El 1 de abril de 2001, al filo de la medianoche, cuatro parejas homosexuales (tres masculinas y una femenina) se daban el sí quiero en el Ayuntamiento de Amsterdam. Holanda se convertía en el primer país del mundo en legalizar el matrimonio homosexual y esas cuatro parejas, las primeras en disfrutar de una ley que, por fin, no discriminaba su amor.
El ejemplo de Holanda lo siguió Bélgica, dos años después, y en 2005, Canadá y España daban el paso. 16 años después la geografía de los derechos LGTBI en el mundo sigue teniendo fronteras complicadas, e incluye en el mismo mapa a países que castigan la homosexualidad con la pena de muerte, naciones que garantizan sus derechos civiles y otras donde, pese a estar amparados por la ley, la homofobia y la discriminación siguen estando presentes y se traducen, muchas veces en crímenes de odio.
El pasado mayo, en Indonesia, una pareja homosexual fue castigada a recibir 85 latigazos en público por un delito de sodomía. En diciembre de 2015, Human Rights Watch denunciaba la condena de seis jóvenes tunecinos a 3 años de prisión, acusados del mismo delito. Un año antes, en Irán, dos hombres fueron ejecutados por la misma razón.
A día de hoy, son 72 los países que siguen criminalizando la homosexualidad. Castigos físicos y humillaciones, penas de cárcel que pueden llegar a la cadena perpetua y hasta la pena de muerte. Según el informe Homofobia de Estado de la organización internacional ILGA, en ocho de estos 72 estados la homosexualidad se castiga con la pena de muerte y en 14, con penas de cárcel entre los 14 años y la cadena perpetua. Además, aunque no criminalizan la homosexualidad, todavía hay 19 estados, entre ellos Rusia o Lituania donde se prohíben o limitan las expresiones públicas de las personas LGTBI.
La purga chechena
El más flagrante caso de violación de los derechos humanos de este colectivo pasó en Chechenia. En abril de este año, el periódico independiente Novaya Gaceta denunciaba la existencia de una purga de homosexuales en este territorio. El diario hablaba de detenciones masivas, torturas y aseguraba que al menos tres personas habrían sido asesinados.
Según un informe de Human Rights Watch, cerca de 100 hombres han sido perseguidos y encarcelados entre febrero y abril en centros de detención ilegales. Allí fueron torturados, sufrieron palizas, insultos, amenazas y humillaciones. Algunos fueron asesinados. “El sistema utilizado siempre era el mismo: les encerraban, les torturaban y les obligaban a denunciar a otros gays. Y el proceso se repetía. Algunos no sobrevivieron”, contaba hace unas semanas Tanya Lokshina, investigadora y responsable de HRW en Rusia, a EL ESPAÑOL.
Una de las víctimas citadas por Human Righst Watch.
Confrontadas con las acusaciones, las autoridades chechenas negaron los hechos, basadas en un argumento insólito: en Chechenia no hay purgas de gays porque no hay homosexuales. “Si existieran personas de ese tipo en Chechenia, las fuerzas de seguridad no tendrían por qué hacer nada porque sus mismas familias se encargarían de enviarles a un lugar de donde no hay retorno”, decía el portavoz del presidente el 1 de abril, en referencia a los crímenes de honor que todavía están permitidos en el territorio.
Ante la atención mediática internacional, Vladimir Putin se vio obligado a abrir una investigación y a declarar públicamente que no consentiría acciones de este tipo. “Putin se ha prestado a discutir el tema personalmente y ha hablado con el ministro del interior y el fiscal general. Es la primera vez que pasa algo así, pero estamos seguros de que, si la presión internacional afloja, el Kremlin estará más que feliz de dejar que el tema se caiga de su agenda”, analizaba Lokshina.
Estrasburgo condena a Rusia
La semana pasada, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo decidió que la ley contra la propaganda homosexual en Rusia -aprobada en 2013 y que sancionaba la difusión de información sobre “relaciones sexuales no tradicionales” a menores- era discriminatoria y reforzaba "el estigma y los prejuicios, fomentando la homofobia".
El fallo sentenció que dicha ley viola los derechos a la libertad de expresión establecidos por la convención del Consejo de Europa, del que la Federación Rusa forma parte. Con esta decisión, el tribunal daba la razón a tres activistas que recurrieron a Estrasburgo tras ser multados por convocar actos a favor de la tolerancia y de la diversidad delante de escuelas, bibliotecas y oficinas públicas entre 2009 y 2012. Estrasburgo ha condenado las autoridades rusas a indemnizarles con 43.000 euros por daños morales. Rusia ya anunció que va a recurrir la decisión.
La historia de Jimena y Shaza
Hace unos meses, la historia de la española Jimena y su novia Shaza dio la vuelta al mundo. Las dos escaparon de Arabia Saudi, un país donde la homosexualidad está castigada con penas de cárcel de hasta 14 años pero al llegar a Estambul (tras un altercado con el padre de Shaza en el aeropuerto de Georgia que les impidió volar a Londres) fueron detenidas y estuvieron incomunicadas tres días por sospechas de terrorismo.
La intervención de la diplomacia española hizo que las autoridades turcas liberasen las dos jóvenes y las enviasen a España. Al llegar, las dos han denunciado haber sido víctimas de persecución por su condición sexual.
