosnalbi Matheus, de 21 años, donde vivía con su madre, hermano y padrastro. Lo encontraron escondido en una habitación, debajo de una cama, y de allí lo sacaron para golpearle con palos, tubos y hasta machetes. Murió por fuertes traumatismos en la cabeza. Le acusaban de haber robado horas antes en otra vivienda del sector Caricuao, al suroeste de la capital.

El silencio como primera medida

Todas las semanas los medios venezolanos reseñan al menos un caso de linchamiento en alguna ciudad del país, historias que además de desnudar las carencias del sistema judicial venezolano, dan cuenta de la crisis estructural del país gobernado por Nicolás Maduro.

Ni él, ni el ministro de Interior y Justicia, se han referido públicamente a estos hechos, tampoco para repudiarlos. Durante el primer trimestre del año todos los representantes del Gobierno guardaron silencio, a pesar de la cotidianidad de estos hechos.

Ha sido el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, el que finalmente los ha condenado diciendo que “hacer justicia por mano propia convierte a las personas que actúan en homicidas, en asesinos”. Y le ha seguido la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, al revelar algunas cifras: en abril se llevaba la cuenta de 26 linchamientos bajo investigación, con 20 fallecidos y 17 lesionados. Y en mayo, tres semanas después, esos números ya se habían duplicado. Ortega habló entonces de 74 investigaciones, 37 muertos y 37 heridos.

Ahora la cifra de fallecidos en linchamientos supera las 50 personas, según el conteo que se puede hacer de las noticias locales, pues la fiscal no ha dado más información.

Impunidad estructural: de 100 delitos, sólo 8 se sancionan

“Estamos viendo algo singular. Los linchamientos ocurrían fundamentalmente sobre crímenes horrendos, por delitos muy fuertes. Eran sádicos, violadores, asesinos recurrentes o que agredían sistemáticamente. Lo que sucede ahora en Venezuela es que los linchamientos no son para este tipo de crímenes tan duros, sino que comienzan a ser por delitos menores, contra rateros, el petit crime, como dicen los americanos. Es a esos individuos a los que están agrediendo”, explica Roberto Briceño León, sociólogo, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).

Cansancio y desesperación ante la impunidad, ante la desidia y desprotección por parte del Gobierno, es lo que evidencian estos hechos, asegura Briceño León, pero también hablan de un problema judicial.  

“En el linchamiento, como en la acción extrajudicial de la policía, lo que hay es una pérdida mayor del Estado de derecho. Allí no hay lo que se conoce como ‘el debido proceso’, que son todos los mecanismos que hay que establecer para ver si esa persona verdaderamente es culpable o no”, sostiene el sociólogo.

Por ello Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea (organización defensora de los derechos humanos en Venezuela), señala que los linchamientos “son una consecuencia dramática de las irregularidades en el sistema de administración de justicia y de la impunidad estructural”, las dos causas de ese fenómeno de tomar la justicia por las propias manos pero también de la criminalidad y delincuencia en Venezuela.

El propio Estado venezolano ha reconocido ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas la gravedad del sistema de justicia, al informar en las comparecencias realizadas en 2014 y 2015, que la impunidad referida a delitos comunes es de 92%, y la impunidad relacionada a violaciones de derechos humanos es de 98%. Es decir, de cada 100 delitos comunes, sólo 8 se investigan y sancionan; y si se trata de derechos humanos, sólo dos violaciones cumplen con el proceso judicial.

Briceño León recuerda que ante la desprotección y ausencia de aplicación de la ley y los castigos, sumado al aumento de los robos y secuestros, los venezolanos comenzaron a tomar sus propias medidas para protegerse, ya hace varios años, como comprar un arma de fuego, blindar el coche, colocar una cerca o una pared alta en la fachada de la casa, o hacer una doble pared para evitar que entren las balas a las viviendas (sobre todo en zonas populares). Pero desde el año pasado se está llegando al segundo nivel, que es tomar medidas de justicia por su propia cuenta, ha indicado el director del OVV.

