Las nuevas regulaciones migratorias impuestas esta semana por la Administración Trump han abierto la puerta a deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos, un colectivo que ha alzado la voz, dando a conocer alguno de los casos más dramáticos que esta nueva política puede generar, como la separación de familias o el estado de miedo extendido entre los sin papeles. Esta realidad se vive de forma más cruda en la frontera con México, donde algunas ciudades llevan décadas bregando con las consecuencias de una población que legalmente no existe, pero que demanda servicios como escuelas y hospitales.
Laredo, una localidad de más de 230.000 habitantes al sur del estado de Texas, es uno de estos casos. Limita justo con el río Bravo, separación natural entre las dos naciones desde que la guerra entre ambas (1846-1848) se saldara con la ampliación del territorio estadounidense a costa del mexicano. Muchos habitantes de aquella villa no quisieron perder su nacionalidad, por lo que cruzaron el río y fundaron Nuevo Laredo, ciudad con la que hoy linda la original.
El alcalde de la urbe tejana es Pedro Ignacio Saenz, aunque se le conoce como Pete Sáenz, un estadounidense de ascendencia mexicana de tercera generación. “Mis antepasados proceden de la ciudad de Guerrero. Tengo raíces mexicanas y españolas. Mi señora y yo somos orgullosos hispanos y latinos”, asevera en una entrevista con EL ESPAÑOL este regidor, que ganó en las elecciones como candidato independiente, en una localidad que vota mayoritariamente demócrata, “como la mayoría de los pueblos de aquí”.
Ciudad de 'sin papeles'
“No tenemos una cifra exacta ni comprobada, pero en Laredo hay entre 30.000 y 40.000 habitantes indocumentados. Son parte de nuestra comunidad, dependemos el uno del otro y creo que tras 20 o 30 años no tiene sentido echarlos. Muchos son mexicanos y tienen aquí hijos y nietos. Hace falta implementar un método integral, por medio de la Constitución, que les trate humanamente y se pueda regular la situación de alguna forma”, sugiere el primer edil, que hace una excepción: “A los criminales no los queremos, que se los lleven para afuera, sean de donde sea, pero la mayoría de los sin papeles aquí son gente buena, decente y trabajadora. A esos hay que protegerlos”.
Con las nuevas reglas aprobadas por la Casa Blanca el martes, una simple multa de tráfico o levantar sospechas entre la policía es motivo suficiente para el arresto y la apertura del proceso de expulsión de un irregular. Sáenz aboga por no diferenciar según la clase de delito. “Hay grados de violaciones de la ley. Todos los indocumentados al entrar sin los permisos legales ya quebrantaron la ley, pero la prioridad deben ser los criminales. Lo que pasa es que para arrestar a esos, es verdad que a veces se llevan por delante a gente que está en el medio. Son víctimas y el gobierno federal dice que eso no se puede evitar. Yo de verdad que lo siento por ellos, pero hay que seguir la ley”, afirma.
El alcalde deja claro que mantener una actitud comprensiva hacia la situación de este colectivo que ya se encuentra en EEUU no significa renunciar a la vigilancia de las fronteras. “No nos oponemos al control, al muro físico sí, pero queremos orden y seguridad. Eso es algo que cualquier país busca. Nosotros estamos en la frontera y sabemos de lo que hablamos”, explica.
En cuanto a por qué rechaza entonces la barrera física que propone el gobierno federal, el regidor recuerda una visita que hizo a Tierra Santa. “Estuve allí y vi aquel muro enorme. Ellos tendrían sus razones para levantarlo, pero esas barreras son un símbolo de división. Hay que ser más sensible”.
La alternativa virtual
A su juicio, la alternativa pasa por “un muro virtual”, que se lograría “con una mayor visibilidad de los agentes fronterizos, una limpieza de los carrizos y cañaverales donde se esconden los inmigrantes cuando cruzan el río para que no puedan ocultarse, la construcción de caminos a lo largo del cauce, más fuerzas de seguridad, vigilancia por medio de tecnología, torres con cámaras, otras medidas en definitiva”.