Turquía es el único país musulmán de Oriente medio donde la homosexualidad no está prohibida por ley. Sin embargo, las señales de represión son evidentes. En la memoria de todos está aún el brutal asesinato de la activista por los derechos LGTBI y transgénero Hande Kader, de 23 años, en agosto de 2016. Su cuerpo fue hallado mutilado y completamente calcinado y motivó la indignación y las protestas de varias organizaciones LGTBI por todo el mundo.
En 2015 la policía prohibió por primera vez el desfile del Orgullo Gay, tras los dos primeros años de celebración, en los que consiguieron juntar a 15.000 personas. Ya este año, el pasado 25 de junio, la policía turca impidió el desfile, con el despliegue masivo de agentes, el uso de gases lacrimógenos y varias detenciones.
Manifestante por los derechos de los homosexuales en París
Fin de la ‘conversión’ de homosexuales
En el polo opuesto encontramos a países como Malta. Que sea el único miembro de la UE que aún prohíbe el aborto en todos los supuestos -incluido los de violación y peligro para la vida de la mujer- no ha impedido que esta pequeña y muy católica isla lidere el ranking europeo que mide el respeto a los derechos del colectivo LGTBI. Malta ocupa el trono por la aprobación el pasado mes de diciembre de una una normativa que tipifica como delito la existencia de terapias para la conversión de homosexuales.
Bajo la nueva Ley de Afirmación de la Orientación Sexual cualquier persona declarada culpable de intentar “cambiar, reprimir o eliminar la orientación sexual, la identidad de género” podrá ser multada con hasta 4.600 euros y penas de cárcel de hasta un año. Esta lucha contra la homofobia empezó con la llegada al poder del socialista Joseph Muscat en 2013 como primer ministro y Marie-Louise Coleiro Preca como presidenta un año después.
“La vida ha cambiado para la comunidad gay de Malta en los últimos años, hasta 2014 no teníamos derechos pero la aprobación del matrimonio para todos fue un punto de inflexión”, recuerda el activista de Gaymalta Russel Sammut. El informe anual de ILGA Europa subraya que aún queda mucho por hacer y recuerda que la entrada en la UE en 2004 y la promoción turística han empujado a hacer más tolerante a esta isla del Mediterráneo, a medio camino entre Europa y África.
2001, año clave
Holanda fue el primer país en sacar del armario al matrimonio homosexual con una ley que entró en vigor en abril de 2001. Dieciséis años después ocupa el décimo lugar en el ránking, por debajo de España (noveno puesto de la clasificación europea) Noruega, Portugal o Bélgica. Todos aprobaron las uniones entre personas del mismo sexo años después.
Para que los Países Bajos vuelvan al podium, ILGA recomienda que el Ejecutivo del liberal-conservador Mark Rutte apueste por legislar contra los delitos de odio y ampliar las normativas contra la discriminación en el ámbito laboral.
Este mismo viernes, Alemania se ha unido al club de 22 países que tiene legalizado el matrimonio homosexual -hasta ahora sólo contemplaba la fórmula de las uniones civiles, con menos derechos-. La canciller alemana ha votado en contra pero ha cambiado de opinión dando libertad de voto a sus diputados.
El giro de Merkel se produce en una semana clave para el movimiento de los derechos de los homosexuales y con las elecciones generales a la vuelta del verano. Pero más allá del avance legal que se ha producido en las últimas décadas, los símbolos ayudan a visibilizar y normalizar a un colectivo que algunos países intentan ocultar o incluso perseguir.
El poder sale del armario
Una de las últimas fronteras es la presencia reconocida de homosexuales en posiciones de poder. Xavier Bettel hizo historia en 2013 al acceder al cargo de primer ministro de Luxemburgo, el primer dirigente de un país que reconocía abiertamente su orientación sexual. Dos años después pudo casarse con su pareja Gauthier Destneay tras la aprobación del matrimonio gay en 2015.
Esta misma semana era Serbia la que hacía historia con Ana Brnabic, que con 41 años se ha convertido este jueves en la primera mujer en dirigir el Ejecutivo país balcánico como primera ministra. Europeísta, sin afiliación política y experta en políticas de desarrollo y gestión de empresas tras haberse formado en universidades de EEUU y Reino Unido ha prometido reformar el país en todos los aspectos: “Pueden esperar de mí plena dedicación y que mi trabajo lo cumpla de forma honrada y valiente”.
Anna Brnabic, primera ministra de Serbia
El movimiento LGTB ha celebrado la designación de una mujer lesbiana al frente de un Gobierno que hace tan sólo siete años se vio obligado a suspender las manifestaciones del Orgullo Gay tras los desórdenes e incidentes violentos que causaron un grupo de homófobos. Ahora Brnabic está al mando pero con sólo horas en el cargo ya ha tenido que escuchar que es en realidad un títere en manos del presidente Vucic, que busca lavar su imagen autoritaria para conseguir la entrada de Serbia en la UE.
Sólo unas semanas antes el ministro de Sanidad de Irlanda, Leo Varadkar, un país profundamente católico, salía del armario con total naturalidad durante una entrevista en la radio pública. “Soy gay, no es ningún secreto pero tampoco es algo que todo el mundo necesite saber. Al igual que no soy un político de origen indio tampoco soy un político gay”.
Dos años después ha Varadkar se ha convertido en primer ministro tras las primarias de su partido, el conservador y democristiano Fine Gael. Su democrático ascenso no ha estado de exento de titulares en los que se destacaban sus orígenes y condición sexual.