Golpeado, apuñalado y apedreado por robar plátanos

A finales de mayo murió un hombre de 30 años, en el estado costero de Vargas, por robar unos plátanos en una frutería. Saúl Mayora fue golpeado, apuñalado y apedreado, ha contado su madre, quien también explicó que el joven pidió clemencia, diciendo que tenía hambre pero no contaba con dinero para comprar los plátanos. Mayora se había visto obligado a buscar restos de comida en la basura para llegar a casa con algún alimento para comer, relató su madre mientras esperaba el término de la autopsia de su hijo.

El Observatorio Venezolano de Violencia ha evaluado entre 2005 y 2013 la percepción de los venezolanos ante los linchamientos y ha encontrado que un tercio de la población (cerca del 37%) no los justifica de ninguna manera. Pero los dos tercios restantes sí, dependiendo de lo que hayan hecho.

Cerca del 32% de los venezolanos apoya un linchamiento cuando el delincuente ha matado o violado a alguien (los llamados "crímenes horrendos", aclara el director del OVV). Otro 23% lo ve como una opción cuando el delincuente “no tiene remedio”, y el 7% lo justifica cuando sabe que van a liberarlo al día siguiente.

El deterioro del país se ha acelerado en los últimos tres años. Por ello Briceño León no duda de que esas percepciones hayan cambiado, y que las justificaciones se vinculen a la impunidad y ausencia de justicia. Sin embargo, el comisario Manuel Furelos, director de la policía del municipio Sucre (sector al este de Caracas donde han ocurrido ocho linchamientos este año), ha asomado otra arista sobre el incremento de estos sucesos.

“Estamos viendo el tema de copiar conductas, donde un grupo de personas exacerban a otras que transitan por el lugar y las incitan a cometer el delito contra ese individuo”, ha dicho Furelos, y a esa copia se añaden los vídeos que se hacen sobre los linchamientos y que se difunden en Twitter, Facebook y WhatsApp.

Uno de los primeros fue la agresión a un joven que intentó robar dentro de un autobús en Catia, una zona popular al oeste de Caracas. Los vecinos se cansaron de ser víctimas de este delincuente y lo abordaron entre varios, le dieron golpes, un disparo en una pierna y luego le prendieron fuego. En el vídeo se ve al joven dando alaridos con llamaradas en su torso y cabeza, a personas caminando junto a él sin ayudarlo, se escucha una voz que sentencia “que siga robando, pues”, y se ve cómo finalmente se desploma en el pavimento.

Un sistema por reformar

Nada indica que los crímenes por linchamientos en Venezuela tiendan a disminuir en lo que resta del año. Tanto Uzcátegui como Briceño León coinciden al afirmar que estos hechos no reducen los niveles de violencia ni de delincuencia en la sociedad, sino que pueden aumentarlo.

“Esto va a desencadenar una nueva espiral de aumento de la violencia. Como no hay una responsabilidad única en estas situaciones, la comunidad involucrada pudiera ser objeto de cualquier posible retaliación o venganza porque estas personas linchadas tienen familiares, hermanos, amigos, y pudiéramos ver situaciones más complicadas”, advierte Uzcátegui.

Por tomar la justicia por sus manos y causar la muerte del delincuente, un venezolano puede ser acusado de homicidio intencional en grado de complicidad, con una pena que oscila entre 12 y 18 años de prisión.

Disminuir el índice de impunidad y aumentar el castigo legal y formal a los delincuentes sería el reto del sistema de justicia venezolano para reducir no sólo los linchamientos sino todos los delitos, sostiene el director del OVV, organización que precisó la tasa de homicidios en Venezuela en 90 por cada 100.000 habitantes al finalizar 2015.

“Cualquier cosa que pase en el futuro, si cambia este Gobierno o se mantiene, tiene que incluir una profunda reforma y reestructuración del sistema de administración de justicia. Hay que incorporar a la justicia en un decreto de emergencia”, considera el coordinador de la organización de derechos humanos Provea.