Además, por Laredo cruzan al día 14.000 camiones de carga con productos de ambos lados de la frontera. “Somos el Nafta sobre ruedas”, bromea el primer edil. Por eso, no quiere dejar pasar el aspecto económico y advierte a la Administración republicana de los riesgos de establecer aranceles a los productos mexicanos y suprimir el tratado de libre comercio de Norteamérica (Nafta). “Somos el puerto terrestre más grande del continente. El primero en facturación, con 200.000 millones de dólares. El 50% de las mercancías que van a México pasan por aquí. Si imponen aranceles al comercio, nos arruinarán”.
"LOS INDOCUMENTADOS SE PORTAN BIEN"
A pesar de la presencia de más de 30.000 indocumentados, Sáenz destaca que las tasas de criminalidad en su ciudad son bajas. “Laredo, al igual que el estado de Texas, es una zona tranquila y segura. Al cruzar la frontera sí hay violencia, pero aquí somos uno de los lugares más seguros. Los indocumentados que están aquí se portan bien”.
Pese a esto, el alcalde admite que las poblaciones fronterizas llevan tiempo esperando que alguna administración afrontara el problema migratorio. “Le agradezco a Trump que haya abordado este asunto. Ya era hora de tocar este tema, especialmente en la frontera, donde veníamos pidiendo ayuda al gobierno federal. Aquí tenemos escuelas y hospitales que atender. El problema es que el presidente lo está haciendo muy bruscamente. Creo que se podría tratar de otra manera”.
En caso de que finalmente se construya el muro, deberá pasar necesariamente por Laredo, ya que lo único que separa esta localidad de su vecina Nuevo Laredo es el río Bravo. ¿Podría el Ayuntamiento evitar que se edificara esta barrera en su suelo? “Trataremos de que no se haga levantando nuestra voz”, señala el regidor, que duda de que tenga competencias para oponerse a un proyecto federal. Además, remarca que la vecindad con la villa mexicana es buena. “Estamos muy pegados y nos vemos bien. Tenemos buena relación cultural, económica y religiosa. Somos familia”, apunta.
El alcalde descarta también convertir Laredo en una ciudad santuario, lo que supondría no colaborar con las autoridades federales a deportar a los indocumentados que residen en ellas. “Hay consecuencias para los oficiales de esos municipios. Nosotros desde el principio no estamos a favor de esa figura. Tenemos un sistema migratorio establecido. No hay necesidad de andarse con eso”.
"NUESTRA POLICÍA CUMPLIRÁ LA LEY"
De hecho, Laredo podría verse pronto en la encrucijada de tener que prestar sus agentes a la causa antiinmigración de la Casa Blanca, ya que las nuevas instrucciones federales dictan que las policías estatales y locales podrán colaborar con las autoridades migratorias en las tareas de deportación. “La policía de aquí no está entrenada para eso. Por ello pedimos una solución integrada que permita evaluar caso por caso. Pero lo cierto es que hay que cumplir la ley. Nosotros somos parte de Estados Unidos, y somos una nación de leyes. Es difícil, pero hay que aplicarlas”.
Sobre el clima que se respira en el país desde que ha puesto el foco sobre los indocumentados, Sáenz reconoce que “en EEUU buena parte de la población siente miedo hacia los inmigrantes”. “Somos víctimas de Washington y de la idea de algunos de que los sin papeles vienen a abusar del sistema. Puede ser cierto en algunos casos, pero no en la mayoría. Creo que los senadores deberían venir más a la frontera y ver que son gente buena".
El alcalde también señala la responsabilidad de México en este asunto, tanto a la hora de vigilar las fronteras, como a la de garantizar un futuro para sus ciudadanos. “Ayudaría bastante si el país mejorara. Si no hubiera futuro donde vivo y hubiera violencia, yo haría lo mismo, buscar lo mejor para mi familia”.